MALVINAS (V): EL IMPERIO CONTRAATACA

En la fase inicial de las negociaciones argentino-británicas respecto al futuro de las islas concertadas tras la declaración conjunta del 19 de abril de 1977 hubo una escalada de hostilidad anti-británica que hizo que Londres enviara una fuerza naval en secreto a las islas. Finalmente la distensión subsiguiente hizo que se retiraran las fuerzas al cabo de la primera ronda de negociaciones. Todas y cada una de las iniciativas propuestas fueron sistemáticamente boicoteadas por el legislativo de las islas. Un nuevo impulso hacia una solución consensuada del diferendo lo dió el nuevo gobierno de Margareth Thatcher tras asumir en 1979. Para julio de 1980 intentó imponer a la oposición isleña y parlamentaria la solución del arriendo, acicateada por la presión argentina, que contaba con unánime respaldo en la ONU y en la OEA. La ofensiva propagandística y política de la oposición acorraló de tal modo al régimen de Margareth Thatcher y a su ministro Nicholas Ridley, que en la siguiente reunión en Londres debió retroceder en sus propuestas. Se solicitó un congelamiento de la discusión sobre la soberanía y concentrarse en la cuestión de la explotación económica de las islas. La economía británica estaba en recesión y los recortes al presupuesto militar afectaron a la flota de superficie. La capacidad de maniobra del gobierno de Londres prácticamente se había visto reducida a cero. Ridley fué sustituído en el cargo por Richard Luce, un representante del Falklands Lobby. A su vez los partidarios del mantenimiento del statu quo triunfaron en las legislativas isleñas. Thatcher cedía a las presiones lobbistas a pesar de que, en octubre de 1981, lograba aprobar la no concesión de la ciudadanía británica a los malvinenses en la Ley de Nacionalidad Británica.
Sin salida podría definirse la situación para el jaqueado gobierno de Margareth Thatcher. Pero curiosamente algo parecido sucedía en Argentina con el sangriento régimen de facto afectado también por la crisis económica internacional y sumido en el desprestigio debido a la sistemática violación de derechos humanos debida a su política de "guerra sucia" (curiosamente alineada con la Doctrina de Seguridad Nacional defendida por Washington).
La ocupación de las islas el 2 de abril de 1982 por fuerzas militares argentinas formó parte de una ofensiva en varios frentes desarrollada por el régimen de facto. No escapa a muchos observadores que dicho régimen pretendía solucionar militarmente también el diferendo limítrofe con Chile. Parece obvio creer que la cúpula militar en el poder no esperaba una respuesta bélica de Gran Bretaña: ni siquiera desarrolllaron un plan de contingencia. Todo hace suponer que leyeron mal la situación. El ataque significó la mayor derrota en el plano internacional de Argentina. Gran Bretaña no sólo recibió adhesión de su propio bloque del Commonwealth y la OTAN, sino que también de países de la Comunidad Económica Europea y parte de la ONU. No sólo eso sino que, una vez fracasadas las negociaciones de paz llevadas a cabo por el secretario general de la ONU Javier Pérez de Cuellar, el secretario de Estado de EEUU, Alexander Craig y el presidente de Perú Fernando Belaúnde Terry, Londres recibió apoyo logístico de Estados Unidos y el propio bloque de la OEA dejó sólo a Buenos Aires. Una fuerza militar de importancia se aprestó a defender la Zona Marítima de Exclusión de 200 millas de radio a partir de un centro fijado en los 51º 40´ Latitud Sur y 59º 39´Longitud Oeste, establecida unilateralmente por Gran Bretaña el 7 de abril. El 14 de junio las tropas de Su Majestad retomaban el control de las islas y de la situación internacional, a la vez que el gobierno Thatcher recomponía su frente interno.
Cabría preguntarse quién realmente quería la guerra. Durante años los Estados Unidos y también Gran Bretaña y Francia, armaron y entrenaron a los ejércitos latinoamericanos. Y de hecho la situación no cambió después de la guerra. Es claro que quienes más se beneficiaron de la misma fueron los integrantes del Falklands Lobby y la Falkland Islands Company. El prepotente y brutal régimen militar argentino cayó en una trampa que significaría un retroceso importante en las pretensiones argentinas por recuperar las islas. El régimen militar cayó y en un mes se dieron muestras de iniciativa británica de distención. La Zona de Exclusión fué reducida a una Zona de Protección de un radio de 50 millas náuticas el 23 de julio. Las relaciones comerciales tanto con la CEE como con el Reino Unido se reanudaron ya en junio. En setiembre se levantaron bilateralmente las sanciones financieras. La Asamblea General de la ONU instó a las partes a reanudar el diálogo con apoyo explícito de Estados Unidos. Pero Gran Bretaña en esto se mostró intransigente: se negó a negociar la soberanía de las islas y no levantó la prohibición de ingreso de civiles con pasaporte argentino a las islas. Buenos Aires por su parte no aceptó ningún ofrecimiento británico que no contemplara la cuestión de la soberanía.
Londres aprovechó la guerra y la renovada agresividad diplomática del nuevo gobierno democrático de Raúl Alfonsín, para militarizar las islas. Buenos Aires recuperó su posición en los foros internacionales, obteniendo respaldo de la OEA, la ONU y el Movimiento de Países No Alineados. Pero Londres logró su objetivo de rentabilizar la explotación económica de las islas y, además, reducir la influencia del Lobby logrando una influencia directa sobre los habitantes isleños. La creación en 1984 de la Falkland Islands Development Corporation y el incremento de la inversión en infraestructura (en 1985 se construyó el aeropuerto de Mount Pleasant), diversificación económica (incluyendo una reforma agraria, distribución de tierras a los isleños e instalación de una granja hidropónica) y promoción de la inmigración selectiva, surtieron el efecto esperado: se exacerbó el nacionalismo isleño y se afianzó la postura conservadora intransigente. El otorgamiento de la ciudadanía británica a los isleños y la elaboración de una constitución propia que les concedía mayor autonomía, fueron medidas que lograron restar influencia al Lobby.
Todas las propuestas de solución de la cuestión (como la propuesta de la oposición laborista de traspaso siguiendo el modelo de Hong Kong de 1984) cayeron en saco roto. Tampoco las reuniones entre laboristas y representantes del gobierno argentino consiguieron un compromiso formal.
En 1986 hubieron nuevos roces con motivo de la imposición por parte de Buenos Aires de estrictas medidas de preservación de los recursos pesqueros en su jurisdicción marítima. Thatcher reaccionó estableciendo unilateralmente en un radio de 150 millas náuticas la Falkland Islands Conservation Zone (FICZ). A pesar del aumento de la tensión, que llevó a un intento norteamericano de mediación, el FICZ se implementó a partir de 1987 impactando positivamente en la economía isleña. Los ingresos por concepto de concesión de licencias de pesca a compañías extranjeras hizo que hacia 1995 los ingresos per cápita en las Falkland superaran a los de Gran Bretaña, EEUU y Alemania. A su vez disminuyó sustancialmente la dependencia económica del Territorio con respecto a Londres. Los gastos metropolitanos quedaron reducidos al mantenimiento de las instalaciones militares.
La última escalada de tensión antes de la reciente escalada se dió en marzo de 1988 con motivo de las maniobras militares "Fire Focus" realizadas por el Reino Unido en las islas. La protesta argentina generó la resolución de la ONU del 18 de marzo y una declaración del Movimiento de Países No Alineados expresando preocupación por el accionar británico. Pero a fines de año, con mediación estadounidense, se desactivó el conflicto iniciándose negociaciones conjuntas bajo la "fórmula del paraguas", que dejaba momentáneamente de lado la cuestión de la soberanía y se centraba en cuestiones de cooperación, infraestructura y desarrollo económico. La cisis económica argentina y las elecciones de 1989 relegaron a segundo plano la cuestión de Malvinas. Londres levantó la prohibición de ingreso de personas con pasaporte argentino a las islas, permitiendo su arribo con pasaporte de turistas. Durante el período menemista iniciado en 1989 el capital británico ingresaría en Argentina aprovechando la política neoliberal del gobierno de Buenos Aires. A pesar de este entendimiento económico británico-argentino que extendería de hecho el "paraguas" respecto a las negociaciones sobre la soberanía de las islas, en 1994 la reforma constitucional ratifica en la primera de sus Declaraciones Transitorias el reclamo de soberanía respecto a malvinas como un "objetivo permanente e irrenunciable del Pueblo Argentino".

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