sábado, 30 de enero de 2016

HISTORIA POLÍTICA DE ARGENTINA POST-DICTADURA (1983-2016)









República Argentina (español)

Sistema y forma de gobierno: República federal democrática, representativa, presidencialista (Constitución vigente desde la Reforma constitucional del 22 de agosto de 1994 al texto constitucional promulgado el 1 de mayo de 1853).
Capital: Buenos Aires (por Ley de Federalización de la Ciudad de Buenos Aires aprobada el 21 de septiembre de 1880, con base en la Ley de Capitalización del 4 de marzo de 1826).
Idioma oficial e idiomas cooficiales: español o castellano, guaraní (cooficial en Provincia de Corrientes), qom, moqoit y wichí (cooficiales en Provincia del Chaco).
Población: 43.131.966 habitantes (estimación INDEC, 1 de julio de 2015).
Superficie: 2.780.400 km2.

ORGANIZACIONES INTERNACIONALES QUE INTEGRA:

Unión Postal Universal (UPU): 1 de abril de 1878. Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT): 1 de enero de 1889. Organización Internacional del Trabajo (OIT): 28 de junio de 1919. Organización de las Naciones Unidas (ONU): 24 de octubre de 1945 (miembro fundador). Organización de las Naciones Unidas para la Educación y Diversificación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO): 16 de noviembre de 1945. Organización de Aviación Civil Internacional (OACI): 4 de junio de 1946. Organización Internacional de Policía Criminal (INTERPOL): junio de 1947. Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL): 25 de febrero de 1948 (fundador).  Organización Mundial de la Salud (OMS): 7 de abril de 1948. Organización de los Estados Americanos (OEA): 8 de mayo de 1948 (miembro fundador). Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI): 16-25 de octubre de 1949. Organización Meteorológica Mundial (OMM): 2 de enero de 1951. Organización Marítima Internacional (OMI): 1953. Fondo Monetario Internacional (FMI): 19 de abril de 1956. Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA): 3 de octubre de 1957 (fundador).  Banco Interamericano de Desarrollo (BID): 8 de abril de 1959. Corporación Financiera Internacional (CFI): 13 de octubre de 1959. Tratado Antártico: 23 de junio de 1961 (signatario original con status consultivo y reclamaciones territoriales). Asociación Internacional de Fomento (AIF): 3 de agosto de 1962. Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y desarrollo (UNCTAD): 23 de marzo-16 de junio de 1964. G-77: 15 de junio de 1964 (fundador). G-24: 1971. Organización Mundial de Turismo (OMT): mayo de 1975. Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI): 1980. Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI): 12 de agosto de 1980 (miembro fundador). Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI): 1 de enero de 1986. Zona de Paz y Cooperación del Atlántico Sur (ZOPACAS): 27 de octubre de 1986 (fundador). G-15: 4-7 de setiembre de 1989. Asociación de Estados Iberoamericanos para el Desarrollo de las Bibliotecas Nacionales de Iberoamérica (ABINIA): 14 de diciembre de 1989. Mercado Común del Sur (MERCOSUR): 26 de marzo de 1991 (miembro fundador). Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF): 11 de febrero de 1992. Organismo Multilateral de Garantía de Inversiones (MIGA): 11 de febrero de 1992. Centro de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI): 18 de noviembre de 1994. Organización Mundial de Comercio (OMC): 1 de enero de 1995 (miembro fundador). G-20: 20 de agosto de 2003. Comunidad Andina de Naciones (CAN): 2005 (Estado asociado). Corporación Andina de Fomento-Banco de Desarrollo de América Latina (CAF): 5 de octubre de 2007. Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR): 23 de mayo de 2008 (miembro fundador). Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC): 23 de febrero de 2010.

 

ORGANIZACIÓN TERRITORIAL:

Se trata del segundo país más extenso de Latinoamérica, el cuarto más extenso de América y el octavo más extenso del mundo en área de soberanía continental efectiva. Según la Reforma constitucional de 1994 está dividido en 23 provincias autónomas o estados federales y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. A su vez las provincias conforman cuatro Regiones constituidas en sendos Tratados Interprovinciales: Región del Nuevo Cuyo (22 de enero de 1988), Región de la Patagonia (26 de junio de 1996), Región del Norte Grande Argentino y Subregiones del Noroeste Argentino y Noreste Argentino (9 de abril de 1999) y Región Centro (15 de agosto de 1998). La Provincia de Buenos Aires y Ciudad Autónoma de Buenos Aires no forman parte de ninguna región.

La Región del Nuevo Cuyo comprende las provincias de Mendoza, San Juan y San Luis (La Rioja dejó de formar parte de la Región a mediados de 2012, pasando a integrarse en el NOA).

La Región de Patagonia comprende las provincias de Río Negro, Neuquén, La Pampa, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.

La Región Centro comprende Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos (ésta provincia se incorporó el 6 de abril de 1999).

La Región del Noroeste Argentino (NOA) comprende las provincias de Tucumán, Salta, Santiago del Estero, Jujuy y Catamarca. La Rioja se integró en 2012. Mientras que la Región del Noreste Argentino (NEA) está conformada por las provincias de Misiones, Chaco, Corrientes y Formosa.

Las provincias están subdivididas en departamentos (excepto en la Provincia de Buenos Aires donde se los denomina partidos y en la Ciudad de Buenos Aires donde pasan a ser comunas). La Provincia de Buenos Aires comprende 135 partidos, la Ciudad de Buenos Aires posee 15 comunas. Los 378 departamentos se distribuyen de la siguiente manera: 27 en Santiago del Estero, 26 en Córdoba, 25 en Corrientes, 25 en Chaco, 23 en Salta, 22 en La Pampa, 19 en San Juan, 19 en Santa Fe, 18 en La Rioja, 18 en Mendoza, 17 en Entre Ríos, 17 en Misiones, 17 en Tucumán, 16 en Catamarca, 16 en Jujuy, 16 en Neuquén, 15 en Chubut, 13 3n Río Negro, 8 en Formosa, 9 en San Luis, 7 en Santa Cruz y 2 en Tierra del Fuego (ésta provincia comprende 2 departamentos en territorios reclamados).

Existen a su vez subdivisiones dentro de los departamentos, partidos y comunas. En el caso de los partidos de la Provincia de Buenos Aires comprenden localidades y secciones electorales (546). Las comunas de la Ciudad de Buenos Aires se dividen en 48 barrios. El resto de los departamentos de las provincias se subdividen en municipios con diversos grados de autonomía (hasta el presente 178 municipios han dictado su carta orgánica).

Argentina administra 6 bases permanentes y 7 bases de verano en territorio antártico. Las bases permanentes son:

Base Antártica Carlini.  Isla 25 de Mayo, Isla Rey Jorge, Islas Shetland del Sur (62°14′18″S 58°40′00″O / -62.23833, -58.66667) Dirección Nacional del Antártico/Instituto Antártico Argentino.

Base Antártica Orcadas. Isla Laurie, Islas Orcadas. (60°44′20″S 44°44′17″O / -60.73889, -44.73806). Armada Argentina.

Base Antártica San Martín. Islote Barry, Islotes Debenham, Bahía Margarita (Costa Fallières, Península Antártica) (68°07′48″S 67°06′08″O / -68.13000, -67.10222) Comando Antártico del Ejército Argentino.

Base Antártica Esperanza (BAE). Punta Focas, Bahía Esperanza, Península Trinidad, Península Antártica (63°23′54″S 56°59′46″O / -63.39833, -56.99611) Comando Antártico del Ejército Argentino y Gobierno de Tierra del Fuego.

Base Marambio. Isla Seymour (Marambio). (64°14′S 56°38′O / -64.233, -56.633) Fuerza Aérea Argentina.

Base Antártica Belgrano II. Nunatak Bertrab, Bahía Vahsel (Costa Confín, Tierra de Coats) (77°52′28″S 34°37′37″O / -77.87444, -34.62694) Comando Antártico del Ejército Argentino y Gobierno Provincial de Tierra del Fuego.

Las bases de verano son:

Base Antártica Brown. Punta Proa, Península Coughtrey (Sanavirón), Bahía Paraíso, Península Antártica. (64°53′43″S 62°52′15″O / -64.89528, -62.87083 Coordenadas: 64°53′43″S 62°52′15″O / -64.89528, -62.87083) Dirección Nacional del Antártico.

Base Antártica Cámara. Isla Media Luna, Islas Shetland del Sur (62°36′S 59°54′O / -62.600, -59.900) Armada Argentina.

Base Antártica Decepción. Isla Decepción, Islas Shetland del Sur (65°44′S 60°43′O / -65.733, -60.717) Armada Argentina.

Base Antártica Matienzo. Nunatak Larsen, costa de Nordenskjöld, Península Antártica (64°58′S 60°08′O / -64.967, -60.133) Fuerza Aérea Argentina.

Base Antártica Melchior. Isla Observatorio, archipiélago Melchior, archipiélago Palmer (64°20′S 62°44′O / -64.333, -62.733) Armada Argentina.

Base Antártica Petrel. Isla Dundee, archipiélago de Joinville (63°28′S 56°17′O / -63.467, -56.283) Armada Argentina.

Base Antártica Primavera. Cabo Spring, Península Antártica (64°09′00″S 60°57′50″O / -64.15000, -60.96389) Comando Antártico del Ejército Argentino.

Se contabilizan también 68 Refugios y Campamentos ocasionales (muchos de los cuales han sido destruidos o abandonados), que dependen de las bases mencionadas.

La República Argentina reclama una superficie de  1 461 597 km² en la Antártida comprendida entre los meridianos 74°O y 25°O, el paralelo 60°S y el Polo Sur (llamado Departamento Antártida Argentina, incorporado a la Provincia de Tierra del Fuego). También reclama las Islas Malvinas (Falkland), Islas Georgias del Sur, Rocas Clerke, Islas Aurora e Islas Sandwich del Sur, actualmente pertenecientes a Gran Bretaña (junto con las Islas Orcadas del Sur son denominadas Antillas del Sur y conforman el Departamento Islas del Atlántico Sur, incorporado también a la Provincia de Tierra del Fuego).[

Argentina es una República federal que se rige por el texto de la Reforma constitucional aprobada el 22 de agosto de 1994 en la Convención Constituyente de Santa Fe y Paraná tras el Pacto de Olivos suscripto en 1993 por el presidente Carlos Menem (PJ) y el ex presidente Raúl Alfonsín (UCR). El Poder Ejecutivo es desempeñado por el Presidente de la Nación Argentina y el Vicepresidente (quien ejerce también como Presidente del Senado), electos cada 4 años por sufragio universal según sistema de balotaje (se pasa a una segunda vuelta electoral en caso de que ningún candidato haya obtenido el 45% de los votos, o si la diferencia entre el primero y el segundo es inferior al 10%; si la diferencia supera el 10%, puede declararse ganador al que obtiene más del 40% de los votos). El Presidente puede ser reelecto por un período más. En la reforma de 1994 se crea la figura del Jefe de Gabinete de Ministros, el cual es designado por el Presidente y actúa como supervisor y administrador de políticas públicas entre los ministerios y enlace con el Congreso. En teoría es quien preside el Gabinete de Ministros, también designados por el Presidente. Los Ministerios son los siguientes: Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto (creado en 1856, reformado en 2011), Ministerio de Economía y Finanzas Públicas (funciona desde 1946, regulado en 2008), Ministerio de Defensa (creado en 1958), Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (creado en 1949, reformado en 2010), Ministerio de Seguridad (creado en 2010), Ministerio del Interior y Transporte (creado en 1949, reformado en 2012), Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (creado en 1949), Ministerio de Salud (creado en 1949), Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios (creado en 2003), Ministerio de Educación (creado en 1949, reformado en 2007), Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva (creado en 2007), Ministerio de Desarrollo Social (creado en 1999), Ministerio de Industria (creado en 1949), Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca (creado en 2009), Ministerio de Turismo (creado en 2010) y Ministerio de Cultura (creado en 2014). También integran el Gabinete de Ministros las Secretarías presidenciales: Secretaría General (creada en 1992), Secretaría Legal y Técnica (creada en 1992), Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico (SEDRONAR, creada en 1989) y Secretaría de Inteligencia (SI). En 2001, por la Reforma de Inteligencia, se crea el Sistema de Inteligencia Nacional (SIN) y la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE), creada como Coordinación de Informaciones de Estado (CIDE) en 1946, pasa a ser la Secretaría de Inteligencia (SI). El 26 de enero de 2015 Presidencia anunció la disolución de la SI y presentó el proyecto de creación de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI).

El Poder Legislativo es ejercido por el Congreso de la Nación Argentina, órgano compuesto por dos cámaras: la Cámara de Diputados y el Senado. La primera se compone de 257 miembros distribuidos según el sistema D’Hondt (representación proporcional), que se renuevan por mitades en elecciones libres cada dos años y pueden ser reelectos indefinidamente. El Senado está compuesto por 72 miembros (tres representantes por provincia: dos por la mayoría y uno por la minoría) que se renuevan por tercios cada dos años, pudiendo ser reelegidos indefinidamente. Desde 1991 rige el cupo femenino para la presentación de candidatos por fuerza política (un tercio de los mismos). Integran el Poder Legislativo dos organismos autónomos electos por 2/3 de los miembros de ambas cámaras legislativas por un plazo de 5 años, pudiendo ser reelectos indefinidamente: la Auditoría General de la Nación (órgano establecido en 1992 que asiste técnicamente al Congreso en la fiscalización de las cuentas públicas) y el Defensor del Pueblo de la Nación (órgano unipersonal establecido en 1994 que se encarga de la defensa de los derechos humanos y el control del ejercicio de las funciones administrativas públicas).

El Poder Judicial está dirigido por la Suprema Corte de Justicia, órgano conformado por cinco jueces designados por el Presidente de la República con aprobación de una mayoría de dos tercios de los senadores. Completan el sistema los tribunales federales y nacionales, integrados por jueces designados por el Presidente, en acuerdo con el Senado, en base a las ternas presentadas por el Consejo de la Magistratura. Los jueces permanecen indefinidamente en sus cargos, aunque pueden ser removidos en caso de falta grave por un Jurado de Enjuiciamiento conformado por siete miembros sorteados cada seis meses (dos jueces de cámara -uno por la Capital Federal y otro por el Interior del país-; dos diputados nacionales -uno por la mayoría y otro por la primer minoría-; dos senadores nacionales -uno por la mayoría y otro por la primer minoría-; y un abogado de la matricula federal). El Consejo de la Magistratura fue establecido en la reforma de 1994 y reglamentado en 1996 como un órgano multisectorial independiente que interviene en la designación y supervisión de los jueces (pudiendo acusarlos en caso de faltas graves) y en la administración del Poder Judicial. Está compuesto por tres miembros del Poder Judicial elegidos por los jueces, tres miembros del Senado (dos por la mayoría y uno por la minoría), tres miembros de la Cámara de Diputados (dos por la mayoría y uno por la minoría), dos abogados federales (elegidos por votación de los abogados federales), un representante del Poder Ejecutivo (designado por el mismo) y un representante del ámbito científico y académico designado por el Consejo Iteruniversitario Nacional (órgano que nuclea las Universidades Nacionales, creado en 1985). Los 13 integrantes del Consejo duran cuatro años en sus funciones. En la Reforma de 2013 el Poder Ejecutivo dispuso que el Consejo de la Magistratura se elevase a 19 miembros, 12 de los cuales (3 jueces, 3 abogados federales y 6 representantes del ámbito científico y académico) serían elegidos por sufragio directo en el marco de las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO). Sin embargo el 18 de junio de 2013 la Suprema Corte de Justicia declaró la inconstitucionalidad de la reforma en la sentencia conocida como Caso Rizzo, dejando sin efecto la convocatoria a elección de los consejeros.

La Reforma constitucional de 1994 establece la creación de un órgano extra poder bicéfalo llamado Ministerio Público, regulado por ley en 1998. Lo integran el Ministerio Público Fiscal, dirigido por el Procurador General de la Nación (encargado de la acción de los fiscales), y el Ministerio Público de la Defensa, dirigido por el Defensor General de la Nación (encargado de la acción de los defensores públicos). Su función está ligada a la del Poder Judicial en calidad de garante de los intereses generales de la sociedad.

La Reforma constitucional de 1994 buscaba suplir los huecos de la Constitución de 1853 (con las reformas de 1860, 1866 y 1898), que entraba a regir automáticamente una vez que las Reformas de los períodos de facto de 1957 y 1972 (en 1956 tras el golpe de estado del general Pedro Eugenio Aramburu se había declarado nula la Reforma peronista de 1949) quedaban sin efecto al inicio del período democrático el 10 de diciembre de 1983. En este sentido se buscaba atenuar el presidencialismo extremo y establecer garantías constitucionales de los derechos sociales y económicos (al dejar de regir la Reforma de 1957 ni siquiera los derechos de segunda generación, o sea los relativos al campo laboral, estaban presentes en el texto constitucional). En este sentido se incluyeron también los derechos de tercera y cuarta generación. Por otra parte se adoptó un sistema inspirado en el régimen presidencialista norteamericano (período corto de cuatro años con posibilidad de ser reelegido por un período más) que suplantó al mandato de 6 años sin posibilidad de reelección establecido en la Constitución de 1853. En este sentido se tomaron las mismas medidas que había adoptado la Reforma de 1972.

 

El régimen democrático de elecciones libres se impuso en Argentina tras el derrumbe estrepitoso del gobierno militar (autodenominado Proceso de Reorganización Nacional, vigente de 1976 hasta 1983) como resultado de la derrota en la Guerra de Malvinas de 1982. El primer presidente electo post-dictadura fue el dirigente del Partido Unión Cívica Radical (ideología socio-liberal o socialdemócrata) Raúl Alfonsín, quien al principio adoptó una decidida política de enjuiciamiento a las tres juntas militares así como a los dirigentes del ERP y Montoneros. La orden fue emitida el 15 de diciembre de 1983, tras declarar nula la ley de autoamnistía aprobada previamente por el régimen militar. El mismo día se creó la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP). El 20 de setiembre de 1984 la Comisión presentó el informe conocido como Nunca Más. El 14 de octubre la Cámara Federal se hace cargo del juicio a las juntas en lugar del tribunal militar que lo estaba realizando hasta entonces. El 9 de diciembre se emitió el fallo condenando a varios jerarcas de la dictadura. Sin embargo finalmente el gobierno radical cedió a la presión de los militares descontentos y emitió el 24 de diciembre de 1986 la Ley de Punto Final imponiendo un plazo de 60 días para procesar a acusados de delitos de lesa humanidad durante la dictadura. Sin embargo igualmente se produjo en la Pascua de 1987 el primer alzamiento “carapintada” del teniente coronel Aldo Rico. El 4 de junio de 1987 se emite la Ley de Obediencia Debida que dispuso la no punibilidad de los delitos cometidos por miembros de la Fuerzas Armadas cuyo grado fuera inferior a coronel durante el período de facto. Rico volvió a rebelarse en Monte Caseros en enero de 1988 (“Operación Dignidad”)  al frente de un pretendido “Ejército Nacional en Operaciones”. Fue derrotado y detenido por el teniente general Dante Caridi, pero continuó al frente del movimiento insurgente, el cual realizó varios atentados con bombas en 1988 y 1989. Entre el 1 y el 4 de diciembre de 1988 otro alzamiento militar en Zárate, Campo de Mayo y Villa Martelli (provincia de Buenos Aires), con apoyos en Salta y Córdoba, liderado por el coronel Mohamed Alí Seineldín, veterano de la Guerra de Malvinas, volvió a poner en jaque al gobierno de Alfonsín. Si bien se contuvo este brote el teniente general José Segundo Dante Caridi (pese a ser un defensor del terrorismo de estado) debió pedir el pase a retiro como parte de las exigencias de los amotinados. La inestabilidad en la cuestión militar, sumada a la inestabilidad económica fue empujando al gobierno de Alfonsín a una crisis terminal. En 1982 estallaba la crisis de la deuda latinoamericana, evento que ayudó al derrumbe del régimen de facto. Para afrontar sus efectos el gobierno de Alfonsín aplicó fórmulas keynesianas e intentó una reforma sindical (Ley Mucci) que le permitiera quitar al peronismo la conducción de los sindicatos más importantes. Tanto el fracaso de la Ley Mucci como la presión del FMI llevaron a que se buscara un acuerdo con este organismo y con los grupos económicos concentrados. Se implementó en junio de 1985 el Plan Austral, un programa de estabilización monetaria, control de precios y limitación de salarios en el sector privado, enmarcado dentro de un esquema de “política de shock” contrario a los modelos gradualistas del FMI. El resultado fue una rápida reducción de la inflación y un crecimiento económico del 7% anual en 1986 aun pese al derrumbe internacional del precio de las materias primas. Sin embargo la inflación comenzó a disparase ya desde mediados de 1986 y el desfinanciamiento crónico del Estado se agravó por el aumento del tipo de interés internacional unido al descenso del precio de las materias primas. El gobierno intentó una reestructuración de la economía y el Estado en 1987, pero solo pudo avanzar en el proceso de creación del MERCOSUR. En abril de 1988 entró en moratoria de pago de la deuda externa y en octubre implementó el Plan Primavera (un acuerdo de moderación de aumento de precios con la Unión Industrial Argentina y la Cámara Argentina de Comercio y un régimen cambiario en el que el Estado intervenía en el mercado de divisas). Sin embargo la escalada de precios continuó. La suspensión de la ayuda económica del Banco Mundial a principios de 1989 y la disposición del feriado bancario de 48 horas el 5 de febrero alimentaron los rumores de inestabilidad. Una corrida masiva hacia el dólar y la presión de sindicatos, grupos económicos y el peronismo de Carlos Saúl Menem (triunfante en las elecciones del 14 de mayo) llevó finalmente la inflación de 9.6% en febrero a 78.4% en mayo (hiperinflación de 1989). Alfonsín entregó el mando anticipadamente el 9 de julio en medio de una escalada de saqueos a comercios y supermercados.

 

Carlos Saúl Menem, líder del Partido Justicialista (ideología nacionalista, socialdemócrata), encabezando el Frente Justicialista Popular o FREJUPO (una coalición con diversos partidos de izquierda) hizo aprobar el 17 de agosto de 1989 la Ley de Reforma del Estado, enmarcada en la ideología neoliberal del Consenso de Washington, que le permitía proceder a la privatización, fusión y disolución de las empresas y entes públicos. Eso significó un abrupto giro neoliberal conservador en la orientación política de Menem, asegurada con el pacto con la UCeDé (Unión de Centro Democrático), partido conservador derechista con importante base electoral en las clases media y alta de Buenos Aires. La política económica se orientó a una desregulación de los mercados y la reducción de aranceles a los productos importados. El nuevo gobierno implementó dos planes en 1989: el Plan BB (de julio a diciembre) y el Plan Bonex (de diciembre 1989 a marzo de 1991). El Plan BB consistió en dos fuertes devaluaciones del austral y subas en los combustibles y tarifas públicas con el objetivo de reducir el desequilibrio externo y fiscal. Este Plan fracasó tras la segunda hiperinflación de diciembre de 1989. El 28 de diciembre se impuso el canje compulsivo de todos los plazos fijos superiores al millón de australes por los bonos Bonex 89 que vencían en 1999, además de prohibir a las entidades financieras recibir nuevos depósitos hasta nuevo aviso. En marzo de 1990 se aplicaron nuevas medidas restrictivas: suspensión de beneficios a regímenes de promoción industrial, reducción del aparato administrativo estatal, eliminación de reembolsos a las exportaciones y suspensión de trámites de contrataciones y licitaciones. La confiscación de la masa monetaria alcanzó al 60% provocando una gran recesión, pero obtuvo un superávit extraordinario de la Balanza Comercial en 1990. La avalancha de juicios al Estado fue contenida mediante la implementación de una reforma de la Corte Suprema de Justicia, aumentando de 5 a 9 el número de magistrados de modo de lograr la “Mayoría Automática”. Entre el 7 de octubre de 1989 y el 30 de diciembre de 1990 emitió indultos que beneficiaron a más de 1.200 civiles y militares que cometieron delitos durante la dictadura, continuando con la política iniciada por Alfonsín. No obstante el indultado Mohamed Alí Seineldín rompió con la política de Menem de injerencia en la cúpula militar. Aunque fue arrestado, un subordinado suyo el capitán Gustavo Breide Obeid realizó una asonada el 3 de diciembre de 1990 en el Edificio Libertador y otras instalaciones militares. La misma fue reprimida violentamente, con un saldo de trece muertos y decenas de heridos. Carlos Menem suspendió el servicio militar en 1994 tras el Caso Carrasco.

El 27 de marzo de 1991 a instancias del Ministro de Economía Juan Domingo Cavallo el Congreso aprueba la Ley de Convertibilidad del Austral. En ella se establecía la vigencia a partir del 1 de abril de 1991 de una relación fija entre la moneda nacional (primero el austral y desde el 1 de enero de 1992 el Peso Convertible) y el dólar estadounidense y la restricción de la emisión monetaria al Tesoro Nacional. Las medidas económicas del menemismo lograron reducir la inflación de 2314% en 1990 a 0% en 1996. La pobreza se redujo de un 28.9% en 1991 al 16.1% en 1993. También hubo un significativo aumento de las reservas y una notable disminución del déficit fiscal y el gasto público. No obstante el cimbronazo del Efecto Tequila, producto de la crisis mexicana de 1994 por la devaluación de su base monetaria, que produjo una severa recesión en 1994-95 por la fuga de capitales (con el consiguiente aumento del desempleo, de la inflación, de la pobreza y caída de las reservas), la economía argentina mostró síntomas de reactivación desde mediados de 1996. Durante gran parte de este período la afluencia de inversiones extranjeras influyó positivamente en el aumento del PBI. Sin embargo ese aumento se centraba en el desarrollo positivo del sector servicios, en tanto que el PBI industrial se contraía y la economía nacional pasaba íntegramente a manos privadas. La fuerte impronta de corrupción del nuevo sistema se notó desde sus mismos inicios con el Swifgate de 1990 (cuando el embajador norteamericano Terrence Todman respaldó la denuncia por soborno hecha por el frigorífico Swift) o la renuncia del Ministro del Interior Gustavo Béliz en 1993 denunciando la corrupción en el Estado. Esta tendencia no hizo más que agravarse llegando a ser el punto débil no solo del menemismo, sino de los gobiernos que le sucedieron. Debido a esta política permisiva con los negocios non santos el gobierno de Menem inició otra tendencia: la de atacar a la prensa cada vez que denunciaba la corrupción. El gobierno estuvo implicado también en el negocio de venta ilegal de armas a Ecuador y Croacia en 1991 y 1995. La causa se inició en marzo de 1995 a raíz de investigaciones periodísticas. La explosión de la fábrica de armas de Río Tercero el 3 de noviembre de 1995, que mató a 7 personas e hirió a más de 300, fue seriamente vinculada a esta causa.

A nivel internacional el régimen menemista abandonó el Movimiento de Países No Alineados como miembro pleno y se alineó con Estados Unidos llegando a solicitar el ingreso a la OTAN. También normalizó las relaciones con el Reino Unido, rotas desde la Guerra de Malvinas de 1982 y promovió la formación del MERCOSUR. Según algunos observadores esta política puso a Argentina en la mira del terrorismo internacional, por lo que el 17 de marzo de 1992 la embajada de Israel en Buenos Aires fue objeto de un atentado (con un saldo de 29 muertos) y el 18 de julio de 1994 le tocó el turno a la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), con un saldo de 85 muertos. La investigación a cargo del juez Juan José Galeano, abierta en 1994, se cayó en 2004 al demostrarse que el gobierno de Menem había sido sobornado para desviar las sospechas sobre Irán y sembrar la causa de pistas falsas. También la muerte del hijo de Menem, Carlos Menem Jr., el 15 de marzo de 1995 en un presunto accidente de aviación, despertó sospechas aún vigentes de que se trató de un atentado.

Los aspectos negativos de la política menemista se hicieron evidentes sobre todo a partir del segundo mandato (1995-1999). El desempleo fluctuó alrededor del 11,8% lo que implicaba que el crecimiento económico no era suficiente para ocupar a toda la fuerza laboral (efecto inevitable de un régimen desregulado). Si bien este problema tampoco había sido resuelto durante el anterior Estado de Bienestar (en el que se habían creado multitud de empleos improductivos que repercutían negativamente en la deuda interna). Sin embargo tampoco la política económica menemista logró frenar el endeudamiento interno debido a que los ingresos públicos se vieron mermados seriamente tras la privatización de sectores como las pasividades (que pasaron al régimen de AFJPs). Todo el sistema debía ser mantenido mediante un constante endeudamiento externo (ya que el Estado no emitía moneda), políticas de ajuste y aumento de impuestos (aumento del IVA del 18 al 21% en 1995). El desempleo crónico y la desindustrialización, unido a un saldo negativo de la balanza comercial (que agravó el déficit comercial), además de una sangría permanente de divisas motivada por la disminución de la inversión y aumento consiguiente de las utilidades de las empresas extranjeras a sus casas matrices, y por el endeudamiento en dólares de las empresas locales, llevó a que la situación se tornara complicada. Las medidas de ajuste y endeudamiento externo consiguieron mantener la estabilidad hasta que los efectos devastadores de la crisis financiera asiática de junio de 1997, de la crisis del Rublo en Rusia de agosto de 1998 y de la devaluación del Real brasileño en enero de 1999, golpearon al sistema de la Convertibilidad. Sn embargo los cuestionamientos no se centraron en el asunto del tipo de cambio fijo o la política económica global sino que se enfocaron en la corrupción. Por esa razón, haciendo hincapié en el saneamiento de la administración pero manteniendo la Convertibilidad, el electorado se volcó hacia un nuevo gobierno.

 

De ese modo asumió Fernando de la Rúa, líder de la UCR, al frente de La Alianza por el Trabajo, la Justicia y la Educación (una coalición entre la UCR y el Frente País Solidario o FREPASO, una confederación de partidos de centro-izquierda). La Alianza había triunfado con el 45% de los votos en las legislativas de 1997. De la Rúa había sido el primer Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires triunfando en los comicios de 1996 según lo establecido en la reforma constitucional de 1994. Su gestión lo catapultó como serio candidato a la presidencia: extendió la red de subterráneos, creó la primer Bicisenda, realizó obras en la costa porteña, implantó el Código de Convivencia Urbana basado en el concepto de “tolerancia” y creó organismos de descentralización como el CGP (Centro de Gestión y Participación), la sindicatura del gobierno de la ciudad, la defensoría del consumidor, la dirección general de higiene y seguridad alimentaria y el ente regulador de servicios.

La presidencia de Fernando de la Rúa se realizó en medio de una fuerte recesión efecto de las crisis financieras ya reseñadas. El gobierno tomó fuertes medidas de ajuste, incluyendo un aumento impositivo que gravó a las clases medias y altas. Debido a la delicada situación política en Corrientes se debió intervenir la provincia destituyendo al gobernador Hugo Rubén Perie por Ramón Mestre. También se decretó un Plan de Infraestructura con financiamiento privado y acuerdos con gobiernos provinciales para obras de caminería, agua y vivienda. En diciembre de 2000 el ministro de Economía José Luis Machinea negoció un paquete de ayuda del FMI de unos 40.000 millones de dólares (Blindaje Financiero). Buscando aprobar una Ley de Reforma Laboral que permitiera reducir los costos laborales y debilitar a los grandes sindicatos en favor de los pequeños el gobierno recurrió a la práctica del soborno (casi inevitable en un Parlamento donde el Senado era justicialista y la mayoría en Diputados era exigua). Al estallar el escándalo se produjo la renuncia del vicepresidente Carlos Álvarez en octubre de 2000. En lo sucesivo los partidos de centro-izquierda comenzaron a abandonar la coalición reduciendo la mayoría oficialista en Diputados. La oposición sindical dirigida por el líder Hugo Moyano se manifestó a través de una sucesión de paros generales (un total de 7 durante la gestión de la Rúa). Por otra parte los movimientos de desocupados, iniciados a principios de los 90, comenzaron a tener un rol importante en las protestas dentro de la modalidad de corte de rutas o “piquetes” y su alianza con movimientos peronistas y de izquierda. A esto se unió  la férrea oposición parlamentaria del justicialismo (que obtuvo una nueva victoria electoral en las legislativas del 14 de octubre de 2001). Cuando Carlos Menem fue detenido el 8 de junio por la causa de la venta ilegal de armas a Croacia y Ecuador el justicialismo respondió ocupando el Congreso como medida de protesta. El 21 de noviembre la Corte Suprema (bajo el régimen de la “Mayoría Automática”) decidió la liberación del ex presidente absolviéndolo de los cargos imputados. Cercado por todas partes al gobierno le quedó poco margen de maniobra cuando incluso encontró oposición dentro del propio radicalismo y el FREPASO a las medidas de ajuste presupuestal en salud y educación que intentó el ministro Ricardo López Murphy (5 al 20 de marzo de 2001). El 20 de marzo, con apoyo del justicialismo, los grupos financieros y también del ex vicepresidente Carlos Álvarez, asumió el ministerio de Economía Juan Domingo Cavallo.

 

El “superministro” inició su gestión con sus Planes de Competitividad que, en principio, buscaban reanimar la industria rebajando impuestos distorsivos. A la vez se aprobó un impuesto a las operaciones bancarias y se traspasaron algunas funciones legislativas al Poder Ejecutivo. En julio Cavallo debió endurecer las medidas económicas debido a la presión fiscal, presentando un Plan de Déficit Cero basado en un brutal recorte de gastos públicos (Plan que logó consensuar a duras penas con la oposición y los radicales pese a la oposición del alfonsinismo y a la generalizada resistencia al mismo). El ajuste contrajo la economía imposibilitando el crecimiento. En noviembre se hizo necesario gestionar una postergación de los vencimientos de deuda externa a tres años a cambio de un aumento de los intereses a 7% anual (Megacanje). A fines de ese mes (el 29) comenzó una corriente de retiros de depósitos bancarios que obligó a Cavallo a decretar el llamado “Corralito” (medidas para restringir el retiro de depósitos bancarios) el 1 de diciembre. La impopularidad de la medida generó descontento en la población, sobre todo en la clase media (bastión tradicional del radicalismo) que comenzó una serie de protestas apoyadas por la oposición y a la que se irían sumando los movimientos de desocupados con sus “piquetes”. En medio de la efervescencia social, el FMI se negó a enviar parte del dinero convenido en el marco del Blindaje Financiero como castigo al no cumplir el gobierno con el mantenimiento del Déficit Cero. La situación de enfrentamiento entre el gobierno y la oposición se tornó tensa y ni siquiera pudo calmarla la mediación de la Iglesia Católica. El 16 de diciembre comenzaron los primeros saqueos a supermercados y actos de vandalismo en el conurbano bonaerense que fueron in crescendo hasta el día 19. Esa misma noche se decretó el estado de sitio, lo que ocasionó que miles de personas, en su mayoría pertenecientes a la clase media, salieran espontáneamente a la calle a protestar. Las manifestaciones llamadas “Cacerolazos”, se extendieron hasta la mañana del día 20 frente a la casa de Cavallo y en Plaza de Mayo. Se plegaron a las mismas diversas organizaciones políticas, gremiales y piqueteras (Madres de Plaza de Mayo, Quebracho), mientras que la CTA decretó una huelga general de 24 horas.  A mediodía se desató una dura represión policial que fue transmitida por todos los medios (incluyendo emisoras del exterior). Abandonado por los propios (Cavallo había renunciado a la madrugada y todo el gabinete puso sus cargos a disposición) y sin poder obtener un acuerdo de gobernabilidad con el PJ el presidente de la Rúa dimitió formalmente a las 19:45 horas, dos años y diez días después de haber asumido, decidiendo partir en helicóptero de la Casa Rosada. La represión en capital y provincias dejó un saldo de 39 muertos y más de dos mil heridos.

Al día siguiente las protestas continuaron y las dos CGT (la de Rodolfo Daer y la de Hugo Moyano) decretaron dos paros: uno de 36 horas y otro por tiempo indeterminado. En tanto el PJ se hacía cargo del gobierno, sucediendo a de la Rúa por la ley de acefalía del 28 de noviembre de 2002 el Presidente provisional del Senado en ejercicio del Poder Ejecutivo Ramón Puerta. El 23 de diciembre la Asamblea Legislativa elige como Presidente de la Nación por 90 días hasta la convocatoria de nuevas elecciones al senador del PJ y gobernador de San Luis Adolfo Rodríguez Saá.

El nuevo presidente pronto entró en colisión con su propio partido al negarse a devaluar la moneda. En cambio anunció la creación de una moneda no convertible (el Argentino) y proclamó la suspensión del pago de la deuda externa. Con su promesa de subsidios y aumentos a estatales y jubilados logró el apoyo unánime de la CGT (aunque no de la Unión Industrial Argentina). En medio de críticas y protestas violentas en el Congreso Rodríguez Saá decidió renunciar el día 30 de diciembre. Como Ramón Puerta había dimitido pocas horas antes, quien lo sucedió fue el Presidente de la Cámara de Diputados el también justicialista Eduardo Camaño. En ejercicio del Poder Ejecutivo convocó a la Asamblea Legislativa, la cual eligió como presidente a Eduardo Duhalde el 2 de enero de 2002.

 


Eduardo Duhalde es considerado el verdadero fundador del nuevo cambio de rumbo en la política argentina, a pesar de que fue luego demonizado por el régimen “kirchnerista”. Crítico de las medidas de austeridad impulsadas por el FMI era partidario de un modelo económico productivista. Con sus ministros de economía Jorge Remes Lenicov y Roberto Lavagna puso punto final a la Ley de Convertibilidad y comenzó la pesificación de la economía. El 6 de enero de 2002 promulga la Ley de Emergencia Pública y Reforma del Régimen Cambiario. La reprogramación de los depósitos en dólares y pesificación de las deudas provocaron una ola de descontento (a la que se sumaron los medios de comunicación afines a la dolarización). Aunque devaluó la moneda aplicó impuestos a las exportaciones para capturar la sobreganancia que la misma produjo. De ese modo financió el programa de ayuda a los desocupados (Plan de Jefes y Jefas de Hogar). Además congeló las tarifas de los servicios públicos privatizados. Con estas medidas la economía dejó de caer ya en marzo de 2002 y en abril comenzó a crecer. A pesar de que la presión del establishment obligó a Remes Lenicov a presentar su renuncia el 23 de abril, su sucesor Lavagna continuó en la misma línea. El 2 de diciembre de 2002 se decretó la liberación de los depósitos (aunque con controles cambiarios), poniéndose fin formalmente al Corralito. Por otro lado Duhalde impulsó el Diálogo Argentino como instrumento de pacificación y en política exterior se manifestó junto con Cuba en abierta oposición al golpe de Estado contra Hugo Chávez en Venezuela (11 de abril de 2002).

El 26 de junio de 2002, en el marco de una represión ordenada por el gobernador de Buenos Aires Felipe Solá (PJ) a cargo de Policía Federal, Policía de la Provincia de Buenos Aires, Gendarmería Nacional y Prefectura Naval Argentina contra una masiva movilización de organizaciones piqueteras que intentaban cortar el Puente Pueyrredón, fueron muertos los activistas Maximiliano Kosteki y Darío Santillán. El suceso adquirió ribetes de escándalo, llegando a salpicar a sectores de línea dura en la policía, el servicio secreto y la política argentina. Finalmente Duhalde decidió adelantar las elecciones, programadas para el 27 de abril, para el día 18. El traspaso del mando se adelantaría del 10 de diciembre de 2003 al 25 de mayo. Duhalde logró revertir la caída del PIB del 10.9% en 2002 a un crecimiento de 5% en el primer trimestre de 2003 y sentó las bases para la reversión de la catástrofe social con la que había tenido que tratar: 51.4% a 56% de la población por debajo de la línea de pobreza y un 26% de desocupación. Por otro lado la prolongada Crisis de 2001 llegó a poner en peligro la continuidad del mismo Estado argentino, llegándose a plantear la posibilidad de su disolución. Al menos el gobernador de San Luis llegó a plantear en 2002 la posible independencia de su provincia.

 

Néstor Carlos Kirchner era gobernador de Santa Cruz desde diciembre de 1991, cargo al que accedió tras haber logrado la intendencia de Río Gallegos en 1987. Desde su puesto realizó una tenaz oposición a la gestión del gobernador justicialista Ricardo del Val por sus aumentos salariales a funcionarios públicos. En 1989 su esposa la diputada provincial Cristina Fernández (presidenta de la Cámara ese año) logró que se le hiciera juicio político al gobernador y se lo sustituyera en 1990 por el vicegobernador José Ramón Granero. En un principio Kirchner acompañó la política de Carlos Menem: apoyó la privatización de YPF logrando a cambio el apoyo financiero del gobierno central. Pero a fines de 1993 Kirchner se negó a firmar el Pacto Fiscal, por lo que se le recortaron los fondos de coparticipación. En 1994 Kirchner introduce la figura de la Consulta popular en la reforma constitucional de la provincia y, mediante dicho recurso, logra la reelección indefinida. Por ese entonces comienzan los conflictos internos en su gobierno debido a que muchos no estaban de acuerdo con el talante autoritario de su conducción. Ese año el gobierno provincial crea el Periódico Austral, matutino de distribución gratuita que actuaba como su plataforma mediática. La política de Kirchner estuvo orientada mayormente al área de turismo. Desde 1995 trabajaba en su posible desembarco político en Buenos Aires, presentándose como una opción distinta al menemismo. De hecho protagonizó varios cruces mediáticos con el entonces presidente, al igual que su esposa. En las elecciones de 1999 dio inicio al Grupo Calafate, el cual apoyó la fórmula presidencial Eduardo Duhalde-Ramón Ortega. En el 2000 Kirchner amplió sus actividades en Buenos Aires a través de su contacto principal el diputado Alberto Fernández (entonces integrante de la coalición Encuentro por la Ciudad liderada por Juan Domingo Cavallo). Entonces entró en relaciones con Edgardo Depetri de la CTA (Central de Trabajadores de la Argentina) y con Luis D’Elía de la FTV (Federación de Tierra, Vivienda y Hábitat). Este último formó parte del círculo de Duhalde durante su presidencia. Kirchner apoyó la búsqueda de adhesiones que efectuó el FRENAPO (Frente Nacional contra la Pobreza), integrado por varias organizaciones sociales (entre ellas la CTA y el FTV). Kirchner funda el Frente Para la Victoria en 2003 en un acuerdo de base de su sector del PJ con el Partido Comunista de la Argentina, el PAIS (Política Abierta para la Integridad Social) y grupos escindidos del Frente Grande y el Partido Socialista entre otros. Había logrado el apoyo de Duhalde luego que Felipe Solá, Carlos Reutemann y José Manuel de la Sota desistieron de presentar sus candidaturas. Se acordó conformar una fórmula presidencial con Daniel Scioli. Debió competir contra dos candidatos del justicialismo autorizados para usar los símbolos partidarios (ya que se había resuelto suspender la interna partidaria). Ellos eran Carlos Menem (Alianza Frente por la Lealtad-UCeDé) y Adolfo Rodríguez Saá (Frente Movimiento Popular Unión y Libertad). La debilitada UCR presentó como candidato a Leopoldo Moreau. Dos ex radicales se presentaron como candidatos independientes: Ricardo López Murphy (Alianza Movimiento Federal para Recrear el Crecimiento) y Elisa Carrió (Afirmación para una República Igualitaria).

En la primera vuelta electoral celebrada el 27 de abril Carlos Menem obtuvo el 24.45% de los votos y Néstor Kirchner el 22.24%. López Murphy arrastró el 16.37% de las adhesiones, Rodríguez Saá el 14.11% y Carrió el 14.05%. La UCR quedó en sexto lugar con un exiguo 2.34% de los votos seguida por el resto de partidos de izquierda. En último lugar quedó el partido militarista de derecha MODIN (Movimiento por la Dignidad y la Independencia) con el 0.16%.

El 14 de mayo Carlos Menem anunció que no se presentaría al balotaje del 18 de mayo, por lo que Néstor Kirchner fue declarado ganador de los comicios, jurando en el Congreso el 25 de mayo.

Una vez en el poder mantuvo a funcionarios del gobierno de Duhalde (Roberto Lavagna en Economía, Ginés González García en Salud, Sergio Acevedo en la Secretaría de Inteligencia; Aníbal Fernández estuvo en el gobierno de Duhalde como Secretario General y luego Ministro de la Producción, pero fue reasignado al Ministerio del Interior por Kirchner; José Pampuro pasó de Secretaría General a Defensa) así como también recurrió a muchos de su particular confianza para distribuirlos en puestos clave: Alberto Fernandez en Jefatura de Gabinete, Carlos Zannini en Secretaría Legal y Técnica, Julio De Vido en el Ministerio de Planificación Federal, Ricardo Jaime en la Secretaría de Transporte, Oscar Parrilli en Secretaría General, Alicia Kirchner en el ministerio de Desarrollo Social, Carlos Tomada en Trabajo, Gustavo Béliz en Justicia, Rafael Bielsa en Cancillería, Daniel Filmus en Educación, Enrique Meyer en Turismo. También hizo designaciones algo polémicas como la de Torcuato di Tella hijo en Cultura. Finalmente en el SEDRONAR puso al maestro de danza española José Granero y en la Secretaría de Deportes al ex futbolista Claudio Morresi.

Una de las primeras medidas de Kirchner fue ir contra la “Mayoría Automática” menemista en la Corte Suprema de Justicia. Por decreto del 19 de junio de 2003 los nominados a integrar el órgano deben ser expuestos a la consideración pública durante tres meses, cumplidos los cuales el presidente queda habilitado para presentar la nominación al Senado. Ese mismo año los magistrados Julio Nazareno, Adolfo Vásquez y Guillermo Núñez dimitieron para evitar el juicio político, mientras que Eduardo Moliné O’Connor fue removido de su cargo. El Dr Eugenio Raúl Zaffaroni fue designado en 2003, las Dras Elena Highton de Nolasco y Carmen María Argibay en 2004. Con ellos se inicia un cambio de rumbo de orientación “progresista” en la justicia argentina que tendría repercusiones posteriores.

Por otra parte en agosto de 2003 el Congreso aprueba el proyecto de la diputada por Buenos Aires Patricia Walsh que declara la nulidad de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final. El presidente apoyó activamente la política de defensa de los derechos humanos e impulsó los juicios a los responsables por crímenes de lesa humanidad ocurridos durante la dictadura. En este contexto ocurre la extraña desaparición de uno de los testigos (clave para algunos, no tan clave para otros) del juicio al represor Miguel Etchecolatz, el albañil Jorge Julio López, la mañana del lunes 18 de setiembre de 2006. Si bien se ha señalado a grupos de extrema derecha como responsables de la desaparición, lo cierto es que resulta al menos significativo que el gobierno vetó los tres proyectos de ley de la diputada del PRO/Recrear Nora Ginzburg presentados en 2007 para  conformar una “comisión bicameral especial destinada a mantener informado al Congreso de la Nación sobre el desarrollo de las investigaciones relacionadas con el secuestro y la desaparición del señor Jorge Julio López y el secuestro y posterior aparición con vida del señor Luis Angel Gerez, sin que ello importe el desplazamiento de los respectivos órganos naturales a cargo de la investigación.”  (http://periodicotribuna.com.ar/4762-julio-lopez-toda-la-verdad.html#sthash.VGmzxml5.dpuf). Christian Sanz ¿Y Julio López? Tribuna 18/2/2015 (http://periodicotribuna.com.ar/4762-julio-lopez-toda-la-verdad.html). La inacción del Ejecutivo y de la justicia resulta difícil de explicar en este primer caso de desaparecido político en democracia.

En lo que respecta al desempeño económico la gestión de los ministros Roberto Lavagna hasta 2005, Felisa Miceli (2005-2007) y Miguel Gustavo Peirano (2007) constituyó un auténtico éxito. En primer lugar se trató de un continuismo con la línea económica del período de Duhalde. Sostenido el tipo de cambio real mediante la compra de divisas por el Banco Central se logró un impulso del crecimiento económico basado en las exportaciones. Por otro lado se logró un exitoso canje de la deuda obteniendo una quita del 75% en las obligaciones (la mayor en la historia internacional). Esto posibilitó un crecimiento del 9% durante el período 2003-2007, descenso de la tasa de desocupación hasta niveles de un dígito y aumento del PIB industrial de un 10.3% anual.

Aunado a estos espectaculares avances también se dio una afirmación del liderazgo de Néstor Kirchner. Inicialmente su bloque se reducía a 14 diputados nacionales (mientras que 70 obedecían a Duhalde). Sin embargo la auténtica fuerza de base del kirchnerismo fueron las organizaciones piqueteras con las que se estableció una mesa de negociación en la que inicialmente participaron Luis D’Elía (FTV), Emilio Pérsico (Movimiento Evita), Juan Carlos Alderete (Corriente Clasista y Combativa) y Humberto Tumini (Libres del Sur). Luego se acercaron Edgardo Depetri y Hugo López (Frente Transversal), Carlos López y Alberto Vulcano (FTV), Santiago Martorelli (Movimiento Evita), Nestor Moccia (Libres del Sur), Jorge Ceballos (Barrios de Pie). Con estos grupos se acordó el mantenimiento de los planes sociales, el desprocesamiento de militantes, la no represión de la protesta callejera y la contratación de las organizaciones por el INAES (Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social) para la obra pública y construcción de viviendas. A cambio Kirchner exigió apoyo a sus políticas transformadoras. Para eso se comprometió a aportar fondos para la conformación de cuadros políticos y cooperativas de trabajo. La transformación de las organizaciones piqueteras y de derechos humanos en instrumentos de política social se completó con la incorporación de militantes a su gobierno. También existió un temprano acercamiento con Hugo Moyano, quien asume como Secretario General de la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte el 23 de agosto de 2003 (poco antes Kirchner le había devuelto la personería jurídica a dicha institución, que había sido retirada en 1978). El 26 de enero de 2006 la Asociación Madres de Plaza de Mayo de Hebe de Bonafini anuncia el fin de las Marchas de Resistencia, inicio de su acercamiento al kirchnerismo.

El triunfo electoral en las elecciones legislativas de 2005 le permite a Kirchner operar un cambio de orientación en su política. Si bien no modifica su estilo de legislar por decretos de necesidad y urgencia pasando por encima del Congreso, clara muestra de personalismo, se puede decir que desde 2005 se profundiza el estilo autoritario de la gestión. Para empezar asume Felisa Micelli en Economía suplantando a Lavagna. La ministra inicia el “desendeudamiento” con respecto al FMI y otros organismos internacionales, provocando que la inflación se dispare ese mismo año al 12%. También en 2005 Guillermo Moreno, hasta entonces Secretario de Comunicaciones, asume la Secretaría de Comercio Interior. Una de las consecuencias de su política dirigista es la intervención del INDEC (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos) en enero de 2007. Por otra parte comenzaron los primeros escarceos con la prensa. En 2006 estalló el conflicto entre Editorial Perfil y el gobierno por la pauta publicitaria (la Editorial inició una acción judicial al gobierno por su decisión de no realizar publicidad oficial en sus publicaciones).

En política exterior Kirchner elevó la retórica anti-norteamericana alineándose con Venezuela, Brasil, Bolivia y Uruguay en la búsqueda de una opción latinoamericana de poder económico que contrarrestara la influencia estadounidense y el Consenso de Washington. Por esa razón se opuso al ALCA (Área de Libre Comercio de las Américas) propuesta por Estados Unidos en la IV Cumbre de las Américas celebrada en Mar del Plata los días 4 y 5 de noviembre de 2005. De hecho se realizó conjuntamente la III Cumbre de los Pueblos del 1 al 5 de noviembre de 2005 en Mar del Plata, en la que no participó Kirchner ni representantes directos del gobierno, pero sí organizaciones sociales vinculadas al mismo (además del presidente de Bolivia, Evo Morales).

No obstante, a pesar de un estrecho acercamiento inicial, en 2006 estalló entre Uruguay y Argentina el Conflicto de las Pasteras que perduraría hasta 2010, con un rebrote en 2013, motivado por un choque de intereses en el negocio de la producción de pasta de celulosa. El gobierno de Kirchner colisionó inicialmente con el del presidente colorado uruguayo Jorge Batlle quien en 2002, negoció la instalación de dos grandes plantas de celulosa con la empresa española ENCE y la finlandesa Botnia (en realidad las negociaciones habían comenzado en 1998 durante el gobierno de Julio Sanguinetti). Uruguay y Argentina (en este caso las provincias de Entre Ríos y Corrientes) habían iniciado planes de forestación desde la década del 80 con apoyo del Banco Mundial con el objetivo de convertirse en polos de producción de pasta de celulosa. Argentina contaba con 10 plantas productoras de pasta de celulosa (en provincia de Misiones: Alto Paraná, Celulosa Puerto Piray y Papel Misionero; en provincia de Jujuy: Papelera del NOA y Ledesma; en provincia de Buenos Aires: Papel Prensa y Massuh; en provincia de Santa Fe: Celulosa Argentina; en provincia de Río Negro: Productos Pulpa Moldeada y en provincia de Tucumán: Papelera del Tucumán) y las provincias de Corrientes y Entre Ríos estaban en negociaciones para que se instalaran pasteras en sus territorios. De notar es que la mayoría de las papeleras argentinas (seis) presentan objeciones o denuncias por contaminación ambiental. El hecho es que el Frente Amplio y la central sindical del PIT-CNT venían oponiéndose al marco jurídico otorgado a las empresas, uniéndose a las críticas de las organizaciones ambientalistas locales (Guayuvirá, Greenpeace Uruguay). En 2003 las protestas conjuntas del PIT-CNT con manifestantes de Gualeguaychú llevaron incluso a la firma de la Declaración de Gualeguaychú el 24 de setiembre (2.500 firmantes). El 4 de octubre se realizó un acto conjunto de repudio a la instalación de las pasteras. La iniciativa contó con el apoyo del gobernador de Entre Ríos, Jorge Pedro Busti, el cual había virado súbitamente a una postura anti-pasteras. En ese momento Busti formaba parte de los acuerdos con el kirchnerismo para lograr la mayoría en el Congreso y contaba con que el triunfo del Frente Amplio le permitiría negociar el asunto de la instalación de pasteras. El 9 de octubre se autoriza la instalación de la pastera ENCE por el gobierno de Batlle a pesar de las manifestaciones. Sin embargo en junio de 2004 los gobiernos uruguayo y argentino firmaron un acuerdo bilateral (Memoria Anual del estado de la Nación Argentina 2004 punto 4.5.4. de la Dirección de Países Limítrofes) en el que se daba por zanjado el diferendo sobre la base del establecimiento de un Plan de Monitoreo de la Calidad Ambiental del Río Uruguay. Tabaré Vázquez decidió dar el visto bueno a la instalación de las pasteras no bien asumió, lo que desató la toma del puente internacional por 40.000 personas de origen argentino y uruguayo el 30 de abril de 2005. La movilización fue organizada por una Comisión Multisectorial que estuvo integrada por la Comisión del Agua y de la Vida, Greenpeace, sectores del PIT-CNT entre otras organizaciones. El malestar de Busti y del propio Kirchner con Tabaré Vázquez se explica por el hecho de que ambos confiaron en que el Frente Amplio y el PIT-CNT se opondrían a la instalación de pasteras. Por esa razón se decidió apoyar el accionar de la organización Asamblea Ciudadana Ambiental de Gualeguaychú. El 5 de mayo de 2005 se acordó establecer una Comisión Binacional para evaluar el impacto ambiental mientras el CEDHA (Centro de Derechos Humanos y Ambiente) elevaba una queja a la Ombudsman de la CFI (Corporación Financiera Internacional) del Banco Mundial. El 23 de diciembre la Asamblea Ambiental de Gualeguaychú comenzaba el bloqueo en forma intermitente del acceso al puente Libertador San Martín interrumpiendo el tráfico internacional de vehículos entre Puerto Unzué y Fray Bentos. El 31 de enero de 2006 la Comisión Bilateral fracasa al no ponerse de acuerdo en los informes técnicos elaborados por las partes. A pesar de que el 11 de abril la CFI declaró que los comentarios respecto a que las plantas produzcan daño ambiental catastrófico son infundados, el 30 de abril la Asamblea Ambiental de Gualeguaychú organizó una marcha multitudinaria (además de magnificada ex profeso por los medios afines al kirchnerismo en ese momento). Ambos gobiernos respondieron con demandas: Uruguay ante el Mercosur y Argentina ante el Tribunal Internacional de Justicia de La Haya. El 5 de mayo Kirchner y Scioli presiden un acto en repudio a la instalación de pasteras en Uruguay y el 12 de mayo se produce un impacto mediático al protestar con poca ropa en la cumbre de presidentes europeos y latinoamericanos la Reina del Carnaval de Gualeguaychú 2006 Evangelina Carrozo. El 12 de junio la Academia Nacional de Ingeniería de la Argentina envió un comunicado llamado “Documento sobre las Plantas de Pasta Celulósica a orillas del río Uruguay” al presidente Kircnhner en el que reconoce que el impacto ambiental de las plantas estará dentro de los parámetros estrictos de normas ambientales, y recomienda el monitoreo conjunto para evitar que la empresa se salga de dichos límites. Tanto el presidente como la prensa argentina ignoraron olímpicamente el comunicado (que solo fue publicado por la revista Gestión Ambiental Empresaria). El 22 de setiembre la empresa ENCE anunció que no construiría en Fray Bentos, sino que lo haría en Punta Pereyra (Colonia). El 8 de octubre se filtró el informe de la CFI avalando la instalación de las pasteras lo que desató nuevos cortes en el acceso a Fray Bentos y otros de poca entidad en el Puente General Artigas (entre Colón y Paysandú) los días 14 y 15 de octubre. El 21 de noviembre el Banco Mundial aprueba por 23 votos entre 24 el crédito a la empresa Botnia y la Asamblea Ambiental de Gualeguaychú decreta el bloqueo permanente a la ruta 136. La situación llegó a un punto caliente a lo largo del año 2007 con la presión de los piquetes ambientalistas sobre los tres puentes que comunican Uruguay y Argentina, agresión que, sin embargo, no fue atendida por el Tribunal de La Haya cuando Uruguay pidió medidas cautelares contra Argentina el 29 de noviembre de 2006 las que fueron rechazadas el 23 de enero de 2007. La política de La Haya en todo caso fue rechazar todas las cautelares (el 13 de julio de 2006 había rechazado la de Argentina para detener la construcción de las fábricas).  El 7 de octubre se creó en Nueva Palmira (Colonia) la Asamblea Regional Ambiental del Río Uruguay, con 300 ciudadanos argentinos y uruguayos, que se plegó a las movilizaciones. El 8 de noviembre de 2007 en el marco de la XVII Cumbre Iberoamericana en Santiago de Chile se realizaron reuniones de alto nivel con mediación del rey Juan Carlos I de España (quien había intervenido en el conflicto desde el 1 de noviembre, cuando solicitó a Tabaré la suspensión de la habilitación a Botnia para la puesta en funcionamiento de la planta). Sin embargo la reunión fue un fracaso (Kirchner había saludado previamente a asambleístas en la embajada en Santiago) y Tabaré ordenó esa misma noche la puesta en funcionamiento de la planta. El 9 de noviembre el gobierno uruguayo dispuso el cierre temporal del puente Libertador San Martín para prevenir incidentes. El 20 de enero de 2008 se da a conocer un informe independiente elaborado por la ONG ambientalista Green Cross que concluía que no hubo ningún impacto de gases contaminantes en el aire de Gualeguaychú desde el comienzo de las operaciones en la planta. A pesar de las férreas objeciones de los asambleístas (que aportaban datos propios extremadamente dudosos de contaminación) la posición uruguaya respecto a las evaluaciones técnicas de impacto ambiental se demostraba mucho más sólida. El gobierno argentino se concentró en una sorda reclamación a Uruguay, en términos muy poco diplomáticos, por violaciones reiteradas del Tratado del Río Uruguay (única victoria pírrica que consiguió del Tribunal de La Haya en el fallo del 20 de abril de 2010).

En ese entonces aliado con el Grupo Clarín que defendía sus intereses en la planta de celulosa Papel Prensa, Kirchner desplegó todas sus baterías en la búsqueda de lograr el desmantelamiento del proyecto de instalación de pasteras en el estratégico punto del río Uruguay aun a riesgo de suscitar un conflicto más grave. Kirchner mantenía una buena relación con el CEO de Clarín, Héctor Magnetto, el cual lo había apoyado en las presidenciales debido a su común oposición al menemismo (por eso renovó las licencias a los principales medios el 20 de mayo de 2005). De hecho en 2006 Clarín concretó la compra de Cablevisión lo que lo convirtió en el séptimo proveedor mundial de televisión por cable y el primero de Latinoamérica, representando el 47.3% del mercado nacional, pasando a cotizar en las Bolsas de Buenos Aires y Londres. La operación de compra de Cablevisión fue denunciada por José Sbatella, titular de la Comisión de Defensa de la Competencia, como fraudulenta y monopólica. A pesar de un roce importante con el gobierno en marzo de 2007 debido a la denuncia por contaminación por parte de Papel Prensa en el río Baradero hecha por la secretaria de Medio Ambiente Romina Picolotti, las relaciones continuaron siendo buenas. De hecho Clarín no le dio un tratamiento preferencial (como sí lo hicieron Perfil y La Nación) al Caso Skanka (una maniobra delictiva con la obra pública que implicaba a Julio De Vido ocurrida en 2005), al Caso Antonini Wilson (decomiso de una valija con 790.550 dólares no declarados por parte de un empresario venezolano-estadounidense en Ezeiza) e incluso al escándalo de la bolsa con 241.000 dólares encontrada en el baño privado del despacho de la ministra de Economía Felisa Micelli el 5 de junio de 2007, lo que motivó su renuncia el 16 de julio. Clarín mantuvo una estrategia de no hostigamiento al gobierno (excepto por un par de meses en 2007) y lo apoyó abiertamente en el conflicto con Uruguay dirigiendo todas las baterías mediáticas para desprestigiar al gobierno de Tabaré Vázquez y a la empresa Botnia.

La situación daría un giro a partir de 2008. El 28 de octubre de 2007 Cristina Fernández de Kirchner, hasta entonces senadora electa en las elecciones legislativas de 2005, obtiene el triunfo en primera vuelta con 45.29% de los votos en las presidenciales. El 19 de diciembre su propio marido le traspasa el mando y ya en la primera semana Clarín se mostró extremadamente agresivo en las críticas al desempeño del kirchnerismo. El 7 de diciembre, antes que asumiera Cristina, se aprueba la fusión de Multicanal y Cablevisión, adquiriendo el Grupo Clarín el control del 75% del mercado en Gran Buenos Aires, 85% en Santa Fe y 94% en Córdoba. A inicios de 2008 apunta su objetivo a la adquisición de otra compañía telefónica: Telecom. Y para presionar al gobierno que aun intentaba mantener las buenas relaciones con Clarín, el Grupo se mostró especialmente agresivo apoyando abiertamente el paro agropecuario patronal de 2008. Al parecer las resistencias de algunos integrantes del gobierno (como Alberto Fernández) a permitir el apoyo de Kirchner a la compra de Telecom por Clarín motivaron tales acciones. Kirchner creía que necesitaba a Clarín de su lado, pero su esposa pensaba muy distinto.

Cuando el 11 de marzo de 2008 la Mesa de Enlace formada por la Sociedad Rural Argentina, Confederaciones Rurales Ganaderas, CONINAGRO y Federación Agraria Argentina (la Federación Argentina de Contratistas de Máquinas Agrícolas adhirió pero no integró la Mesa de Enlace) decidió tomar medidas de fuerza contra la Resolución nº 125/2008 del Ministro de Economía Martín Lusteau que establecía un sistema móvil en sustitución del sistema fijo para las retenciones impositivas a las exportaciones de soja, trigo y maíz, Clarín decidió apoyar a las patronales rurales. Los bloqueos de rutas (declarados por tiempo indeterminado desde el 25 de marzo) amenazaron el abastecimiento a las ciudades. Ese mismo día 25 la presidenta contragolpea con un duro discurso que desata protestas y cacerolazos pro-empresariales rurales en distintos puntos del país. Pero también se producen manifestaciones pro-gubernamentales en Plaza de Mayo, Mar del Plata y La Plata  (protagonizadas por D’Elía, Pérsico, Tumini y Depetri). El 27 la Iglesia Católica, Madres de Plaza de Mayo y la Unión Industrial Argentina se sumaron al apoyo al gobierno, la condena por los cortes y al pedido de diálogo.

El 28 de marzo se abrió una Mesa de Diálogo que fracasó ese mismo día, renovándose las medidas de protesta al día siguiente. El 31 de marzo se produjo una gran movilización en apoyo al gobierno en la que participaron las dos centrales sindicales (CGT y CTA), Madres de Plaza de Mayo, Madres Línea Fundadora, Abuelas de Plaza de Mayo, Agrupación H.I.J.O.S., Asamblea Permanente por los Derechos Humanos y Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos. Ese mismo día el gobierno anunció la reforma de la cuestionada Resolución, añadiendo un sistema de compensaciones a pequeños productores y reabriendo las exportaciones de trigo. Las medidas fueron rechazadas por las entidades en conflicto. El 24 de abril la ONCCA (Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario) difundió oficialmente los mecanismos para acceder a las compensaciones.

En la tarde del 1 de abril se realizó un enorme acto de apoyo al gobierno donde volvieron a estar las dos entidades sindicales, las diversas organizaciones de defensa de los derechos humanos y también diversos partidos políticos (Partido Justicialista, Frente Grande, Partido Comunista y Partido Socialista de la Provincia de Buenos Aires). Ese mismo día cámaras empresariales vinculadas a la producción agropecuaria (Asociación de Productores Porcinos, Asociación de Pequeñas y Medianas Industrias Lecheras, Cámara de la Industria y Comercio de Carnes de la Argentina -CICCRA—, Centro de la Industria Lechera, Centro de Empresas Procesadoras Avícolas (CEPA), consorcio de exportadores ABC, Federación de Industrias Regionales Frigoríficas, Junta Intercooperativa de Productores de Leche, Unión de Industrias Cárnicas Argentinas -UNICA-), emitieron un comunicado en repudio de los cortes de ruta. También ese día la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires cuestionó el paro patronal y también el apoyo mediático al mismo.

El 2 de abril en la Proclama de Gualeguaychú las patronales agropecuarias anuncian una tregua, si bien cuestionaron al gobierno por su alianza con pooles de siembra de soja y empresas como La Serenísima, Molinos Río de la Plata, pollos Doménech, Aceitera General Deheza que reciben el 40% de las compensaciones. Para colmo entre abril y setiembre de 2008 se desataron una serie de incendios en el Delta de Paraná (292 incendios en 70.000 ha) que ocasionaron serias consecuencias medioambientales y acusaciones cruzadas entre el gobierno y los empresarios rurales. No obstante ello se produjeron señales desde el gobierno: la renuncia de Lousteau el 23 abril, siendo sustituido por el menos mediático Carlos Rafael Fernández, y un acuerdo el 29 de abril para flexibilizar las exportaciones de carne vacuna y garantizar a los productores un precio pleno para el trigo.

El paro se reanudó sin embargo el 7 de mayo con mayor virulencia aun. El 13 de mayo 750 personalidades reunidas en Café Ghandi (ciudad de Buenos Aires) firmaron la Carta Abierta/1 cuestionando duramente el paro como un intento de desestabilización. Ese día se funda el Espacio Carta Abierta, uno de los principales arietes intelectuales del kirchnerismo.

El 20 de mayo se reinicia el diálogo. El 25 de mayo un acto ruralista en Rosario (donde el dirigente Alfredo de Ángeli de la Federación Agraria de Gualeguaychú se despachó contra el gobierno) evidenció la fuerte oposición existente en un sector importante del empresariado argentino a las políticas del kirchnerismo. Ese mismo día el acto gubernamental en Salta implicaba que los apoyos a la presidente iban en franco aumento.

El 27 de mayo, coincidiendo con la publicación de una solicitada de artistas contra el paro y el comunicado del entonces presidente del Partido Justicialista Néstor Kichner calificando al paro de “destituyente”, la Mesa de Enlace retoma las medidas de fuerza. Para ese entonces la opinión pública, según los sondeos realizados, se inclinaba mayoritariamente en desacuerdo con el paro y comenzaba a creer que el gobierno tenía la razón. El 29 de mayo se decidió modificar nuevamente la resistida Resolución bajando el porcentaje de las retenciones, medida que siguió sin satisfacer a los dirigentes ruralistas. El 30 de mayo la detención de 8 manifestantes en la Ruta Nacional 9 a la altura de San Pedro elevó la tensión. El 3 de junio se extiende el paro y se suma al mismo la organización piquetera Corriente Clasista y Combativa que tomó por unas horas la Municipalidad de Gualeguaychú. El 4 de junio la Federación de Transportistas decide un paro patronal con corte de rutas en protesta por la extensión del paro decretado por la Mesa de Enlace.

El 6 de junio la Mesa de Enlace decide levantar el paro, pero muchas asociaciones deciden continuar con las medidas (entre ellas la del dirigente Alfredo de Ángeli en Gualeguaychú). Asimismo los transportistas mantienen los piquetes exigiendo poder circular libremente por las rutas. El 14 de junio Gendarmería Nacional recibe la orden de desalojar la Ruta Nacional 14 que estaba cortada a la altura de Gualeguaychú, deteniéndose en la operación al líder del piquete Alfredo de Ángeli.

El 15 de junio se decreta un cuarto paro por las cuatro entidades ruralistas. Llovieron en los medios las acusaciones sobre intentos de golpes de Estado. Los principales acusados fueron Eduardo Duhalde, Clarín, Julio Cobos (denuncia presentada por los abogados Ricardo Monner Sans y Alejandro Sánchez Kalbermatten, desestimada por el juez Daniel Rafecas) y el propio ex presidente Néstor Kirchner (denuncia hecha por el justicialista José Luis Seoane). El 17 de junio fue ingresado a Diputados el proyecto de ley para ratificar o derogar la Resolución 125/08. El 18 de junio se realizó una multitudinaria manifestación en apoyo al gobierno en la que la CGT y el Sindicato de Empleados Bancarios adhirieron declarando una huelga general. La UCR, Propuesta Republicana de Mauricio Macri y Coalición Cívica de Elisa Carrió no apoyaron al gobierno. El 20 de junio la Asociación de Supermercados Unidos (ASU) firmó una declaración solicitando el fin de los cortes de ruta. La Unión Industrial Argentina se sumó a ese pedido. El 21 de julio se suspende el paro y el 23 se realiza una reunión entre el gobierno y la Mesa de Enlace.

El proyecto discurrió en el Congreso en medio de protestas, escraches y amenazas de nuevos paros. El 5 de abril Diputados lo aprueba. El 15 de abril se realizaron dos grandes actos que pusieron en claro la magnitud de la división ideológica. En el acto desarrollado en Palermo, en el Monumento a los Españoles, convocado por las cuatro organizaciones ruralistas, ante 237.000 personas, se alinearon el duhaldismo, el FREJULI de Rodríguez Saá, el PRO de Macri, la Coalición Cívica de Elisa Carrió, el Partido Comunista Revolucionario, la Corriente Clasista y Combativa y la CGT azul y blanca de Luis Barrionuevo (el Partido Socialista del gobernador de Santa Fe Hermes Binner, que se mantuvo en una línea autónoma, decidió no concurrir). En el acto celebrado en la Plaza del Congreso, presidido por Néstor Kirchner (único orador), ante 103.000 personas, acudieron la CGT liderada por Hugo Moyano, la CTA de Hugo Yasky, los Radicales K (Recuperación y Reconstrucción Radical para la Concertación) Miguel Saiz (Río Negro ) y Gerardo Zamora (Santiago del Estero), Madres de Plaza de mayo y otros grupos.

El 17 de junio el Senado decide el rechazo del proyecto de ley por el voto negativo del propio vicepresidente Julio Cobos. Al día siguiente presidencia dispone la “limitación” de la Resolución 125/08 y restablecimiento de las que habían sido previamente derogadas. Pese a ello el 3 de octubre, a un mes de la caída del precio de la soja (el alza de los precios había fogoneado la crisis especulativa), se decretó otro paro de seis días exigiendo la eliminación total de las retenciones a la exportación.

La gran crisis con las entidades agropecuarias significó el fin del apoyo a los cortes de ruta anti-pasteras en Gualeguaychú. También quebraron la relación con el Grupo Clarín, Perfil y La Nación. No obstante la ruptura definitiva se produjo tras las elecciones legislativas de 2009. Hasta ese momento la estrategia de Kirchner era negociar con Magnetto e intentar condicionarlo (se cree que intentó favorecer el desembarco en el Grupo del empresario mediático kirchnerista Rudy Ulloa) a cambio de apoyarlo en la compra de Telecom. Sin embargo el tenaz alineamiento de Clarín con la oposición en las elecciones legislativas de 2009 determinó una especie de victoria pírrica del Frente Para la Victoria. Con el 30.80% de los votos apenas superaba al Acuerdo Cívico y Social de Elisa Carrió (28.94%) y la Unión-PRO de Francisco de Narvaez (17.70%). En Diputados quedó como primera minoría perdiendo el control general de las cámaras al ser derrotado en la mayoría de las provincias (incluyendo Santa Cruz). Mientras Clarín hablaba de final de ciclo el gobierno ponía a andar un nuevo aparato de difusión centrado en el lanzamiento en Televisión Pública del programa oficialista 678 en marzo de 2009 (emitido el 6 de abril). La operación fue concebida como “batalla cultural”. A su vez en agosto de 2009 se presentaba al Congreso un proyecto de ley (Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual) para reemplazar la Ley de Radiodifusión de la dictadura. El proyecto fue aprobado en ambas cámaras pero el Grupo Clarín lo resistió impugnado los artículos 41, 45, 48 y 161 por medio de medidas cautelares. La batalla continuó hasta que el 29 de octubre de 2013 la Suprema Corte de Justicia determinó la validez de los cuatro artículos.

También el 11 de agosto de 2009 el gobierno firmaba un contrato con AFA por el que el Estado subsidiaría la emisión libre de los partidos de fútbol del Campeonato Argentino a través de los programas a emitirse por la Televisión Pública “Fútbol Para Todos” y “Deporte Para Todos”. Aunque Clarín ganó un juicio por las pérdidas surgidas a raíz de la rescisión del contrato, lo cierto es que recibió un importante golpe económico.

La batalla entre el Gobierno y el Grupo Clarín se calentó en 2010 cuando la justicia abrió una investigación sobre la presunta compra fraudulenta de Papel Prensa S.A. a la familia Graiver durante la dictadura. La denuncia hecha por Lidia Papaleo (esposa de David Graiver) y su hermano Osvaldo Papaleo involucraba a Magnetto en persona en las presiones permanentes para vender las acciones, que fueron completadas bajo tortura durante su detención por los militares. En agosto de 2010 la Presidente presentó un informe de 200 fojas llamado “Papel Prensa La Verdad”, que había sido elaborado por una comisión dirigida por Guillermo Moreno, en el que se acusaba al grupo de haber cometido delitos económicos y de lesa humanidad al adquirir la planta. Clarín y La Nación contraatacaron mediante acciones judiciales respaldas con un gran despliegue mediático. La andanada de carpetazos, calumnias y desmentidas demostraba que ambos sectores enfrentados no escatimaban esfuerzos. El propio Isidoro Graiver, hermano de David Graiver, y la hija de éste, María Sol Graiver, salieron al cruce del informe presidencial, asegurando que no habían sido presionados para vender las acciones de la empresa. No obstante Tiempo Argentino divulgó las declaraciones del mismo Isidoro Graiver realizadas el 11 de junio de 2010 donde reconocía que las presiones eran permanentes. También un ex compañero de cautiverio de Isidoro, Jorge Tassara, dijo haber escuchado la versión de la venta bajo presiones.

Las presiones sobre el Grupo Clarín aumentaron exponencialmente a través de la Administración Federal de Ingresos Públicos y de la Comisión Nacional de Valores que pusieron bajo vigilancia las cuentas de la empresa. Existían razonables sospechas de maniobras fraudulentas que lesionaban la libre competencia. A su vez José Sbatella, en la Unidad de Información Financiera, comenzó una investigación al Grupo por lavado de dinero, siguiendo una denuncia de Hernán Arbizu (quien manejó las cuentas del Grupo y sus accionistas desde Nueva York). También se investigó a directivos de la empresa por el aumento desmesurado de sus fortunas personales. El 19 de agosto de 2010 Julio De Vido anunció la cancelación de la licencia a la prestadora de Internet Fibertel (licencia emitida en 1997, pero que fue cuestionada en 2003 al producirse la fusión de dicha empresa con Cablevisión; en 2006 Clarín compra Cablevisión), abriéndose otro frente de batalla en la lucha entre Gobierno y Clarín.

El 20 de marzo de 2010 la Sala II de la Cámara de Casación Penal suspendió los estudios de ADN de los hijos de la accionista de Clarín Ernestina Herrera de Noble. La causa por la presunta sustracción de bebés durante la dictadura había sido abierta en 2002 a instancias de Abuelas de Plaza de Mayo y de las familias Lanuscou-Miranda y García-Gualdero y ya se había llevado puesto al juez Roberto Marquevich acusado de parcialidad. El nuevo juez Conrado Bergesio le imprimió mucha lentitud al asunto y la acción del 20 de marzo de 2010 desató un escándalo del que se prendió la Presidente manifestando total apoyo a los querellantes. A fines de 2010 la Cámara Federal apartó a Bergesio y la causa pasó a la órbita del juzgado en lo Criminal de la jueza federal Sandra Arroyo Salgado (ex esposa del entonces fiscal en la causa por el atentado a la AMIA Alberto Nisman). Se dispuso la realización de las pruebas genéticas con consentimiento de Marcela y Felipe Noble Herrera. Los exámenes de los días 11 y 15 de julio de 2011 dieron resultados negativos para las familias querellantes. La comparación con la totalidad de las muestras almacenadas en el Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG) finalizó el 9 de octubre de 2012 con resultados igualmente negativos.

El 27 de octubre de 2010 fallece Néstor Kirchner, según el parte médico oficial a causa de un paro cardiorrespiratorio no traumático, en su finca de El Calafate durante el censo poblacional del 2010. A pesar de lo súbito de tal suceso, el ex presidente había recibido el sacramento de la unción de los enfermos antes de morir. Dejaba vacante la presidencia del Partido Justicialista (pasó a ocuparla Daniel Scioli), la banca de Diputado de la Nación por Buenos Aires (la ocupó Edgardo Depetri) y la Secretaría General de la UNASUR (lo sucedió la colombiana María Emma Mejía). El suceso provocaría un impacto político indudable: todo el arco político latinoamericano y una impresionante multitud de ciudadanos argentinos acudieron a la ceremonia fúnebre a féretro cerrado en Casa Rosada que duró del 27 al 30 de octubre bajo una persistente lluvia que recordaba los funerales de Perón y Alfonsín. Se decretó luto nacional del 27 al 29 de octubre. No obstante es de señalar la ineludible utilización política del evento: las cámaras fueron monopolizadas por Canal 7 (TV Pública) y la oposición fue virtualmente excluida de la ceremonia.

En las elecciones presidenciales y legislativas del 23 de octubre de 2011 Cristina Fernández obtuvo la reelección con un aplastante 54.11% de los votos al frente de una coalición del PJ con el Partido de la Victoria, el Partido Comunista, el Partido Humanista, el Frente Grande y el Partido Intransigente. En segundo lugar, con un 16.81% de los votos quedó el Frente Amplio Progresista de Hermes Binner. La Unión para el Desarrollo Social (UDESO) de Ricardo Alfonsín trepó a un 11.14% de los votos. El resto quedó muy rezagado: Compromiso Federal de Alberto Rodríguez Saá obtuvo el 7.96% de los votos; Frente Popular de Eduardo Duhalde, el 5.86%; Frente de Izquierda y de los Trabajadores de Jorge Altamira, 2.30% y Coalición Cívica de Elisa Carrió, 1.82%.

La presidenta asumía en el medio de la crisis diplomática con el Reino Unido desatada por la llegada el 20 de febrero de 2010 de la plataforma petrolera Ocean Guardian desde el Mar del Norte a las islas Malvinas, en el marco de las prospecciones petrolíferas llevadas a cabo por la empresa Desire Petroleum. La presidente respondió con un decreto que obligaba a todos los buques a solicitar autorización al gobierno para dirigirse a las islas. El 21 de abril el gobierno presentó ante la ONU un reclamo formal de extensión de la plataforma continental de 200 a 350 millas desde la costa, a la vez que ratificaba la reclamación de soberanía sobre las islas Malvinas, Georgias, Sandwich del Sur y Sector Antártico Argentino.  A su vez en marzo de 2011 el Congreso aprobó una ley que establecía sanciones económicas a empresas que participan en tareas de exploración petrolífera en Malvinas y operen en territorio argentino. La escalada continuó cuando el 21 de setiembre Cristina volvió a presentar el reclamo de soberanía en la Asamblea de la ONU, incluyendo una amenaza de suspensión de los vuelos de la empresa LAN Chile a las islas y renegociación de los vuelos de Aerolíneas Argentinas. A todo esto se agregó un muy publicitado trámite de ciudadanía argentina realizado por el artista plástico natural de las islas Malvinas James Peck (trámite concluido el 13 de junio de 2011 en Ushuaia, Tierra del Fuego). El 14 de junio la presidenta en persona le entregó el documento nacional de identidad. El 25 de agosto la legislatura de Tierra del Fuego aprobó la Ley provincial 852 Gaucho Rivero que prohíbe el amarre, permanencia y abastecimiento de los barcos con bandera británica de las islas Malvinas, del Reino Unido o de otra colonia británica. Rápidamente el grupo Resistencia Nacional (FPV) de Río Negro hizo aprobar esa misma ley en la provincia, seguido por las provincias de Santa Cruz, Chubut y Neuquén. El 2 de agosto de 2012 lo hacía la provincia de Buenos Aires. De hecho incluso hasta se puso el nombre de Copa Gaucho Rivero al trofeo a conquistar en el torneo de fútbol argentino de Primera División 2012. La ofensiva diplomática desplegada por Argentina respecto a la cuestión Malvinas tuvo efectos positivos a nivel interno. La Declaración de Ushuaia del 25 de febrero de 2012 obtuvo el respaldo casi unánime de todo el Congreso (únicamente el PRO de Mauricio Macri se negó a firmar la Declaración) respecto a la acción gubernamental de reclamo de la soberanía argentina en el Atlántico Sur por vía diplomática. El 16 de mayo se crea una Comisión Bicameral sobre la Cuestión Malvinas, impulsada por el senador kirchnerista Daniel Filmus. El 20 de diciembre de 2013 la presidente crea la Secretaría de Asuntos Relativos a las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes en el Atlántico Sur, poniendo al frente de la misma a Daniel Filmus (quien asumió el cargo el 6 de enero de 2014). También hacia el interior se ha generado una oleada de nacionalismo, muchas veces rayano en el chauvinismo, alimentado y amplificado por el aparato militante que se ha construido y fortalecido en torno a la figura presidencial.

A nivel exterior Argentina logró que los países del Mercosur, UNASUR y ALBA se plieguen a la medida de prohibición de arribo a buques con bandera británica de las islas Malvinas (si bien no se prohíbe el ingreso a aquellos que exhiben la bandera roja comercial). Por otro lado Argentina logró el reconocimiento de su soberanía sobre las islas de la OEA (5 de junio de 2012), la Internacional Socialista (2012), China (2013), Unión Africana (20 de febrero de 2013), Rusia (2014) y la CELAC (enero 2015).

La escalada de hostilidad en la región, si bien no ha tenido incidentes de relevancia ni ha pasado de provocaciones, ha generado una oleada de resentimiento entre los residentes malvinenses. El gobierno británico elevó el tono de la discusión amenazando con medidas defensivas en caso de algún tipo de agresión. Desde el 17 de mayo de 2011 ha reforzado la presencia militar en las islas. También ha reforzado su respaldo a la autodeterminación de los isleños (en un referéndum realizado los días 10 y 11 de marzo de 2013 los insulares decidieron permanecer como territorio británico de ultramar). El 25 de febrero de 2013 el gobierno argentino acusó formalmente a Gran Bretaña ante la Conferencia de Desarme de la ONU de violar el Tratado de Tlatelolco al enviar submarinos con armas nucleares a las islas. A pesar del respaldo obtenido en la ONU, el Secretario General Ban Ki-moon ha dado a entender que Gran Bretaña no ha violado ninguna disposición de la Asamblea General y que tampoco está obligado a dialogar con Argentina (pese a que respalda activamente el diálogo).

El 2 de octubre de 2013 el gobierno argentino a través de su canciller Héctor Timerman anunció en su habitual tono agresivo que volvería a demandar a Uruguay en la Corte de La Haya debido a que el presidente José Mujica había decidido unilateralmente autorizar a UPM (ex Botnia) a aumentar su producción en un 10%. De ese modo se ponía fin a un período de cese de hostilidades que había comenzado con la firma el 30 de agosto de 2010 en Montevideo de un acuerdo para establecer un Comité Científico en el seno de la CARU (Comisión Administradora del Río Uruguay). Desde su asunción en 2010 el presidente uruguayo Mujica había dado claras muestras de que prefería mantener las buenas relaciones con Buenos Aires aun a riesgo de ponerse en contra a todo el arco opositor e inclusive a parte de su propio Partido. Lo cierto es que ni siquiera Mujica logró destrabar la cuestión del dragado del canal de la isla Martín García (en posesión de Argentina desde el Tratado del Río de la Plata de 1973), el cual es alargado desde 1985 (cuando Alfonsín y Sanguinetti firman el Acta de Colonia). En 1991 los presidentes Lacalle y Menem firman las Notas Reversales llamando a licitación para el dragado, balizamiento y mantenimiento de los canales y encomendando la fiscalización de las obras a la Comisión Administradora del Río de la Plata (CARP). La prolongación de las obras llevó a que el 2 de agosto de 2011 los presidentes Cristina Fernández y José Mujica acordaran un nuevo llamado a licitación de empresas. Pero no hubo avances concretos e incluso se discute una solución en base a la creación de un nuevo ente binacional. Lo cierto es que, mientras tanto, el gobierno argentino continúa obstaculizando todas las iniciativas que impliquen el dragado de canales como el de Fray Bentos-Concepción en el río Uruguay, así como oponerse sistemáticamente a medidas como el proyecto de la Terminal de Graneles Líquidos de Nueva Palmira (2006), lo cual se inscribe en una lógica de perjudicar al rival haciendo uso arbitrario de las ventajas estratégicas. Por otro lado se agrega la Disposición 1108/2013 de la Secretaría de Vías Navegables de Argentina que prohíbe el trasbordo en puertos uruguayos de las exportaciones argentinas. Esto forma parte de una estrategia del gobierno de Cristina, manifiesto desde su asunción en 2011, de endurecer las medidas que favorezcan la producción y el trabajo nacional aun a riesgo de perjudicar a países vecinos (y en el caso de Uruguay la estrategia es claramente perjudicarlo como un potencial rival). En todo caso la medida coincide tanto con el anuncio presidencial uruguayo de permitir el aumento de producción a UPM, como al hecho de que la instalación de la multinacional belga Katoen Natie convertía al puerto de Montevideo en una terminal de trasbordos de referencia exclusiva en la costa atlántica (El Observador, 20 febrero 2015, http://www.elobservador.com.uy/noticia/265345/conflicto-con-argentina-pone-en-riesgo-el-desarrollo-de-puertos-locales/). También se han tomado medidas que afectan al Paraguay, como la reducción drástica de los convoyes de barcazas que navegan por ríos argentinos hasta Nueva Palmira (de 30 a 8).

Incluso las relaciones con Estados Unidos han tenido un cierto endurecimiento. El 1 octubre de 2013 la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos embargó fondos argentinos de la ANPCyT (Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica) depositados en una cuenta en Banco Nación en Nueva York. Al día siguiente la Fragata Libertad fue detenida en Ghana por un recurso jurídico presentado por el Grupo NML de Paul Singer (vinculado al círculo republicano de Mitt Romney). El 16 de junio de 2014 la Corte Suprema de Estados Unidos rechazó la apelación del gobierno argentino presentada en febrero contra los fallos de la Corte de Apelaciones de Nueva York (26 de octubre de 2012) y el juez Thomas Griesa (noviembre 2012) que obligan a la Argentina a pagar el 100% de lo adeudado a bonistas que no ingresaron en los canjes de deuda reestructurada de 2005 y 2010. Desde el ascenso al poder de Néstor Kirchner, Argentina se ha alineado con el llamado “eje bolivariano” orientado por el chavismo venezolano, lo que tensó las relaciones bilaterales (caso Antonini Wilson en 2007, filtración de los cables de WikiLeaks en 2010, incidente de la expropiación en Ezeiza del avión militar estadounidense en febrero 2010, oposición de Obama al otorgamiento de créditos a Argentina por el BM y el BID en 2011). Sin embargo tras las elecciones en 2011 las relaciones con Washington parecieron recomponerse. Tras el encuentro en Cannes el 4 de noviembre en la Reunión del G20 el gobierno argentino no escatimó señales hacia Washington: aprobación de la Ley Antiterrorista, permiso del gobierno de Chaco al Comando Sur para instalar una base “humanitaria” en Resistencia, negociaciones con Chevron y Exxon-Mobil para la explotación hidrocarburífera en Vaca Muerta, aislamiento del régimen iraní, acuerdo Pentágono- Ministerio de Defensa argentino para capacitación de personal, apertura de una cátedra argentina en la Universidad de Georgetown. Sin embargo en 2012 la presión estadounidense se reanudó a través del apoyo a empresas en sus juicios ante el CIADI (Centro internacional de Arreglos de Diferencias Relativas a Inversiones), exclusión de Argentina del Sistema General de Preferencias, demanda ante la OMC por medidas económicas proteccionistas (a la vez que mantenía sus propias medidas proteccionistas no arancelarias), apoyo a los holdouts (fondos buitres) . El cambio de postura de Washington pudo deberse a que Argentina se había acercado a Irán (el diario Perfil denunciaba a través del periodista José Eliaschev el 26 de marzo de 2011 la existencia de un “pacto secreto” argentino-iraní para suspender las investigaciones sobre el atentado a la AMIA; el mismo fue negado por el canciller Timerman el 20 de abril). Lo cierto es que el 27 de enero de 2013 se firmó el Memorándum de Entendimiento entre Argentina e Irán sobre la base del establecimiento de una Comisión de la Verdad. Si bien tuvo críticas muy enconadas, el hecho es que estaba inscripto dentro de un contexto de “distención” de las relaciones Irán-Estados Unidos. Lo que pareció ser un cambio de postura del gobierno argentino respecto a la causa AMIA desembocó en un conflicto de intereses que se tensó con la muerte en extrañas circunstancias del fiscal de la causa AMIA (y principal investigador de la pista iraní) Alberto Nisman el 19 de enero de 2015. El fiscal, designado en 2004 por Néstor Kirchner, había denunciado a la presidente Cristina Fernández el 14 de enero de 2015 por encubrimiento. De hecho estaba en conflicto con el Ejecutivo desde las sospechas de 2011 sobre los acuerdos secretos con Irán y había dirigido una investigación con ayuda de sectores de la Secretaría de Inteligencia. La denuncia de Nisman se concretó después que la presidente decidiera destituir al controvertido agente Jaime Stiusso como director general de Operaciones en la Secretaría de Inteligencia en diciembre de 2014. En la forma bastante desprolija en que el gobierno salió a defenderse de las acusaciones, apuntó a la conexión de Nisman y Stiusso con la embajada estadounidense, la CIA y el MOSAD.

El nivel de confrontación casi hostil que el régimen kirchnerista ha desarrollado en materia internacional constituye de hecho un estilo que también se verifica a nivel interno. La lucha sin cuartel en todos los frentes ha recrudecido especialmente durante el segundo mandato de Cristina. A pesar de la virtual pulverización de la oposición el gobierno no le da cuartel a los grupos de poder aun enquistados en importantes sectores de la sociedad argentina. Lo curioso es que en 2013 en las elecciones primarias y legislativas nuevamente se observa un retroceso del oficialismo en ambas cámaras (pese a continuar siendo la primera minoría y retener la capacidad de lograr quórum), además de confirmarse su falta de control de la provincia y de la ciudad de Buenos Aires (en poder del PRO de Mauricio Macri desde 2007) donde el Frente Renovador de Sergio Massa se alzó con el 43.95% de los votos frente al 32.33% del FPV.

Quizá uno de los talones de Aquiles del gobierno sea la corrupción, principal “caballito de batalla” de los medios abiertamente enfrentados con la Casa Rosada. Existen cerca de 35 causas abiertas por corrupción que involucran a 25 funcionarios y ex funcionarios del gobierno. Entre ellos se encuentran: Felisa Micelli (ex ministra de Economía condenada en 2012), Ricardo Jaime (ex secretario de Transporte con dos procesamientos por recibir dádivas), Luis D`Elía (ex secretario de Tierras, procesado por la toma de la Comisaría 24ª d La Boca en 2004), Héctor Capaccioli (ex superintendente de Salud y ex recaudador electoral del kirchnerismo, procesado por un caso derivado de la mafia de los medicamentos), Amado Boudou (vicepresidente, con 14 causas en trámite por enriquecimiento ilícito, irregularidades en su declaración jurada de 2010, participación en la quiebra de Ciccone Calcográfica y otras), Cristina Fernández (presidente, imputada por encubrimiento en el caso AMIA). Existen investigaciones en curso respecto a una asociación ilícita en la que estarían involucrados Néstor Kirchner, Jaime, De Vido, Rudy Ulloa, Carlos Zannini y los empresarios Cristóbal López y Lázaro Báez. También está bajo sospecha la empresa Hotesur, manejada por la familia Kirchner, en la que se han detectado irregularidades denunciadas por el principal ariete del periodismo anti-K Jorge Lanata. A pesar de las acusaciones cruzadas sobre intentos de instalar una dictadura y pretensiones golpistas-conspirativas, el escenario planteado es el de un enfrentamiento ideológico similar al que existe en gran parte de Latinoamérica. Algunos autores sostienen que se trata de sistemas basados en una reevaluación de las teorías del caos social (Ley del Vórtice). Dicha reevaluación sostiene que es posible evitar la fase de turbulencia en las revoluciones sociales a través de la instalación de una revolución permanente.

El régimen kirchnerista se aproxima al concepto de democracia delegativa (término acuñado por el politólogo Guillermo O’Donell) o lo que el analista Miguel Ángel Bastenier de El País llama “caudillismo social plebiscitario”, un modelo que es visible en Venezuela, Ecuador, Nicaragua y Bolivia (también se podría incluir a Cuba). Por sus extremos personalistas, claramente autoritarios, su estructura de tipo orgánico-corporativa y su vinculación ideológica con un socialismo-republicanismo-nacionalismo se asemeja a las revoluciones bolivarianas. En todo caso ha hecho esfuerzos por construir una ideología propia que se nutre con elementos del camporismo y el peronismo de izquierda, el rosismo-federalismo y el “sanmartinismo” (en todo caso como oposición al modelo unitario-conservador-liberal). Tal ideología, junto con el modelo cultural (o pretendidamente “contra-cultural” en el sentido de la “batalla cultural” contra la cultura hegemónica corporativa) es emitida por un sistema de divulgación. Ese sistema incluye el Ministerio de Cultura (en manos de la folklorista Teresa Parodi desde 2015) y sus dependencias: Secretaría de Pensamiento Nacional (creada en junio de 2014 y dirigida por Ricardo Forster, miembro de Carta Abierta), Subsecretaría de Cultura Pública y Creatividad, Dirección Nacional de Pensamiento Argentino y Latinoamericano y Dirección Nacional de Asuntos Académicos y Políticas Regionales. La ministra Parodi impulsó una ley federal de las culturas (aún pendiente de tratamiento parlamentario) que plantea la creación de un Registro Artístico Cultural Federal, un Observatorio de Culturas Públicas, un Gobierno de las Culturas y la realización cada dos años de un congreso argentino de culturas. Dos emblemas de la ideología o cultura nacional impulsada por el gobierno son: el Centro Cultural Kircner (gestionado por el Ministerio de Planificación, inaugurado el 21 de mayo de 2015) y Tecnópolis (bajo gestión de la Unidad del Bicentenario de Presidencia, inaugurado el 14 de julio de 2011).

El principal éxito de los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández es la aplicación de un modelo económico que es considerado efectivo por muchos analistas (y denostado por otros). Su principal característica es la tendencia al control estatal sobre la actividad económica. La política anti-inflacionaria del gobierno de Cristina Kirchner no se fundaba en la noción de reducción del crecimiento a través del control del gasto público, sino en aumentar la oferta. Por esa razón instituyó planes de “precios cuidados” como: “Carne para todos”, “Lácteos para todos”, “Milanesas para todos”. Todos ellos fueron duramente criticados por los medios afines a la ortodoxia económica. La política económica es expansionista, basada en el control del tipo de cambio basado en la divisa estadounidense y sostenimiento de una política redistributiva basada en el aumento del gasto público.

El paso dado en 2007 de intervenir el INDEC preludió un endurecimiento de la línea estatista durante los dos gobiernos de Cristina. El 19 de noviembre de 2008 el Congreso aprobó por amplia mayoría la estatización del sistema previsional, lo que ponía fin al sistema de las AFJPs. El desmantelamiento del neoliberalismo económico prosiguió con la creación por decreto de la Asignación Universal por Hijo (seguro social para desocupados, trabajadores informales o personas que perciben sueldos por debajo del salario mínimo, que consiste en un beneficio por cada hijo menor de 18 años o discapacitado) el 28 de octubre de 2009. El 3 de septiembre de 2008 se aprueba la Ley 26.412 de Rescate de Aerolíneas Argentinas. El 21 de mayo de 2009 el Congreso aprueba la re-estatización de la Fábrica Militar de Aviones de Córdoba. En 2010 se lanza el programa Conectar Igualdad. El 16 de noviembre de 2011 se anuncia el retiro de los subsidios al consumo de agua, gas y electricidad por parte del estado a los barrios de ingresos altos (implementados por Néstor Kirchner como estrategia de recuperación del salario real). El 12 de junio de 2012 se anuncia la creación del Plan PRO.CRE.AR (Programa de Crédito Argentino del Bicentenario para la Vivienda Única Familiar) con el Banco Hipotecario como fiduciario. El 16 de abril presidencia comunicó la expropiación del 51% de las acciones de Repsol YPF.

El último gobierno de Cristina Kirchner continuó en la línea progresista respecto a los derechos humanos. Se continuaron con las imputaciones a los que cometieron delitos de lesa humanidad durante la dictadura, se apoyó a las Madres de Plaza de Mayo y Abuelas de Plaza de Mayo en la búsqueda de hijos de desaparecidos. En 2010 se había aprobado la Ley 26.618 que permite el matrimonio homosexual. En 2012 se la complementa con la Ley de Identidad de Género, que permite la elección del nombre y el sexo en los documentos de identidad. Sin embargo hubo un debe importante en la cuestión del aborto. Tampoco hubo avances significativos en la cuestión de las minorías indígenas.

Uno de los últimos enfrentamientos importantes de la presidente Cristina Kirchner se dio en 2013 cuando lanzó el Proyecto de Reforma Judicial (Democratización de la Justicia). El mismo fue aprobado por el Congreso el 25 de abril de 2013, pero la Suprema Corte de Justicia lo declaró inconstitucional el 18 de junio de 2013. El nivel de virulencia de los cruces de acusaciones fue en aumento tras este fallo. Desde el kirchnerismo se habló de “corporación judicial” (aludiendo a la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional fundada en 1928) unida al concepto de “Corporación” (didácticamente llamada “La Corpo”), o sea aquel grupo de agentes de los grupos hegemónicos concentrados que actúan para oponerse a los gobiernos “populares”. De todos modos un importante sector judicial respaldó la Reforma (incluido el ministro de la Suprema Corte de Justicia, Eugenio Raúl Zaffaroni), la mayoría de ellos integrantes de la Asociación Civil Justicia Legítima (surgida en mayo de 2013).

El segundo mandato de Cristina Kirchner fue testigo del fenómeno de marchas y cacerolazos, en especial recurrentes en Buenos Aires y protagonizados por seguidores o simpatizantes de los grupos opositores (con fuerte presencia de la clase media urbana). La mayoría se convocaron desde redes sociales y su supuesta “espontaneidad” está seriamente en cuestión. Entre el 31 de mayo y el 1 de junio de 2012 hubo un cacerolazo contra la inseguridad y la corrupción (también contra el control de cambios y la reforma fiscal bonaerense). El 4 de septiembre y sobre todo el 13 de septiembre (13-S) unas 200.000 personas se movilizaron hacia Plaza de Mayo (junto a otras movilizaciones importantes en diversas ciudades del país) protestando contra la política del gobierno, la corrupción y la inseguridad (incluyendo el accidente ferroviario de Once, ocurrido el 22 de febrero de 2012, que dejó un saldo de 51 muertos y 702 heridos). El 8 de noviembre (8N) hubo varias movilizaciones con consignas similares a las ya expuestas. El 22 de febrero hubo una marcha en ocasión del aniversario de la Tragedia de Once, en la cual se exigió justicia. El 18 de abril de 2013 se realizó una de las más masivas protestas (18-A), en la cual incluso ocurrieron incidentes. Sin embargo fue la última en importancia, tendiendo el fenómeno a agotarse y disolverse, pese a que se siguieron convocando (tres más en 2013: 8 de agosto, 8 de noviembre, 30 de diciembre; una en 2014:13 de noviembre).

El efecto desgaste explica en una pequeña proporción la derrota electoral del kirchnerismo. En realidad una sumatoria de errores en la recta final del mandato, incluyendo el poco entusiasta apoyo que recibió el candidato oficialista Daniel Scioli de la propia presidente y otros cuadros del FPV, determinaron que, en el primer ballotage de la historia política argentina terminara triunfando el líder de la alianza Cambiemos, el centro-derechista Mauricio Macri, el 22 de noviembre de 2015. En la primera vuelta, el 25 de octubre, Scioli había obtenido el 38% de los votos, mientras que Macri se quedó con el 34% de los mismos. En la segunda vuelta la situación se invirtió: Macri se impuso con el 51, 34% de los votos, frente al 48, 66% que apoyó a Scioli. Cambiemos se formó a partir de un acuerdo oficializado el 10 de junio de 2015 entre Propuesta Republicana de Mauricio Macri, Unión Cívica Radical de Ernesto Sanz y Coalición Cívica para la Afirmación de una República Igualitaria de Elisa Carrió. Increíblemente la UCR y la Coalición Cívica habían abandonado el FA-UNEN, una coalición de centroizquierda que obtuvo un gran caudal de votos en las PASO. El 9 de agosto de 2015 Macri obtuvo el triunfo en las elecciones internas (PASO) de la alianza.
El traspaso del mando debió realizarlo el Presidente Provisional del Senado, Federico Pinedo, quien tuvo a su cargo el "ejercicio del Poder Ejecutivo" durante las primeras doce horas del día 10 de diciembre de 2015 por la Ley de Acefalía Presidencial (Ley 25.716) debido a la sentencia de la jueza María Servini de Cubría que dispuso el fin del mandato de la presidente Cristina Fernández de Kirchner a la medianoche del día 9 de diciembre de 2015. La sentencia ponía fin a la controversia con ribetes "tragicómicos" que se había desatado pocos días antes de la ceremonia del traspaso del mando con motivo del lugar de realización de la misma: Cristina Fernández quería efectuarla en el Congreso y Mauricio Macri en la Casa Rosada.
Las primeras medidas del gobierno de Mauricio Macri suscitaron conflictos con la oposición.
Hubo una cuestión que produjo roces con las organizaciones de derechos humanos afines al FPV cuando Macri exigió la renuncia de la Procuradora General de la Nación Alejandra Gils Carbó, titular del Ministerio Público Fiscal desde el 29 de agosto de 2012, por considerarla un a militante kirchnerista. Pero uno de los conflictos más importantes fue el suscitado con la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA) y con la Autoridad Federal de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (AFTIC), puestas bajo dependencia del Ministerio de Comunicaciones el 12 de diciembre. El intento de forzar la renuncia de su presidente Martín Sabbatella colisionó rápidamente contra la oposición kirchnerista que se movilizó en defensa de la Ley de Medios. El 14 de diciembre se realizó la primera marcha contra el gobierno de Macri, en protesta por las acciones contra AFSCA. El 17 hubo una segunda marcha convocada por el Movimiento Evita, La Cámpora, Nuevo Encuentro, el Movimiento Nacional Latinoamericanista Juvenil, la CTA y el FPV. El 23 de diciembre se dispuso finalmente la intervención del organismo por parte de Agustín Garzón. Por el decreto 7/2016 del 4 de enero de 2016 se crea el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM), fusión de AFSCA y AFTIC, como nuevo encargado del cumplimiento de la Ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual y la Ley 27.078 Argentina Digital. El ENACOM quedaba bajo la autoridad de la Sindicatura General y de la Auditoría General de la Nación.
El Decreto de Necesidad y Urgencia 83/2015 del 14 de diciembre de 2015, amparado en el Artículo 99, Inciso 19, de la Constitución, por el que se designaban, sin aprobación del Senado, dos jueces en comisión para los cargos vacantes en la Suprema Corte de Justicia, fue criticado por todo el arco opositor e incluso por algunos aliados al gobierno. Ante las críticas y protestas a nivel nacional e internacional el presidente Macri decidió postergar el día 17 de diciembre la asunción de los magistrados en un acuerdo entre los poderes Ejecutivo y Judicial.
Al inicio del mandato Macri debió hacer frente al escándalo de la fuga del penal de General Alvear de los hermanos Lanatta (Martín y Cristian) y Victor Schilaci, en la madrugada del 27 de diciembre de 2015, procesados por el "triple crimen de General Rodríguez". Más allá del impacto mediático y las acusaciones cruzadas (el caso se enmarca en una causa por contrabando de efedrina que salpica a ex funcionarios del gobierno kirchnerista) la fuga desnudó serias complicaciones en el sistema policial. Finalmente los prófugos fueron capturados realmente (tras el anuncio de una "falsa" captura previa por el mismo Presidente vía Twitter) el 9 de enero de 2016.
Otra decisión gubernamental muy resistida son los despidos compulsivos de empleados estatales acusados de ser militantes kirchneristas o "ñoquis" ingresados masivamente en los últimos meses del gobierno de Cristina Fernández. Hasta enero de 2016 ya llegaban a 15.000 los trabajadores despedidos. A esto se suma lo que muchos denuncian como un recrudecimiento de la línea dura en la represión de las protestas sociales, evidenciada en la actuación de la Gendarmería Nacional el 22 de diciembre de 2015 para desalojar a los trabajadores de la industria avícola Cresta Roja que protestaban por los despidos masivos cortando la Autopista Ricchieri (acceso al Aeropuerto Internacional de Ezeiza). También la detención de la líder de la Organización Barrial Túpac Amaru de Jujuy, Milagro Sala, el 16 de enero de 2016, ha generado rechazo por parte de sectores sindicales y organizaciones de derechos humanos.
El gobierno de Macri encaró un proceso de reorganización del Estado a cargo del Ministerio de Modernización, creado el 10 de diciembre de 2015 en base a un organismo con iguales funciones que había instituido en diciembre de 2011 en la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Precisamente es el encargado de los masivos despidos en el área pública que amenazan la relación con los sindicatos.
Macri dispuso la creación de un gabinete económico, de manera que se ponía fin al superministerio de Economía que mantenía el kirchnerismo desde la época del gobierno de la Alianza. El gabinete económico incluiría los Ministerios de Hacienda y Finanzas, Trabajo, Energía, Producción, Transporte y el de Agricultura, Ganadería y Pesca. El modelo económico parece orientarse hacia el desarrollismo aplicado durante el gobierno de Arturo Frondizi (1958-1962) por su Secretario de Relaciones Económico-Sociales, Rogelio Frigerio (devaluación, ajuste de salarios, fomento del ingreso de capitales extranjeros). Precisamente el nieto del Secretario de Frondizi, también llamado Rogelio Frigerio, fue nombrado Ministro del Interior por Macri.
El gobierno macrista posee un innegable "perfil empresarial" y técnico. Sus primeras señales a nivel económico tienden a establecer un cambio de rumbo con respecto al kirchnerismo: anuncio de la eliminación de retenciones a las exportaciones de trigo, maíz, sorgo y carne, más una reducción de un 30% de las retenciones a las exportaciones de soja (14 de diciembre), y anuncio del fin del cepo cambiario (16 de diciembre). El 19 de enero de 2016 Macri asiste, junto al opositor Sergio Massa, al Foro Económico Mundial de Davos (algo que no se realizaba desde 2003). En política internacional se apunta a un acercamiento mayor a Washington, mientras que las relaciones con la Venezuela "chavista" no pasan por su mejor momento. 
A pesar de haber aplicado medidas impopulares y adoptado un sistema de gobierno a base de DNU, el gobierno de Macri ha utilizado de forma efectiva el área comunicacional. Su relación con la prensa es abierta y cordial y también estableció vínculos más diplomáticos con el arco político opositor (así como también normalizó las relaciones diplomáticas con Uruguay). La atmósfera de "distensión" contrasta notoriamente con la estrategia de la oposición kirchnerista centrada en una "resistencia" coordinada a la política oficial. La oposición heredó la mayoría en el Congreso. Sin embargo el 3 de febrero de 2016 se efectivizó la fractura del FPV al abandonar el bloque 15 diputados del PJ, lo cual dejó mejor aspectada la situación parlamentaria de Cambiemos.

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