lunes, 8 de febrero de 2016

HISTORIA POLÍTICA DE ESPAÑA POST-FRANQUISMO (1975-2016)






ESPAÑA

Reino de España (castellano y gallego)
Regne d’Espanya (catalán)
Espainiako Erresuma (euskera)
Regne d’Espanha (occitano)

Sistema y forma de gobierno: Estado social y democrático de derecho y Monarquía parlamentaria (Constitución española en vigor desde el 29 de diciembre de 1978)
Capital: Madrid (por Ley de Capitalidad y Régimen Especial de Madrid aprobada por el Parlamento el 21 de junio de 2006; establecida oficialmente en las Constituciones de 1978 y 1931; de hecho desde 1606; fijada como sede de la Monarquía en 1561)
Idioma oficial e idiomas cooficiales: español o castellano, catalán, gallego, euskera y occitano.
Población: 47.129.783 hab. (INE-Padrón Municipal 2013)
Superficie: 504.645 km2
El Reino de España es una monarquía parlamentaria. El Rey es el jefe de Estado, comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, representante del Estado español en las relaciones internacionales, árbitro y moderador del funcionamiento de las instituciones aunque no posee iniciativa propia en sus actos políticos. De todos modos tiene la potestad tanto de convocar como de disolver las Cortes Generales, convocando a nuevas elecciones. También puede convocar a referéndum. El órgano supremo de representación del pueblo español es el Poder Legislativo representado por las Cortes Generales. Éstas se componen de dos Cámaras: el Congreso de Diputados (Cámara Baja) y el Senado (Cámara Alta). Todos sus componentes se renuevan cada cuatro años por sufragio universal. La Cámara Baja se compone de 350 diputados (según establece la Ley Orgánica de Régimen Electoral general de 1985), 102 de ellos correspondientes a los representantes provinciales (dos por provincia, uno por las dos ciudades autónomas de Ceuta y Melilla) y el resto se asigna de forma proporcional a la población de derecho. Los escaños se distribuyen por representación proporcional plurinominal por el sistema de D’Hont. Por su parte la Cámara Alta se integra con 259 escaños, 208 de los cuales se eligen por sufragio directo (cuatro senadores por provincia), mientras que el resto es designado por los órganos legislativos autonómicos en momentos distintos al de las elecciones generales. Ambas Cámaras eligen sus respectivos Presidentes, pero el Presidente del Congreso es el más relevante (en el sistema español el Senado es más dependiente del Congreso de Diputados). De hecho el Presidente del Congreso refrenda al Presidente del Gobierno, presentado por el Rey, y el mismo Congreso puede destituirlo mediante una moción de censura.

El Presidente del Gobierno es el jefe de Gobierno y representante máximo del Poder Ejecutivo. Normalmente es elegido el líder del partido o coalición preelectoral que obtuvo mayoría absoluta en primera votación o mayoría simple en segunda votación. El Presidente nombra al Consejo de Ministros, formado por los Vicepresidentes (Primero, Segundo y Tercero) del Gobierno, Ministros (13 Ministerios), Secretario de Estado y Subsecretario de Estado.

El Poder Judicial está gobernado por el Consejo General del Poder Judicial, un órgano compuesto por 21 miembros: el Presidente del Tribunal Supremo, 10 jueces elegidos por el Senado y 10 elegidos por el Congreso. La instancia máxima del sistema judicial es el Tribunal Supremo, seguido por la Audiencia Nacional y el Tribunal Constitucional. Sus miembros son nombrados por el Rey a propuesta del Consejo General.


ORGANIZACIONES INTERNACIONALES QUE INTEGRA

Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI): 16 a 25 de octubre de 1949. Organización de las Naciones Unidas (ONU): 14 de diciembre de 1955. Organización Internacional del Trabajo (OIT): 28 de mayo de 1956 (reingreso tras formar parte previamente de 1919 a 1941). Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE): 3 de agosto de 1961. Organización para la Cooperación y Seguridad de Europa (OSCE): 25 de junio de 1973. Consejo de Europa (CdE): 24 de noviembre de 1977. Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN): 30 de mayo de 1982. Unión Europea (UE): 1 de enero de 1986. Asociación de Estados Iberoamericanos para el Desarrollo de las Bibliotecas Nacionales de Iberoamérica (ABINIA): 14 de diciembre de 1989. Banco Europeo para la Reconstrucción y el Desarrollo (BERD): julio de 1991. G-20: 15-16 de diciembre de 1999. Agencia Europea de Defensa (AED): 12 de julio de 2004.

 

ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA

España constituye un Estado formalmente unitario, que funciona como una federación descentralizada de comunidades autónomas con diferentes grados de autogobierno. Su capital es Madrid. Comprende 16 Comunidades Autónomas, 1 Comunidad Foral, 2 Ciudades Autónomas, 3 Plazas de Soberanía y 1 territorio con estatuto indefinido.

Las Comunidades Autónomas de España son: Andalucía, Aragón, Principado de Asturias, Islas Baleares, Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cataluña, Comunidad Valenciana, Extremadura, Galicia, La Rioja, Comunidad de Madrid, País Vasco y Región de Murcia. La Comunidad Foral es Navarra. Las Ciudades Autónomas son: Ceuta y Melilla. Las Plazas de Soberanía son: Islas Chafarinas, Islas Alhucemas y Peñón de Vélez de la Gomera. El territorio con estatuto indefinido es Isla de Perejil.

España reclama al Reino Unido el Territorio Británico de Ultramar de Gibraltar, y a Portugal las Islas Salvajes (incluidas en la Región Autónoma de Madeira). Por otro lado Marruecos reclama a España las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, las plazas de soberanía de Islas Chafarinas, Islas Alhucemas y Peñón de Vélez de la Gomera, el término municipal almeriense Isla de Alborán y la isla de Perejil (con estatuto indefinido). Algunos sectores radicales marroquíes incluyen a las Islas Canarias dentro de los reclamos territoriales.

Portugal desconoce la soberanía de España sobre los municipios de Olivenza y Táliga, incorporados a la provincia de Badajoz dentro de la comunidad autónoma de Extremadura.
Existen en España organizaciones que reclaman la independencia de Galicia, Cataluña, Navarra y País Vasco. Existen también movimientos nacionalistas activos en Islas Canarias. En menor medida también los hay en Baleares, Valencia, Asturias, Andalucía, Valle de Arán, Extremadura, Cantabria y Aragón. Por otro lado están los movimientos regionalistas y provincialistas de Cantabria, Murcia, Baleares, Valencia, La Rioja, Navarra, Álava, La Mancha, Castilla-León, Extremadura, León, Castilla, Andalucía, Andalucía Oriental, Málaga, Almería, Cartagena, El Bierzo y Campo de Gibraltar


EVOLUCIÓN INSTITUCIONAL

El término es presuntamente de origen fenicio: i-spn-ya, traducido por fuentes latinas como “tierra abundante en conejos”. Se han propuesto otras traducciones: “tierra del Norte” (Cándido María Trigueros) o “tierra en la que se forjan metales” (Jesús Luis Cunchillos). También se han sugerido otras posibilidades alternativas respecto al origen del término. Según Antonio de Nebrija sería una derivación de Spal (isla de Baal, en fenicio), nombre de la primitiva ciudad de Sevilla (cambiada a Colonia Iulia Romula Hispalis por los romanos). Para Juan Antonio Moguel provendría del vascuence Izpania (“que parte el mar”).

El territorio histórico-geográfico que comienza a ser conocido como Hispania en algún momento de la Antigüedad clásica posee una continuidad etno-histórica de varios milenios. Sin embargo la evolución institucional es discontinua y no coincidente con una presunta identidad nacional con raíces ibero-célticas, púnicas, latinas, góticas o árabes que se ha construido en momentos históricos recientes. La construcción del concepto de “Nación Española” parte de una noción difusa, considerada como “pre-nacional” por algunos autores, utilizada por representantes de las clases privilegiadas en la España renacentista. El concepto adquiere forma en el contexto de las ideas ilustradas contractualistas y su catalizador es la Guerra de Independencia contra Napoleón. Adquiere importancia en el texto constitucional de la Revolución liberal de 1812. Pero la idea de soberanía residiendo en la nación (el conjunto de los ciudadanos) fue acotada o suprimida en los subsiguientes textos constitucionales vigentes en el marco del sistema monárquico. La nación se mantuvo pero la soberanía fue restringida al Rey y las Cortes. Finalmente el franquismo se asienta en un concepto unitario, centralista y excluyente de nación o pueblo español, negando las autonomías regionales entre otras cosas. En el franquismo la nación no posee la soberanía. El franquismo generó un concepto radicalizado de nacionalismo español asociado con el catolicismo y las ideologías políticas de ultraderecha. No obstante existen variantes moderadas del nacionalismo que identifican el pueblo con el Estado Español más allá de las diferencias. También se da una variante nacionalista llamada panhispanismo, que busca la unidad de los pueblos de cultura hispánica.

 

El actual Estado español surge a partir de la instauración de un Estado social y democrático de derecho constituido como una Monarquía parlamentaria por una Constitución aprobada por el Congreso el 31 de octubre de 1978 y ratificada por un referéndum el 6 de diciembre de 1978. La Constitución venía a sustituir las ocho Leyes Fundamentales del Reino vigentes durante el franquismo. El sistema político franquista, de carácter católico y falangista, fue derogado tras la aprobación de la octava Ley Fundamental, la Ley para la Reforma Política (sometida a referéndum el 15 de diciembre de 1976 y promulgada el 4 de enero de 1977). El proceso hacia una salida democrática se activó tras la muerte de Francisco Franco el 20 de noviembre de 1975, sucediéndolo el Rey Juan Carlos I de Borbón (quien asumió el 22 de noviembre tras asumir el Consejo de Regencia transitoriamente la jefatura de Estado) por la Ley Fundamental de Sucesión en la Jefatura de Estado (julio de 1947). Desde el 8 de junio de 1973 la jefatura de Gobierno no era ejercida por Franco, lo cual abrió las puertas a un proceso “aperturista” dentro del régimen.
Al asumir Juan Carlos I comienza formalmente la Transición (1975-1978). El proceso culmina con la Legislatura Constituyente (13 de julio de 1977-22 de marzo de 1979) que asume tras el triunfo por mayoría simple de la centro-derechista Unión de Centro Democrático (UCD) de Adolfo Suárez González (el último Presidente de Gobierno del franquismo) en las elecciones generales del miércoles 15 de junio de 1977. Suárez volvería a presidir la I Legislatura (23 de marzo de 1979-17 de noviembre de 1982) hasta su dimisión el 29 de enero de 1981 en medio de una creciente inestabilidad que tuvo su punto de ebullición en el fallido golpe de Estado militar del 23 de febrero de 1981 (23-F). Completó la presidencia de Gobierno de la I Legislatura Leopoldo Calvo-Sotelo (25 de febrero de 1981-1 de diciembre de 1982).


La II Legislatura (18 de noviembre de 1982-14 de julio de 1986) significó el ascenso por mayoría absoluta del izquierdista Partido Socialista Obrero Español (PSOE). El Presidente del Gobierno fue Felipe González, representante del ala reformista o socialdemócrata (que impulsaba el abandono de las tesis marxistas). A pesar de los notorios avances en cuestiones sociales en el marco de un modelo de Estado de Bienestar, el socialismo mantuvo en lo económico un pragmatismo liberal centrado en la reducción de la inflación. De todos modos Felipe González obtuvo la reelección para la III Legislatura (15 de julio de 1986-20 de noviembre de 1989),  la IV Legislatura (21 de noviembre de 1989-28 de junio de 1993) y la V Legislatura (29 de junio de 1993-26 de marzo de 1996). El PSOE revalidaba la mayoría absoluta de los escaños en la III Legislatura, pero ganó por mayoría simple en las dos últimas. El socialismo fue perdiendo paulatinamente apoyo popular desde principios de los 90 debido a la crisis económica iniciada en el estallido de la burbuja inmobiliaria en Japón (1988-1990) y agravada tanto por el shock del precio del crudo producto de la Guerra del Golfo (2 de agosto de 1990-28 de febrero de 1991) como por la peor sequía española del siglo XX que tuvo sus picos máximos en 1995. La llamada Crisis de 1993 tuvo su peor momento en el Jueves Negro del 13 de mayo de 1993. El liderazgo de González se vio seriamente comprometido tras las sospechas de implicancia en la “guerra sucia” llevada a cabo por los Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL) contra la banda terrorista vasca ETA entre los años 1983 y 1987. Tras el resultado electoral de las elecciones generales del 6 de junio de 1993 el PSOE descartó pactar con Izquierda Unida (IU) y decidió asociarse en el gobierno con dos fuerzas nacionalistas de centro-derecha: Convergencia y Unió (CiU), de Jordi Pujol, y el Partido Nacionalista Vasco (PNV). En 1995 el CiU abandonaba el pacto provocando la caída del gobierno y la convocatoria a elecciones anticipadas. Celebradas el 3 de marzo de 1996 dieron el triunfo por mayoría simple al centro-derechista Partido Popular (PP) de José María Aznar.

La VI Legislatura (27 de marzo de 1996-4 de abril de 2000) se constituyó con el gobierno de una mayoría formada tras el Pacto del Majestic (28 de abril de 1996) por el Partido Popular (PP), Convergencia y Unió (CiU), Partido Nacionalista Vasco (PNV) y Coalición Canaria (CC) que apoyó la Presidencia del Gobierno de Aznar. El Partido Popular obtuvo mayoría absoluta en la VII Legislatura (5 de abril de 2000-1 de abril de 2004) y Aznar volvió a ser Presidente del Gobierno. Durante las dos legislaturas del PP se efectuó un giro neoliberal en materia económica a la vez que se producía un retroceso en materia social. Apoyado en el ciclo de bonanza económica iniciado en 1997 y en la afluencia de capitales recibidos a través de los Fondos Estructurales (período 1994-1999), la PAC (Política Agrícola Común) y el Fondo de Cohesión, todos de la Unión Europea, el PP se dedicó a realizar los deberes para facilitar el acceso de España a la Unión Monetaria (cosa que ocurre el 1 de enero de 1999 tras ser incluida el 2 de mayo de 1988 en el grupo inicial de 11 países): inflación inferior al 2,7% (Aznar la redujo al 2%), tipos de interés a largo plazo inferiores al 7,8% (fueron reducidos al 5%), reducción del déficit de las Administraciones Públicas a menos del 3% (pasaron al 1% del P.I.B. en 2000) y reducción de la Deuda Pública por debajo del 60%. (con las privatizaciones la reducción pasó de 68 a 63%). El gobierno de Aznar implementó un vasto programa de liberalización de la economía y privatización de empresas públicas, a la vez que recortó el gasto en protección social un 9%. Muchas medidas de privatización fueron frenadas por la oposición de izquierda en el Congreso. En 1999 se redujo el IRPF (2% a las rentas más bajas y un 6% a las más altas). En 2001 impuso una Ley de Educación que no solo endurecía el sistema de pasaje de grado sino que hacía obligatoria la enseñanza de Religión. El desempleo se redujo en 7 puntos porcentuales pero el poder adquisitivo de los trabajadores sufrió un retraso de un 4% debido al bajo porcentaje de aumento de los salarios (3%) en relación con el beneficio empresarial (30%) y el aumento de los precios (fenómeno típico en una economía desregulada). Durante la segunda legislatura de Aznar se aprueba la suspensión del servicio militar obligatorio (2001). Sin embargo España se alinea con Estados Unidos e ingresa plenamente en la OTAN (1999) y forma parte de varias acciones militares en el extranjero: Bombardeo de Yugoslavia (1999), Invasión de Irak (2003). A la vez logró el apoyo de la OTAN y de Estados Unidos en la crisis por la Isla Perejil con Marruecos (julio 2002). El gobierno de Aznar fue acusado por el Consejo de Europa por realizar prácticas de manipulación informativa a través de Televisión Pública Española (TVE).

De todos modos el nivel de popularidad del gobierno se mantuvo oscilante en niveles aceptables en competencia con el PSOE hasta los Atentados del 11 de Marzo de 2004 (11-M). La mala gestión de la crisis producida por dichos ataques islamistas (consecuencia directa de la intervención española en la Invasión de Irak de 2003) puso de relieve la tendencia del gobierno de Aznar a reaccionar negativamente ante las crisis. Ya lo había demostrado en otros incidentes: el accidente del petrolero Prestige (19 de noviembre de 2002) y accidente del Yákolev Yak-42 en Turquía (26 de mayo de 2003). El 11-M produjo la ruptura del pacto Anti-terrorista firmado entre el PP y el PSOE el 8 de diciembre de 2000. En las elecciones generales de 14 de marzo de 2004 el PSOE vuelve al poder con mayoría simple.

La VIII Legislatura (2 de abril de 2004-31 de marzo de 2008) es presidida por José Luis Rodríguez Zapatero. El PSOE logra aislar al PP, a pesar de que éste cuenta con la mayoría simple en el Senado, a través de acuerdos con los izquierdistas Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds (IU-ICV), Bloque Nacionalista Galego (BNG) y Chunta Aragonesista (CHA), más la centroderechista Coalición Canaria (CC). En ocasiones hubo apoyos también de los centro-derechistas Convergencia i Unió (CiU) y Partido Nacionalista Vasco (PNV). El socialismo debió enfrentar a lo largo de su gestión la tenaz oposición de la Iglesia Católica, el Consejo General del Poder Judicial (dominado por conservadores) y los medios de comunicación afines al PP. La Ley Orgánica de Educación (3 de mayo de 2006), introduce nuevamente aspectos sociales progresistas y pone en cuestión la asignatura de Religión al hacerla opcional (también introduce la asignatura Educación para la Ciudadanía). La Reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (aprobada el 1 de diciembre de 2004) impuso una mayoría de tres quintos de los votos para el nombramiento de los jueces y magistrados, lo que impide el total predominio de un sector sobre otro (obligando a los acuerdos). El socialismo aprobó leyes de servicios sociales, aprobó el matrimonio homosexual, reformas de los Estatutos de Autonomía y modificó aspectos sustanciales de la política económica del gobierno anterior, si bien no se apartó del pragmatismo liberal. De hecho se logró atraer inversión extranjera en empresas españolas. Por otro lado hubo un inicio de Proceso de Paz con ETA (2003-2006), se retiraron las tropas de Irak y se promovió la Alianza de Civilizaciones en la ONU (idea propuesta por Rodríguez Zapatero en la 59ª Asamblea general de la ONU del 21 de septiembre de 2004).

La IX Legislatura (1 de abril de 2008-13 de diciembre de 2011) también estuvo presidida por José Luis Rodríguez Zapatero. El PSOE se impuso por mayoría simple y no logró la mayoría absoluta en las Cámaras (el Presidente del Gobierno fue confirmado tras dos rondas de votación). Debió gobernar con la oposición liderada por el bloque del Partido Popular-Unión del Pueblo Navarro (PP-UPN). Todas las medidas tomadas por el gobierno estuvieron destinadas a contener los efectos devastadores de la Crisis Inmobiliaria española de 2008. La misma era parte de la Crisis Financiera Mundial de 2008 originada en la Crisis de las Hipotecas o Créditos subprime (junio-agosto de 2007) iniciada en Estados Unidos como consecuencia de una política de desregulación de los mercados, baja de impuestos y de tipos de interés y expansión del crédito que puso en marcha el gobierno estadounidense tras los Atentados del 11 de septiembre de 2001. La burbuja inmobiliaria subsiguiente terminó generando una crisis que llevó a la quiebra a varias grandes casas bancarias e inversionistas (entre ellas Lehman Brothers Holding Inc.). En España el desplome del sector inmobiliario se aceleró en el primer trimestre del 2008 y continuó agravándose en el 2009.El gobierno socialista impulsó medidas de tipo intervencionista en materia social y económica, si bien fueron notoriamente tibias e insuficientes. Hubo subvenciones a los alquileres e intentos de reactivación del sector a través de las licitaciones de obra pública. También hubo planes de incentivo del empleo y de reactivación de la industria automovilística. El Banco de España intervino las entidades financieras. Las críticas arreciaron contra el gobierno debido a su falta de profundidad en las medidas de contención, las cuales buscaban no disparar el gasto público. De hecho se aprobó una reducción del 5% del sueldo de los funcionarios públicos y la supresión de algunos beneficios sociales (medidas que aseguraron el Superávit en la Seguridad Social, pero que causaron un efecto muy negativo en la población). El desempleo y las ejecuciones hipotecarias masivas crearon un efecto general de descontento que disparó las protestas: huelga de transportistas en 2008 y crisis de los controladores aéreos en 2010. A esto debe sumarse la sequía que afectó a la provincia de Barcelona desde 2008 y el reinicio de las acciones terroristas por parte de ETA ese mismo año. También en 2008 se realizó una gran operación de la Policía Nacional contra la organización mafiosa rusa Troika con resultados positivos (hubo una operación anterior en 2005). En política exterior España tuvo presencia militar en Afganistán y participó en la Guerra de Libia de 2011. También hubo un final feliz para el incidente del secuestro del barco Playa de Baiko por piratas somalíes (20 al 26 de abril de 2008). Discusiones públicas sobredimensionadas, como el debate sobre la Ley Sinde (de regulación de descargas de INTERNET), que es una pequeña parte de una ley mucho más amplia llamada Ley de Economía Sostenible (4 de marzo de 2011), o la reacción ante la Reforma de la Legislación Laboral (16 de junio de 2010), dispararon una escalada de conflictos masivos. La Reforma Laboral proponía normas de flexibilización de los contratos laborales pero establecía normativas de acuerdos laborales y penalización de los contratos temporales. Las dos principales sindicales españolas (Comisiones Obreras y Unión General de Trabajadores) convocaron a una Huelga General el 29 de junio de 2010 (29-J) contra le Reforma de la Legislación Laboral y contra el proyecto de Reforma del Sistema Público de Pensiones. Sin embargo también la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) se opuso a la Reforma Laboral.

Pero la consecuencia más notable de este descontento fue la espontánea manifestación masiva del 15 de mayo de 2011 (15-M), que sería el punto de partida del Movimiento de los Indignados o Movimiento 15-M. El 15-M se inspiró en la Revuelta de Grecia, disparada el 6 de diciembre de 2008, y fue convocada por organizaciones de activistas de la web: Democracia Real Ya (DRY), Estado del Malestar, Juventud Sin Futuro, Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), X.net, No Les Votes, ATTAC, y otros menores. La principal de ellas es Democracia Real Ya (DRY), creadora del Manifiesto que establece las pautas ideológicas del Movimiento 15-M. Básicamente se definen como antineoliberales (forman parte de los movimientos anti-globalización), progresistas (en esencia anti-conservadores), apartidistas y asindicales. De algún modo proponen una especie de democracia horizontal y directa. Si bien DRY no se considera una organización anti-sistema otros grupos dentro del Movimiento 15-M tenían posturas más radicales en ese sentido.

El gobierno de Rodríguez Zapatero decidió adelantar las elecciones, previstas para el 8 de abril de 2012, para el 20 de noviembre de 2011. El Partido Popular (PP), con su candidato Mariano Rajoy, obtuvo la mayoría absoluta con el 44,63% de los votos, mientras que el PSOE  tuvo su peor votación desde la restauración democrática recibiendo solamente el 28,76% de los votos. Por contraparte accedieron al Congreso nuevas fuerzas políticas, tanto de izquierda como de derecha, marcando una tendencia a la heterogeneidad y a la atenuación del bipartidismo (y también evidenciando la extrema dispersión del voto). De todos modos la mayoría absoluta del PP (y el apoyo de los bloques derechistas del Congreso) daban una amplia base al gobierno de la X Legislatura (13 de diciembre de 2011 a 27 de octubre de 2015) para implementar medidas de ajuste neoliberales sin atenuantes con el objetivo de hacer frente a la Recesión: el Decreto del 30 de diciembre de 2011 estableció la segunda mayor suba de impuestos de la historia reciente española y el más grande recorte del gasto público, alineándose a las exigencias de la Unión Europea. Al drástico ajuste se sumó el 5 de enero un plan para la lucha contra el fraude fiscal. El 27 de enero el Consejo de Ministros aprueba el anteproyecto de la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera de las Administraciones Públicas que establecía los límites para el gasto.

El 13 de marzo de 2012 el Eurogrupo establecía el objetivo de déficit para España en 5,4% para 2012, obligando a nuevos recortes de hasta 5.000 millones de euros. El 7 de marzo el gobierno anuncia un recorte del gasto público de un 40% y la eliminación de la duplicidad en organismos autonómicos. El 30 de marzo se presenta el proyecto de Presupuestos Generales del Estado con el nuevo recorte de la inversión pública y una nueva suba de impuestos centrada en las grandes empresas (sin embargo no se tocaron ni el seguro de desempleo ni las pensiones ni los sueldos de funcionarios). Además se incluía una “amnistía fiscal”, ante la cual el PSOE impuso un recurso en el Tribunal Constitucional. El 10 de febrero se presenta el decreto de reforma laboral cuyo objetivo es dinamizar el sector empresarial a la vez que estabilizar el empleo. El decreto contó con el apoyo en general de las patronales pero alineó en su contra a la izquierda y los sindicatos. Éstos convocaron la huelga general el 29 de marzo.

El 20 de marzo el gobierno concretó un recorte importante del gasto en salud y en educación. La medida incluía además el copago farmacéutico por los pensionistas (con un tope de entre 8 y 18 euros según la renta) y medidas educativas como el aumento de la ratio de alumnos por aula de hasta un 20%, aumento de horas lectivas del profesorado, recortes salariales docentes, aumentos en tasas universitarias y en Formación Profesional de Grado Superior. La oposición calificó estas medidas de “agresión” sin precedentes. El 22 de mayo se decretó la primera huelga unitaria de la enseñanza pública en la historia democrática de España. Anteriormente entre el 15 y el 20 de febrero de 2012 se sucedieron las manifestaciones estudiantiles en la Comunidad Valenciana conocidas como Primavera Valenciana en contra de los recortes en educación y que fueron reprimidas duramente por la policía.

El 3 de febrero y el 11 de mayo  de 2012 se aprueban dos reformas financieras con el objetivo de sanear el sistema bancario, impulsar el crédito y también las fusiones de los grupos financieros. El 30 de mayo la Comisión Europea aprueba la venta de la Caja del Mediterráneo de la Comunidad Valenciana (que había sido intervenida por el Estado el 22 de julio de 2011) al Banco Sabadell. Inmediatamente la entidad privada inicia un drástico plan de ajuste, que incluyó cierre de oficinas y despidos masivos. En mayo de 2012 también se anunció un plan de rescate financiero a través del FROB (Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria) a la entidad bancaria Bankia (sumándose al rescate del holding Banco Financiero y de Ahorros ocurrido en 2010), lo que precipitó la renuncia del presidente de ambas instituciones (por presión del gobierno según analistas), Rodrigo Rato, el 7 de mayo. El 9 de mayo se produce la nacionalización del BFA. El 25 de mayo, a pedido del Bankia, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) suspende la cotización de las acciones de la entidad bancaria. Ese mismo día su Consejo de Administración solicita un gigantesco rescate financiero para el BFA (el mayor de la historia española y uno de los más grandes de la historia europea) y luego sus integrantes dimiten en bloque. El 28 de mayo, el lunes negro, las acciones de Bankia se desmoronan arrastrando a todo el sistema bancario español. Ese mismo día Rajoy anuncia que no habrá rescate financiero del sistema bancario, aunque continuará la operación de intervención en Bankia (lo que ocasionó roces con la oposición). El gobierno se negó a dar explicaciones respecto a la gestión de la crisis de Bankia, pero a la renuncia del gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez (29 de mayo) se sumó la crítica de Mario Draghi, director del Banco Central Europeo, el 31 de mayo, y el informe muy crítico de Rodrigo Rato del 1 de junio. Tras la Semana Negra (28 de mayo-1 de junio de 2012) la situación bancaria no dio señales de recuperación, pese a que Rajoy intentó bajar el tono a los anuncios apocalípticos. El 6 de junio el Fiscal General del Estado, Eduardo Torres-Dulce, informó de la investigación que la Fiscalía Anticorrupción realizaba sobre Bankia desde el 20 de mayo. Debido a las presiones y denuncias finalmente el 10 de julio el PP permitió la comparecencia de directivos y responsables políticos en la crisis de Bankia a la Cámara de Diputados.

A pesar de la persistente negativa de Rajoy a considerar que España necesitaba un rescate, el hecho es que solicitó y recibió uno de hasta 100 mil millones de euros de la Unión Europea el día 9 de junio de 2012. Rajoy de todos modos se negó a llamarlo “rescate” prefiriendo la denominación de “préstamo”, lo que lo hizo blanco de burlas y críticas hasta de la revista Time. Lo cierto es que el gobierno español aceptaba la intervención de la Comisión Europea y del BCE para vigilar el cumplimiento de la reducción del déficit público para hacer frente a las obligaciones de deuda contraídas. El resultado fue una nueva semana negra. El PSOE habló de ataque de los mercados y ofreció una alianza nacional. No obstante Rajoy consiguió imponer en la Reunión del Consejo Europeo del 28-29 de junio, con apoyo de Francia e Italia, la tesis de separación entre “deuda pública o soberana” y “deuda bancaria”, lo que implicaba que el rescate iría exclusivamente al sector privado sin pasar por el Estado. El 9-10 de julio el Eurogrupo aprueba las condiciones para el rescate bancario español, el cual quedará bajo supervisión de la “troika” (Comisión Europea, Banco Central Europeo, FMI). El 11 de junio Rajoy anunciaba el más grande ajuste fiscal de la historia democrática española (65 mil millones de euros). El 19 de junio se realizaron masivas manifestaciones sindicales contra el ajuste. Sin embargo los recortes continuaron, afectando a la Seguridad Social (en especial la cobertura médica y la asistencia a inmigrantes ilegales). El 31 de agosto se presentaba la tercera reforma del sistema financiero, que ampliaba los poderes del FROB y el banco de España sobre los bancos intervenidos y creaba un “banco malo” para sanear los activos dañados de la banca.

Para colmo España no pasaba por su mejor momento en las relaciones internacionales. El 16 de abril el gobierno argentino nacionaliza YPF (filial de la empresa española Repsol) y el 1 de mayo Bolivia nacionalizaba la filial local de la Red Eléctrica de España. El gobierno español expresó enérgicas protestas, que se sumaron a la nueva crisis con el Reino Unido cuando el 29 de mayo el Ministro de Asuntos Exteriores José Manuel García-Margallo anunció la presentación de una demanda ante la UE por la reducción del impuesto de sociedades que beneficia a empresas con domicilio fiscal en Gibraltar que operan en España. Durante 2012 y 2013 las relaciones con el Reino Unido continuaron tensas por la cuestión de la jurisdicción sobre aguas territoriales próximas al Peñón de Gibraltar.

La política de ajustes continuó implacablemente entre enero y octubre de 2013, lo que se tradujo en un aumento de la conflictividad social. También aumentó la emigración de ciudadanos españoles. El gobierno español endureció la normatividad en materia de seguridad a través del proyecto de reforma del Código Penal (14 de septiembre de 2012) y el proyecto de Ley de Seguridad Ciudadana (29 de noviembre de 2013). La Ley de Seguridad Ciudadana (llamada “ley mordaza” por la oposición) fue aprobada el 11 de julio de 2014 por el gobierno. En marzo de 2014 el Congreso aprobaba la propuesta del PP de limitación de la aplicación del principio de justicia universal por los tribunales españoles (lo que le valió al gobierno la protesta de la Fundación Baltasar Garzón en el Congreso de Madrid del 23 de mayo). El 20 de diciembre hubo manifestaciones populares contra la “ley mordaza”.

Sin embargo el 14 de noviembre de 2013 el Eurogrupo anunciaba el fin del rescate financiero de la banca española. Aunque algunos números de la actividad económica dieron pie a considerar el fin de la recesión en 2013, ese mismo año (en abril) el desempleo llegaba al 27,16% y más de 3 millones de personas estaban afectadas por la pobreza extrema (Cáritas, informe del 10 de octubre). El informe de la Encuesta de Población Activa del III Trimestre (24 de octubre) registra un descenso del desempleo de 72.800 personas. A esto se suma el leve aumento en un 3,3% en la venta de automóviles. El crecimiento del PIB en un 0,3% en el IV Trimestre de 2013 finalmente llevó al gobierno a anunciar el fin de la segunda recesión, además de pasar a la ofensiva respecto a las críticas del PSOE acusándolo de ser “parte responsable” del “calvario”. Lo cierto es que el PIB continuó creciendo en forma sostenida durante 2014. El 31 de mayo se anunció la rebaja del impuesto de sociedades de las grandes empresas y la puesta en marcha de un plan de recuperación económica con financiación del sector público (en coordinación con las medidas de reactivación de la economía europea anunciadas por el Banco Central Europeo). El 13 de junio se realizó la privatización parcial de AENA AEROPUERTOS S.A. También se anunció una rebaja del IRPF a las rentas más altas y a las más bajas. Si bien el 20 de diciembre de 2013 un decreto había aumentado las facilidades de las empresas para contratar trabajadores a tiempo parcial, en 2014 hubo incentivos a empresas que efectuaran contratos por tiempo indefinido de jóvenes de hasta 25 años. El 15 de diciembre se firmaba un pacto social que concedía 426 euros a los parados sin cobertura de desempleo. Sin embargo el 17 de diciembre de 2014 el Tribunal Supremo emitió una sentencia que mantenía la vigencia de los derechos de los trabajadores establecidos en los convenios colectivos prorrogados al no haber acuerdos para renovarlos, lo que significó un duro golpe para la Reforma Laboral de 2012.

El gobierno de Rajoy se mantuvo alineado con la OTAN respecto a la cuestión del retiro gradual de las tropas en Afganistán. El 29 de mayo de 2012 se produjo la expulsión del embajador de Siria en repudio por la matanza de Hula. El 17 de julio de 2012 también se anunció el retiro de la mitad de las tropas españolas que integraban la FINUL (Fuerza Interina de Naciones Unidas para el Líbano). El 14 de mayo y el 30 de mayo de 2014 se desarticularon células yihadistas en Melilla que reclutaban combatientes para Siria y Malí.

La lucha contra la corrupción fue una política de Estado que se concretó con la aprobación el 27 de julio de 2012 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno. La aplicación de esta política dio resultados espectaculares como la Operación Púnica del 27 de octubre de 2014 en la que 51 políticos fueron arrestados por la Guardia Civil implicados en una trama de corrupción basada en adjudicación de servicios públicos. El 21 de noviembre de 2014 la popular cantante Isabel Pantoja fue condenada a dos años de prisión por blanqueo de capitales. Pero tampoco el gobierno del PP se vio libre de acusaciones y escándalos de corrupción. El 26 de noviembre la ministra de Sanidad, Servicios Sociales  e Igualdad, Ana Mato, dimite tras su comparecencia en la justicia tras su implicancia en el Caso Gürtel. Ésta trama de corrupción política era una derivación del Caso Bárcenas. Este caso saltó a la opinión pública al darse a conocer a través del diario El País los “papeles de Bárcenas”, que implicaban a Mariano Rajoy y otros cargos del PP en una red de corrupción basada en una contabilidad paralela o sobresueldos durante el gobierno de José María Aznar entre 1997 y 1999. El 4 de diciembre de 2014 también se conocía el informe de los peritos del Banco de España confirmando el maquillaje de las cuentas de Bankia cuando salió a la Bolsa en 2011.

La corrupción salpicó también al círculo monárquico. El 25 de junio de 2014 la infanta Cristina de Borbón y Grecia, hermana del Rey Felipe VI, fue imputada por delito fiscal y blanqueo de capitales en el caso Noós (o caso Urdangarín).

El gobierno de Rajoy tuvo un punto de tensión cuando se presentó el 20 de diciembre de 2013, por presión de la curia y sectores conservadores antiabortistas, un proyecto de reforma de la Ley de Aborto aprobada en 2006 por el gobierno socialista. Las masivas protestas de organizaciones de defensa de los derechos de las mujeres y otros grupos, incluyendo a la oposición, llevaron a que sectores del propio PP aconsejaran la paralización de la reforma. El gobierno cedió, lo que produjo la dimisión del ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, el 23 de septiembre de 2014.

El gobierno de Rajoy fue resistido asimismo por la modificación de la Ley de Costas de 1985 el 30 de mayo de 2013 para evitar el desalojo (a partir de 2018) de viviendas construidas sobre el Dominio Público Marítimo-Terrestre. También la política cultural del gobierno mereció repudio de artistas y la dimisión de Susana de la Sierra el 17 de julio de 2014 como directora del ICAA (Instituto de la Cinematografía y de las Artes Visuales). El 17 de mayo de 2012 se aprueba por decreto el nuevo modo de elegir al presidente de RTVE: por mayoría absoluta. La medida fue repudiada por el PSOE ya que abría la televisión nacional al control partidario evitando el consenso. Polémicas también fueron las aprobaciones de las leyes de Propiedad Intelectual (14 de febrero de 2014) y Ley de Mecenazgo, así como el impulso a la puesta en valor de la tauromaquia. La ley de Mecenazgo fue anunciada el 2 de febrero de 2012, pero finalmente fue desestimada, si bien muchos de sus puntos están incorporados en la Ley de Reforma Fiscal que entró en vigor el 1 de enero de  2015 (impulso de la participación civil y empresarial en la Cultura). La Reforma Fiscal planteó una rebaja del IRPF, de las retenciones para autónomos y del tipo de cambio. También busca estimular los planes de ahorro a mediano y largo plazo.

También fue muy resistida la Ley Orgánica para la Mejora Educativa, aprobada el 28 de noviembre de 2013 con el único apoyo del PP. Su intención es apuntar a la calidad de la educación y disminuir la deserción temprana, mejorando los resultados educativos con criterios internacionales, incorporando pruebas de evaluación final para obtener el título de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Programas  para la mejora del aprendizaje y el rendimiento en ESO, educación plurilingüe y énfasis en las “asignaturas troncales”. La Ley amplía las competencias del director en detrimento del Consejo Escolar, reincorpora la asignatura de religión y permite la suscripción de conciertos con las Administraciones educativas por parte de los centros con educación diferenciada por sexos, entre sus puntos más polémicos (o quizá retrógrados). 

El caso Noós socavó la confianza y el prestigio de la Monarquía hasta el punto que, el 2 de junio de 2014 el Rey Juan Carlos I anuncia su abdicación. El 7 de junio se realizaron manifestaciones pidiendo la realización de un referéndum sobre Monarquía o República a la vez que en Valencia la Fundación España Constitucional (formada por 34 ex ministros socialistas y populares) defendía la Monarquía Constitucional. Tras la aprobación por el Congreso el 11 de julio y la ratificación por el Senado el 17 de la Ley Orgánica de abdicación del Rey, éste la firma el 18. El 19 de junio de 2014 Felipe VI es proclamado Rey de España.

Esta legislatura se benefició de un hecho ocurrido a finales de la legislatura anterior: el anuncio vía comunicado en las ediciones digitales de los diarios Gara y Berria del cese definitivo de la acción armada por parte de ETA (20 de octubre de 2011), tres días después de la Conferencia Internacional de Paz de San Sebastián. No obstante ello el gobierno de Rajoy continuó con la persecución de etarras. Además se opuso al Tribunal Constitucional que el 20 de julio de 2012 legalizó al Sortu, partido político heredero de la ilegalizada Batasuna.También defendió la reinserción individualizada de los presos de ETA así como la aplicación de la doctrina Parot. Sin embargo el tribunal europeo de Derechos Humanos falló en contra de esta doctrina el 21 de julio de 2013, lo que obligó a la liberación de varios presos etarras. Sortu se sumó a los colectivos políticos vascos, la mayoría adscriptos a la llamada izquierda abertzale, que se movilizan en favor de la independencia del País Vasco: EH Bildu, Amaiur.

Durante el gobierno de Rajoy estalló la crisis soberanista catalana, expresada en la multitudinaria e impresionante manifestación del 11 de septiembre de 2012 en Barcelona bajo el lema Catalunya, nou estat d'Europa, que obligó al Parlamento catalán, a instancias del presidente de la Generalitat, Artur Mas (de Convergència Democràtica), a aprobar el 27 de septiembre la celebración de una “consulta” popular. En las elecciones parlamentarias catalanas del 25 de noviembre el CiU (Convergencia i Unió), coalición entre Convergència Democràtica y Unió Democràtica, conserva la mayoría (que ostenta desde 2010), aunque pierde 12 escaños. El 23 de enero de 2013 el Parlamento catalán aprueba la Declaración de Soberanía y del derecho a decidir del Pueblo de Cataluña. La moción en pro de la consulta, respaldada por CiU, ERC, ICV y CUP, sumó el 27 de febrero de 2013 a los diputados del PSC (Partit dels Socialistes de Catalunya), quienes rompieron así la disciplina de voto del grupo parlamentario socialista. Dos días después el gobierno español anunció que recurriría ante el Tribunal Constitucional la declaración soberanista aprobada por el Parlamento catalán. El 11 de septiembre de 2013 (Diada de Cataluña) se realizó una gran cadena humana reclamando el derecho de los catalanes a decidir. El 25 de marzo de 2014 el Tribunal Constitucional anula el punto primero de la declaración soberanista del Parlamento de Cataluña y el 8 de abril el Congreso rechaza la petición del Parlamento catalán de que le fuera transferida la facultad de convocar  referéndums. A pesar de eso el 10 de julio el Parlamento catalán aprueba el proyecto de ley de consultas que ampara el referéndum previsto para el 9 de noviembre (9-N). El 21 de julio fracasan las negociaciones entre Rajoy y Mas en La Moncloa. El 11 de septiembre se realiza nuevamente una gran manifestación popular en Barcelona en favor de la consulta del 9-N. El 19 de septiembre el Parlamento catalán aprueba la Ley de Consultas Populares no Refrendarias y Participación Ciudadana y el 27 de septiembre es firmada por Artur Mas. El 29 de septiembre presentó el recurso de inconstitucionalidad contra dicha Ley ante el Tribunal Constitucional, el cual lo aceptó dictando la suspensión cautelar de la Ley de Consultas esa misma tarde. El 30 de septiembre la Generalitat suspende la campaña institucional del 9-N, por lo que la Asamblea Nacional Catalana (fundada el 10 de marzo de 2012), convoca una manifestación popular frente al Parlamento catalán. Dos días después Mas firma el decreto de nombramiento de los miembros de la Comisión de Control de la consulta. A pesar del clima de tensión reinante, que lleva a que Mas declare el 13 de octubre que no hay garantías legales para celebrarse la consulta, de todos modos, amparándose en la parte de la ley de Consultas no suspendida por el Tribunal Constitucional, el 9-N se efectiviza el proceso participativo sobre el futuro político de Cataluña 2014. Sin incidente alguno, con la participación del 37.02% del electorado, triunfa la moción separatista por el 80.76% de los votos. El 21 de noviembre de 2014 la Fiscalía General del Estado presenta una querella contra Artur Mas, Joana Ortega e Irene Rigau por desobediencia y malversación de fondos públicos entre otras acusaciones. El 25 de febrero de 2015 el Tribunal Constitucional había declarado inconstitucional la consulta, pero un mes después Convergència Democràtica de Catalunya, Esquerra Republicana de Catalunya, la Asamblea Nacional Catalana y Omnium Cultural, pactaban la hoja de ruta unitaria del proceso soberanista catalán en la que se incluía una declaración unilateral de independencia en el plazo de 18 meses, si los partidos soberanistas ganaban las elecciones «plebiscitarias» previstas para el 27 de septiembre.

La forma en que Mas condujo el proceso llevó finalmente a la retirada de Unió Democràtica de la coalición Unió i Convergència el 17 de junio de 2015. De este modo ambas fuerzas se presentaban separadas para las elecciones autonómicas anticipadas (las que, además, tendrían un carácter plebiscitario respecto a la independencia) del 27 de septiembre de 2015. El 11 de septiembre de 2015 se efectuaba una nueva manifestación independentista organizada por la plataforma Ara es l´hora.

Las elecciones autonómicas dieron el triunfo por el 39,6% de los votos a la lista independentista Junts pel Sí (formada por Convergència Democrática, Esquerra Republicana de Cataluña, Demócratas de Cataluña y Moviment dÈsquerres). El 12 de enero de 2016 Carles Puigdemont (CDC) asume como presidente de la Generalitat. Ciudadanos obtuvo el 17,90% de los votos, el PSC el 12,72%, el CSQP el 8,94%, el PP el 8,49% y el CUP-CC el 8,21%. A pesar del importante número de escaños de los partidos no separatistas, el independentismo se aseguraba la mayoría parlamentaria (JxSí y CUP). Los resultados del plebiscito no fueron concluyentes, mostrando alta abstención e importante oposición al independentismo, aunque los números en general fueron favorables al mismo. El 27 de octubre de 2015 se presentó la propuesta que insta a declarar el inicio del proceso de creación de la República de Cataluña, que fue aprobada el 9 de noviembre con los votos de JxSí y CUP. El 2 de diciembre de 2015 el Tribunal Constitucional declara inconstitucional la declaración. El nuevo gobierno autonómico prosiguió con su programa independentista a pesar de ello.

El 20 de diciembre de 2015 se celebraron las elecciones a Cortes Generales. El resultado de las mismas confirmó el ascenso de las nuevas fuerzas que habían aparecido en las elecciones autonómicas previas (Podemos y Ciudadanos), además de acentuar la tendencia a la atenuación del bipartidismo. A pesar de que el PP de Mariano Rajoy obtuvo la mayoría simple con el 28,71% de los votos y el PSOE alcanzó el segundo puesto con el 22%, la coalición de izquierda Podemos trepó al 12, 69% y la coalición de centro-derecha Ciudadanos al 13,94%. El 13 de enero de 2016 se dio inicio a la XI Legislatura. Mariano Rajoy intentó formar gobierno, debido a que su fuerza no había obtenido los votos suficientes, pero no logró ningún acuerdo. El 18 de enero declinó ante el Rey la designación a la presidencia del Gobierno por falta de apoyos. El 2 de febrero el Rey comunica al presidente del Congreso, Patxi López (Partido Socialista de Euskadi), su propuesta de que Pedro Sánchez (candidato del PSOE) se someta a la votación de investidura. El PP y Podemos rechazaron esta decisión.
 

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