URUGUAY NEOLIBERAL Y POSNEOLIBERAL (1966-2017)
REPÚBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY (castellano)
Denominación
vigente desde la reforma constitucional en vigor desde el 1 de marzo de 1919.
Superficie:
176.215 km2
Población
total (INE 2011): 3.286.314 hab.
Forma de
gobierno: República democrática presidencialista vigente desde la entrada en
vigor de la Sexta Constitución el 15 de febrero de 1967. Estado unitario.
Constitución
vigente: Séptima Constitución que entró en vigor el 14 de enero de 1997 tras el
plebiscito celebrado el 8 de diciembre de 1996. Última modificación
plebiscitada el 31 de octubre de 2004.
Capital:
Montevideo (fundada como Ciudad de San Felipe y Santiago de Montevideo por el
gobernador de Buenos Aires don Bruno
Mauricio de Zabala el 24 de diciembre de 1726), capital de facto desde la
creación de la Provincia Cisplatina por el Pacto de Incorporación al Reino
Unido de Portugal, Brasil y Algarve aprobado por el Congreso Cisplatino el 31 de julio de 1821 (el Congreso Cisplatino
fue establecido el 15 de julio de 1821 y votó por unanimidad la incorporación a
Portugal el 18 de julio).
ORGANIZACIÓN
TERRITORIAL:
El territorio del Estado uruguayo comprende
una superficie terrestre de 176.215 Km2, 105 Km2 de islas
soberanas, 16.799 Km2 de aguas jurisdiccionales en el río Uruguay,
río de la Plata, laguna Merín y otros ríos fronterizos, y 125.057 km2
de mar territorial en el Océano Atlántico. A su vez reclama como “límite
contestado” desde el decreto de 1974, una superficie de 237 km2 al Brasil
(Isla Brasilera y Rincón de Artigas).
Administrativamente comprende 19
departamentos, creados entre 1816 y 1854. Los iniciales, creados en 1816 son:
Montevideo, Maldonado, Soriano, Canelones, San José y Colonia. En 1828 surge
Durazno. En 1830: Soriano, Paysandú y Cerro Largo. En 1837 se crean Salto,
Tacuarembó y Lavalleja. En 1856 aparece Florida. En 1880, Río Negro y Rocha. En
1884 surgen los departamentos de Treinta y Tres y Artigas. En 1884 aparece
Rivera. Finalmente en 1885 se crea el departamento de Flores.
La ley Nº 18.567 del 13 de setiembre de 2009
crea los municipios. En total suman al presente 112 municipios (solamente en
los departamentos de Montevideo, Canelones y Maldonado los municipios cubren
toda la superficie departamental). Se mantiene la tradicional subdivisión de
los departamentos en Seccionales Judiciales y Policiales.
Uruguay posee en la Antártida la Base
Científica Antártica Artigas (BCAA), fundada el 22 de diciembre de 1984 en la
isla Rey Jorge, Shetland del Sur, y la Estación Científica Antártica Ruperto
Elichiribehety (ECARE), fundada el 2 de diciembre de 1997 en la Caleta Choza,
Bahía Esperanza, Península Antártica. Ambas dependen del Instituto Antártico
Uruguayo (IAU), creado el 28 de agosto de 1975 (Ley 14.416, art. 103), que se
encuentra bajo la órbita del Ministerio de Defensa Nacional.
MEMBRESÍA
EN ORGANIZACIONES INTERNACIONALES:
La
República Oriental del Uruguay firmó la Carta de las Naciones Unidas el 18 de
diciembre de 1945, constituyéndose en uno de los 49 socios fundadores de la
Organización. Había sido socio fundador de la predecesora Sociedad de Naciones
que funcionó desde el 28 de junio de 1929 hasta su disolución el 18 de abril de
1946. Mantuvo permanentemente los vínculos con los organismos internacionales
de justicia que formaban parte del sistema de la SDN y de la ONU: la Corte Permanente de Justicia Internacional (1921-1946) y
la Corte Internacional de Justicia (en funciones desde 1946). Uruguay suscribe
la Constitución de la OIT (Organización Internacional del Trabajo) el 28 de
junio de 1919, año de la fundación de la institución (15 de abril). Igualmente
forma parte de los organismos financieros internacionales: Banco Mundial (BM),
Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Internacional de Reconstrucción y
Desarrollo (BIRD) y el Acuerdo General de Aranceles (GATT). La llamada Ronda
Uruguay del GATT (1986-1993) fue el origen de los acuerdos constitutivos de la
Organización Mundial del Comercio (OMC), establecida finalmente el 1 de enero
de 1995 y de la que Uruguay es, también, socio fundador. Por otro lado es socio
fundador del G-77, establecido el 15 de junio de 1964.
Uruguay
suscribe el Tratado Antártico el 11 de enero de 1980, adquiriendo el estatus de
miembro consultivo el 7 de octubre de 1985. El 14 de enero de 1998 firma el
Protocolo de Madrid (Protocolo al Tratado Antártico sobre Protección del Medio
Ambiente). Como miembro del Tratado Antártico se reserva derechos a realizar
reclamaciones territoriales en el futuro.
También
es uno de los 21 fundadores de la OEA, hecho ocurrido el 8 de mayo de 1948 con
la adopción de la Carta de la Organización de los Estados Americanos. Esta
organización sustituyó a la anterior Unión de las Repúblicas Americanas, la
cual operó desde 1910 a 1948 (de 1890 a 1910 se conocía como Unión Internacional de
las Repúblicas Americanas), y de la cual el Uruguay formaba parte. Desde el 25
de febrero de 1948 forma parte de la CEPAL (Comisión Económica para América
Latina y el Caribe), organismo que es parte de la órbita de la ONU. En 1959
adhiere al Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
Desde
su formación el 27 de octubre de 1986 forma parte de la Zona de Paz y
Cooperación del Atlántico Sur (ZOPACAS). Integra la CELAC (Comunidad de Estados
Latinoamericanos y Caribeños) desde su establecimiento el 23 de febrero de
2010, habiendo formado parte de sus predecesores: el Grupo de Río (1990-2010),
CALC (Cumbre de América Latina y Caribe, 16 y 17 de diciembre de 2008-23 de
febrero de 2010) y Grupo de los 8 o Grupo Contadora y Grupo de Apoyo a
Contadora (1985-1990). Su participación en organismos supraestatales de
integración latinoamericana es permanente. Adhiere al SELA (Sistema Económico
Latinoamericano y del Caribe) en 1977, dos años después de su fundación (17 de
octubre de 1975). Desde el 12 de agosto de 1980, al firmar el Tratado de
Montevideo, es socio fundador de la ALADI (Asociación Latinoamericana de
Integración).
El
26 de marzo de 1991, con la firma del Tratado de Asunción, conforma el Mercado
Común del Sur (MERCOSUR). También es firmante del tratado constitutivo de la
Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) en Brasilia el 23 de mayo de 2008.
Uruguay fue aceptado como miembro observador de la Alianza del Pacífico el 29
de agosto de 2012. En la XIV Cumbre de Jefes de Estado y Gobierno de la
Francofonía, realizada los días 13 y 14 de octubre de 2012 en Kinshasa, Uruguay
fue admitido en la Organización como miembro observador.
POLÍTICA:
La
República Oriental del Uruguay es la denominación sancionada por la
Constitución nacional de 1918, producto de un proceso que se inició con el
plebiscito de reforma constitucional del 25 de noviembre de 1917 y culminó con
su entrada en vigor el 1 de marzo de 1919. Con ella se sustituía la antigua
denominación de Estado Oriental del Uruguay, aprobada por la Asamblea General
Constituyente y Legislativa el 10 de setiembre de 1829, promulgada el 28 de junio
de 1830 y jurada el 18 de julio del mismo año. También entraba a regir el
vigente sistema de elección del presidente por sufragio popular directo,
reemplazando al anterior sistema de elección presidencial por la Asamblea
General.
El actual estatus político es el establecido por la Sexta
Constitución de 1967 con las modificaciones plebiscitadas el 26 de noviembre de
1989, el 26 de noviembre de 1994, el 8 de diciembre de 1996 y el 31 de octubre
de 2004. En algunos ámbitos se acepta la denominación de Séptima Constitución
de 1997 al último texto constitucional aprobado tras el plebiscito de 1996.
El
Estado queda constituido como una democracia republicana de carácter
representativo. La forma de gobierno se define como presidencialista. El
Presidente es el Jefe de Estado y Jefe de Gobierno; es electo cada cinco años
por sufragio universal directo. Las elecciones implican una instancia de
segunda vuelta en caso de que un candidato no obtenga más del 50% de los votos.
El Presidente gobierna junto con un Consejo de Ministros designado por él
mismo, y tiene la facultad de disolver las Cámaras y convocar a elecciones
legislativas en caso de conflicto por desaprobación parlamentaria de uno o más
Ministros. Existe la figura del Vicepresidente, quien cumple la función de
Presidente de la Asamblea Legislativa y de la Cámara de Senadores.
La
Asamblea Legislativa es bicameral y se compone por representación proporcional.
La Cámara de Representantes está integrada por 99 miembros y la Cámara de
Senadores por otros 30. Todos ellos son electos por sufragio universal en las
elecciones primarias presidenciales y legislativas. La Asamblea cumple una
función de contralor de la gestión del Poder Ejecutivo a través de una Comisión
Permanente encargada de velar sobre la observancia de la Constitución y las
leyes. El sistema prevé la formación de otros órganos autónomos: la Corte
Electoral, el Tribunal de Cuentas, el Tribunal de lo Contencioso
Administrativo, los Entes Autónomos y Servicios Descentralizados. De este modo
el sistema político uruguayo mantiene una fuerte tradición de parlamentarismo
limitado y de gobierno de consenso entre los poderes y fuerzas políticas.
El
Poder Judicial también funciona como instancia máxima de control del gobierno.
Está formado por la Suprema Corte de Justicia (compuesta por cinco miembros,
que ejercen la función por diez años, designados por la Asamblea General),
Tribunales y Juzgados.
La
República Oriental del Uruguay es un estado unitario, con capital de facto (no
de iure) en la ciudad de Montevideo. No obstante se ha introducido una
tendencia descentralizadora en la reforma de 1997, estableciendo una instancia
electoral departamental separada de la elección primaria, además de la
conformación de un Congreso Nacional de Intendentes. También se estableció en
2009 la figura de la alcaldía municipal. De este modo los departamentos
uruguayos se conforman políticamente con un Intendente electo por sufragio
directo y un cuerpo legislativo llamado Junta Departamental. Ésta consta de 31
miembros, llamados ediles, que ocupan sus asientos conforme a representación
proporcional. En la elección departamental se eligen también por voto directo
los Concejos Municipales de las poblaciones con más de 5.000 habitantes. Dichos
Concejos Municipales están conformados por cinco miembros llamados Concejales,
presididos por un Alcalde.
SITUACIÓN INTERNACIONAL (1953-2017)
El estallido de la Segunda Guerra Mundial
produjo una breve bonanza económica debido al aumento de la demanda de productos
pecuarios. Esta situación favorable se continuó hasta el final de la Guerra de Corea (1950-53). Esta
coyuntura internacional coincide con el desarrollo de procesos políticos estatistas
y proteccionistas que, apoyados en las clases medias y obreras urbanas
principalmente, buscaron romper la dependencia económica con Europa occidental
y Estados Unidos a través de políticas de desarrollo industrial.
Tras finalizar la Guerra de Corea, los
Estados Unidos y sus aliados de Europa Occidental reorganizaron sus economías
adoptando políticas de subsidio proteccionista de su producción agropecuaria.
Por la Ley Pública 480 o Acta de Asistencia y Desarrollo del Comercio Agrícola de 1954, Estados Unidos inundaba de productos agrícolas propios el
mercado latinoamericano bajo el disfraz de asistencia alimentaria. Además
comenzó una lluvia de inversiones que abrieron las puertas a la injerencia del
Fondo Monetario Internacional en las economías latinoamericanas. Estados Unidos
extendió a la región las actividades bancarias y empresariales en las áreas
extractivas (plantaciones, minería, petróleo). Desde 1955 volvió a iniciarse una crisis económica en Latinoamérica
motivada en el constante desbalance en el comercio exterior que la colocaron en
un grado de absoluta dependencia respecto a los capitales estadounidenses. A su
vez, Washington aceleró su política intervencionista en el área hemisférica
iniciada con las resoluciones de la Conferencia de Río (15 a 28 de enero de
1942): el establecimiento del Comité Consultivo Económico y Financiero, la Junta
Interamericana de Defensa y el Comité Consultivo de Emergencia para la Defensa
Política. Esto se consolidó con la firma del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR)
el 2 de septiembre de 1947 en Río de Janeiro y la creación de la Organización
de Estados Americanos (junto con el Comité Consultivo de Defensa) el 30 de
abril de 1948. El
adoctrinamiento de las cúpulas militares latinoamericanas se inicia a partir de
1946 con la creación del “Latin American Training Center. Ground Division” en
el marco de la Doctrina de Seguridad Nacional (estadounidense) en Fort Amador
(Zona del Canal de Panamá). En 1950 la institución se traslada a Fort Gulick y es rebautizada como
“United States Army Caribbean School”. Desde 1963 funciona como “United States
Army School of the Americas” (USARSA): la comúnmente conocida como Escuela de
las Américas. El 6 de junio de 1963 se establece el Southcom del Departamento
de Defensa estadounidense con sede en Doral (Gran Miami, Florida), con su “área
de responsabilidad” extendida a América del Sur, Central y Caribe. Por los
Tratados Torrijos-Carter de 1977 Estados Unidos aceptó la reubicación de la
Escuela en Fort Benning, Georgia, abandonando el territorio panameño.
Tras el triunfo de la Revolución Cubana en 1959 y el
deterioro de las relaciones bilaterales entre Washington y Moscú, Estados
Unidos reanudó la presión sobre las naciones latinoamericanas en dos frentes:
alineamiento ideológico y aceptación de las directivas económicas del F.M.I.
(firma de las Cartas de Intención). En 1960, con el Tratado de Montevideo, se
crea la ALALC (Asociación Latinoamericana de Libre Comercio). En agosto de 1961
se lanza la Alianza Para el Progreso en la Reunión del CIES (Consejo
Interamericano Económico y Social) de Punta del Este. En enero de 1962 en la
VII Reunión de Consulta de Cancilleres en Punta del Este se expulsa a Cuba de
la O.E.A. La caza de brujas anti-comunista impulsada por Estados Unidos llevó a
un rápido deterioro de la situación política en los países latinoamericanos
debido a la actitud beligerante de sectores militares alineados con la Doctrina
de Seguridad Nacional estadounidense. Esta situación desembocó en la
implantación de feroces regímenes dictatoriales que implementaron estrategias
de terrorismo de Estado dirigido contra la población civil. Mientras tanto la
crisis económica se agravaba, llegando en Uruguay al crack bancario de 1965 (“año terrible” en
el cual la situación se complicó aún más debido a una intensa sequía en
verano-otoño). A la prolongada crisis estructural se agregaron los efectos
negativos de la crisis petrolera de 1973, que disparó la deuda externa hasta
niveles catastróficos. Sin embargo la coyuntura internacional marcada por la
disponibilidad de capitales dispuestos a invertir a bajo costo y con
facilidades, unido a las políticas de atracción de dichos capitales que las
dictaduras ampararon en América Latina, propiciaron una recuperación económica
ficticia entre 1979 y 1982. Sin embargo esos mismos capitales se terminarían
fugando, catapultando a los países latinoamericanos a la gran crisis de 1982. Los
regímenes militares cayeron, carentes de apoyo internacional y también de sus
propias bases internas (las oligarquías empresariales y terratenientes). Éstas,
no obstante, continuaron impulsando el neoliberalismo en el subsiguiente ciclo
democrático. Una situación de crecimiento del comercio regional y repunte del
internacional motivó una breve recuperación económica entre 1985 y 1987. Tras
la caída de los regímenes comunistas en Europa del Este a partir de 1989,
Washington insistió en la implementación de políticas económicas neoliberales en
América Latina (Consenso de Washington). Hubo una situación de tenue
crecimiento en 1994 que se vio jaqueado por las repercusiones de la crisis
mexicana de fines de 1994 y 1995 (Efecto Tequila), la crisis asiática de
mediados de 1997 y el crack ruso de
agosto de 1998. Este proceso llevó a la gran crisis de la deuda latinoamericana
de los años 1999-2001 y el inicio de una reacción contraria a las políticas
neoliberales. También hubo un auge del rechazo a la influencia estadounidense y
del F.M.I. en América Latina y los regímenes que surgieron tras la crisis de la
deuda hicieron causa común contra la iniciativa del ALCA (Área de Libre
Comercio de las Américas). En cambio se impulsaron diversas organizaciones
latinoamericanistas como la Alianza Bolivariana para los
Pueblos de Nuestra América - Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP), fundada el 14 de diciembre de 2004,
la UNASUR, establecida el 11 de marzo de 2011 y la CELAC (Comunidad de Estados
Latinoamericanos y Caribeños), creada el 23 de febrero de 2010. Una sustancial
mejora del precio de las materias primas a nivel internacional (sobre todo de
soja), traccionada por el crecimiento de la demanda china, llevó a una
recuperación económica a partir del primer trimestre de 2003. Este crecimiento
recién comenzó a frenarse con los primeros impactos de la gran crisis
inmobiliaria de 2008 desatada en los países centrales. A pesar de lo que parece
una crisis del neoliberalismo internacional, las élites oligárquicas
latinoamericanas ligadas al capital financiero internacional impulsaron un
retorno a las medidas del Consenso de Washington y del neoliberalismo aplicado
por las dictaduras en los años ’70-‘80, a partir de 2015-16.
URUGUAY NEOLIBERAL
RESTAURACIÓN PRESIDENCIALISTA Y
MILITARIZACIÓN
El actual estatus político es el establecido
por la Sexta Constitución de 1967 con las modificaciones plebiscitadas el 26 de
noviembre de 1989, el 26 de noviembre de 1994, el 8 de diciembre de 1996 y el
31 de octubre de 2004. En algunos ámbitos se acepta la denominación de Séptima
Constitución de 1997 al último texto constitucional aprobado tras el plebiscito
de 1996.
El gobierno de
Gestido hasta su muerte el 6 de diciembre de 1967, seguido por el de Jorge
Pacheco Areco, significó el abandono total de la línea planificadora o
desarrollista en economía y la implantación del neoliberalismo. Sin embargo se
recurrió al congelamiento de precios, medida que le granjeó apoyos populares.
Prácticamente se gobernó bajo las fatídicas Medidas Prontas de Seguridad,
herramienta prevista en la Constitución de 1952, debido a la actividad de la guerrilla
del MLN y grupos paramilitares de extrema derecha entre los años 1968 y 1971. El
12 de diciembre de 1967 Pacheco decreta la disolución de partidos, agrupaciones
y prensa de izquierda. La utilización abusiva de la “mano dura” para reprimir
medidas sindicales y, sobre todo, los movimientos estudiantiles (hubo un
crescendo de asesinatos de estudiantes por la policía y comandos
paramilitares), fue apoyada por las gremiales empresariales. El Poder Ejecutivo
gobernó pasando por encima del Parlamento y avasallando los entes autónomos. A
su vez se dispuso la militarización de los funcionarios públicos y privados. El
9 de septiembre de 1971 el Poder Ejecutivo
delega en las Fuerzas Armadas la dirección de la “lucha antisubversiva”,
creándose la Junta de Comandantes en
Jefe y el Estado Mayor Conjunto. Ese
mismo año se celebran las elecciones el 28 de noviembre de 1971. En ellas
triunfa, de forma fraudulenta (con incidencia del régimen militar brasileño de
Emilio Garrastazu Médici (National Security Archive Electronic Briefing Book
No. 71 http://nsarchive.gwu.edu/NSAEBB/NSAEBB71/indexesp.html), la fórmula
oficialista colorada de Juan María Bordaberry-Jorge Sapelli, que asume el 1 de
marzo de 1972. El 12 de febrero de 1973, Bordaberry accede al Acuerdo de Boiso
Lanza con las Fuerzas Armadas, prolegómeno del golpe militar del 27 de junio de
1973.
En 1961 comenzó a formarse el islote
aluvional que sería bautizado en 1968 como Timoteo Domínguez y los islotes
Hércules (que comenzaron a gestarse a fines de los años 70). Ubicado al norte
de la isla Martín García (en poder de Buenos Aires desde 1852), produjo un
diferendo limítrofe entre Uruguay y Argentina en 1968-69. Uruguay lo declaró
unido al departamento de Colonia. Argentina lo ocupó durante cuatro meses a
partir de enero de 1969. El diferendo se zanjó con la firma del Tratado del Río
de la Plata el 19 de noviembre de 1973 que define el límite de la jurisdicción
uruguaya y argentina de las islas Martín García y Timoteo Domínguez remitiendo
al perfil de la isla Martín García que resulta de la carta H-118 Segunda
Edición 1972, confeccionada por la Comisión Mixta Argentino-Uruguaya de
Levantamiento Integral del Río de la Plata, y publicada por el Servicio de
Hidrografía Naval de la República Argentina. La unificación de ambos
territorios en la década del 80 llevó a la firma de las notas reversales del
protocolo sobre la demarcación del límite entre las islas Martín García y
Timoteo Domínguez el día 19 de junio de 1988.
DICTADURA MILITAR
En el período comprendido entre el 27 de
junio de 1973 y el 28 de febrero de 1985 la República estuvo bajo un régimen
cívico-militar tutelado por la Junta de Oficiales de las Fuerzas Armadas que
suspendió las garantías constitucionales y disolvió el Parlamento
sustituyéndolo por un Consejo de Estado. Bordaberry se mantuvo como presidente
de facto hasta su destitución el 12 de junio de 1976. La destitución y
detención arbitraria de personas, unido a desapariciones de ciudadanos, fueron
creando un clima nacional e internacional adverso al régimen. Estados Unidos
comenzó a quitar apoyo a las dictaduras latinoamericanas durante el gobierno
del demócrata James Earl “Jimmy” Carter Jr. (20 de enero de 1977 a 20 de enero
de 1981). El 30 de noviembre de 1980 el Consejo de Estado plebiscitó un
proyecto de Constitución para sancionar un régimen de partidos bajo tutela
militar que obtuvo un masivo rechazo popular. El régimen se vio obligado a
aprobar una transición hacia una salida democrática. La última etapa del régimen
estuvo signada por el aumento de los actos de resistencia política y gremial,
potenciados por la crisis económica de 1982. El 28 de noviembre de 1982 se
autorizaron elecciones internas en partidos habilitados. El 23 de agosto de
1984 se suscribe el Pacto del Club Naval entre el gobierno militar y
representantes del Partido Colorado, Frente Amplio y Unión Cívica (el Partido
Nacional no concurrió en protesta por la detención de Wilson Ferreira
Aldunate). El 25 de noviembre de 1984 se celebran las elecciones, en las que
triunfa el Partido Colorado con la fórmula Julio María Sanguinetti Coirolo-Enrique
Tarigo Vázquez. El primer presidente constitucional post-dictadura asume el 1
de marzo de 1985.
RESTAURACIÓN DEMOCRÁTICA (ALIANZA
CONSERVADORA)
El período de retorno de las garantías
constitucionales está marcado por dos períodos. El primero va de 1985 a 2005,
de carácter transicional, resulta en muchos aspectos un continuismo de las
políticas económicas del régimen militar. Los partidos tradicionales (Colorado
y Nacional) dominan el escenario con una alianza cada vez más estrecha entre
los sectores más conservadores iniciada con un acuerdo limitado de
gobernabilidad tras el fracaso de las iniciativas de 1984 a instancias del
frenteamplista Liber Seregni (Concertación Multripartidaria y Concertación
Nacional Programática) y una propuesta de unidad nacional lanzada en el inicio
del primer gobierno de Sanguinetti. Las diferencias con el Frente Amplio
terminaron por colocar a la fuerza de izquierda en la oposición. Sobre todo
tras el enfrentamiento por la cuestión de la iniciativa oficialista que,
complementando la Ley de Pacificación Nacional de marzo de 1985 (que liberaba
los presos políticos) envió en agosto de 1986 al parlamento un proyecto de
amnistía para los funcionarios militares y policiales. La situación desembocó
en la aprobación el 22 de diciembre de la
Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado. A impulsos de Madres y
Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos se creó la Comisión Nacional
Pro Referéndum que logró su objetivo. El referéndum se realizó el 16 de abril
de 1989, con el resultado de la ratificación de la ley por el voto popular.
Sanguinetti firmó una nueva Carta de
Intención con el F.M.L. en septiembre de 1985 volviendo a atar el crecimiento a
los magros plazos de vencimiento de deuda. El aumento de las exportaciones a
nivel regional y el descenso de la tasa de interés internacional proporcionaron
un alivio respecto al pago de las obligaciones de deuda. La elevadísima inflación
fue en descenso desde 1985, cuando llegó al 83%, hasta 1987, cuando bajó al
57.3%. Pese a la aún elevada inflación el contexto internacional favorable
permitió un aumento del salario real en un 30% y un crecimiento de la economía
de un 4.5% anual. Esta situación posibilitó el aumento del consumo interno, un
crecimiento del empleo (de 50.8% en 1985 a 54.6% en 1987) y la consecuente
disminución del desempleo (de 13.1% a 1965 a 9.3% en 1987). Incluso se intentó
promover el desarrollo a través de inversiones en las áreas de Turismo,
Hotelería, Zonas Francas y Forestación. Pero las medidas de intervención para
frenar importaciones y aumentar exportaciones implementadas a fines de 1987 con
vistas de generar dividendos para el pago de deuda externa (restricción del
crédito y subas en el tipo de cambio y en las tasas de interés) ahogaron la
tímida recuperación económica de 1985-87 motivada por el comercio regional y recrudecieron
la crisis económica. La inflación se disparó al 69% en 1988, llegando al 89.2%
al año siguiente, lo que frenó e inestabilizó el crecimiento del empleo. El
gobierno de Sanguinetti heredó una deuda externa fijada en 4.300 millones de
dólares. Había trepado a 5.228 millones en 1987, que logró bajar a 5.097
millones al año siguiente.
El gobierno presidido por Sanguinetti heredó
un país al borde del desastre humanitario y completamente supeditado a las
normas del mercado financiero internacional. La dictadura había profundizado la
brecha entre ricos y pobres, había creado una cultura violenta y autoritaria y,
además, había generado una emigración desastrosa. Cierta tradición que remite
al “modelo de bienestar” que dominó la primera mitad del siglo XX pareció
revivir tímidamente en la convocatoria a Consejos de Salarios y en la implementación
de la reestructura del sistema educativo a partir de la aprobación de la Ley de
Emergencia de la Educación el 25 de marzo de 1985. Los órganos creados por el
Estado (Administración Nacional de Educación Pública y Consejo Directivo
Central) establecieron el Plan 86 sobre la base de la extensión horaria, el
modelo de escuela de tiempo completo y la educación compensatoria. A su vez se
creaban las Asambleas Técnico Docentes con carácter consultivo en materia
técnico-pedagógica. Sin embargo la aplicación inconsulta de medidas por parte
de los organismos de la enseñanza sin tener en cuenta la opinión de los
docentes determinó el surgimiento de una conflictividad creciente. El 16 de
abril de 1989 se realizó el plebiscito promovido por la Comisión Nacional pro
Referéndum contra la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado (conformada por líderes nacionalistas
wilsonistas y frenteamplistas) bajo una evidente falta de entusiasmo (rayano en
el boicot) por parte del oficialismo. El resultado fue el rechazo al “voto
verde”, triunfando el “voto amarillo” que mantenía la Ley de Caducidad. En
materia internacional el gobierno colorado continuó con la línea de los
acuerdos bilaterales con Brasil y Argentina establecidos durante la dictadura.
Tales acuerdos se ampliaron con la firma en 1988 del Tratado tripartito de
Integración, Cooperación y Desarrollo que preveía la conformación de una Zona
de Libre Comercio para 1999.
El 26 de noviembre de 1989 el Partido
Nacional gana las elecciones (junto con la aprobación del plebiscito de reforma
jubilatoria apoyada por el mismo) con la fórmula herrerista Luis Alberto
Lacalle Herrera-Gonzalo Aguirre y el Frente Amplio accede por vez primera a la
intendencia municipal de Montevideo (siendo electo Tabaré Vázquez como intendente
capitalino). De inmediato se gesta la Coincidencia Nacional con el Partido
Colorado con el objetivo de aprobar leyes liberalizadoras del comercio y
ajustes fiscales que permitan aprovechar el ciclo económico favorable que
permitió un repunte de las exportaciones a partir de 1994 (paliando el crónico déficit
comercial que se había agudizado en 1991). Curiosamente fue el pachequismo el
único sector que acompañó al gobierno blanco en toda su gestión, ya que el Foro
Batllista (Sanguinetti), Lista 15 (Jorge Batlle) en el Partido Colorado y
Movimiento Nacional de Rocha (Carlos Julio Pereyra) y Renovación y Victoria
(Gonzalo Aguirre) en el Partido Nacional abandonaron la Coincidencia entre 1991
y 1993. El 31 de marzo de 1990 el Parlamento aprueba con los votos blancos y colorados la Ley de Ajuste Fiscal,
Tributario y de Aportaciones, primera medida tendiente a corregir el incremento
en el déficit fiscal (que podría superar los 7 puntos del PBI que ostentaba
hasta la asunción de Lacalle) y la inflación debido a la aprobación de la
reforma jubilatoria. En efecto, el gasto en seguridad social (jubilaciones y
pensiones) era un lastre para las
finanzas públicas legando a aumentar desde un 9,4% del PBI en 1985 a un 15% en
1994. La Ley habilitaba el aumento del IVA al 22%, el aumento de los impuestos
a la Renta de Industria y Comercio (IRC), Actividades Agropecuarias (IMAGRO), a
los sueldos (IRP), el IMESI, los aportes patronales a la seguridad social y
creación del impuesto a las transmisiones patrimoniales. También se produjeron
recortes a la obra pública. El 28 de mayo de 1990 se emite el decreto Nº
257/990 que crea el Programa Nacional de Desburocratización (PRONADE), el cual
establece una serie de normativas para el achicamiento de la administración
pública. Una de las primeras medidas fue la reducción de los funcionarios
públicos a través de la redistribución o el incentivo al retiro, además de la
prohibición del ingreso a la función pública. El 30 de mayo de 1990 se crea el
Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente. El 30 de
septiembre de 1991, tras un año de deliberaciones parlamentarias, se aprueba la
controvertida Ley de modificaciones del régimen de empresas públicas del
dominio industrial y comercial del Estado (Ley de Empresas Públicas). La
política del gobierno en línea con el Consenso de Washington llevó a una
creciente movilización de sectores sindicales y opositores. La suspensión de
los Consejos de Salarios (sustituidos por la fijación por decreto de los
salarios de los funcionarios públicos y la negociación bipartita en el caso de
los trabajadores privados) y la iniciativa de regulación del derecho de huelga,
así como la nueva ley de enseñanza dispararon una movilización del PIT-CNT el
día 23 de marzo de 1990. Las gremiales docentes resistían las iniciativas del
equipo técnico (primero en la historia de la educación uruguaya) conformado
para dar respuesta a los resultados de la investigación de la Oficina de la
CEPAL de Montevideo (iniciada en el gobierno anterior) en el sentido del
mejoramiento de la calidad de los aprendizajes y reducción de la brecha
socio-cultural estudiantil. A través de préstamos del BID y otros organismos
internacionales se financiaron programas como el Programa de Fortalecimiento de
la Educación Técnica y el Programa de Mejoramiento de la Calidad de la Educación Primaria
(MECAEP). Básicamente se destinaron fondos a construcción de jardines de
infantes, escuelas y liceos, además de equipamiento educativo. En este sentido
se fomentó la informática en centros educativos con un préstamo de la española
FOCOEX (Fomento del Comercio Exterior), operación que fue resistida y criticada
por su falta de transparencia. Además se criticaba el programa tecnocrático y
de mercantilización de la educación que formaría parte de la agenda neoliberal
globalizada. No obstante en 1991 se realizaron las primeras elecciones docentes
para las ATD en todos los niveles de la educación. La actuación de las ATD en
este período impactó en parte en las reformas de Educación Secundaria (reforma
del bachillerato de 1992 y Reformulación del Plan 86 en 1993).
El impuestazo aprobado en 1990 repercutió
negativamente en los sectores de ingresos fijos produciendo un deterioro del salario
real de los trabajadores. La conflictividad fue in crescendo lo que llevó a la
implementación del diálogo social, en el que el diputado Rafael Michelini del
centro-izquierdista Nuevo Espacio, actuaba de nexo entre la central sindical y
el gobierno. Sin embargo las relaciones del gobierno con los gremios volvieron
a tensarse a partir de 1991, llegando al clímax de 1992 (cuando se unieron a
los reclamos el gremio de policías en noviembre). En 1993 se produjo una de las
huelgas más largas de la historia sindical del país, convocada por el gremio de
la construcción, que duró 82 días. No obstante en la actividad de los llamados
sectores productivos se produjo un crecimiento en la producción de bienes y
servicios debido al incremento de la demanda regional (así como un ciclo
positivo de la demanda y las condiciones financieras internacionales en
general). No obstante el crecimiento de las exportaciones a partir de 1994 no
se pudo superar el crónico déficit comercial. Pese a todo la política de
desregulación y privatizaciones consiguió bajar la inflación de un 128.9% en
1990 a un 44.1% en 1994. También hubo un leve crecimiento del índice medio de
los salarios de un 1.77%. Sin embargo la tasa de empleo heredada del gobierno
anterior en un 53.1% apenas se movió de entre un 54% en 1990 a un 55% en 1994.
Por otro lado el desempleo, heredado en 8% del gobierno anterior, siempre
estuvo por encima de ese guarismo, oscilando entre 9.3% en 1990 y 9.2% en 1994.
Ésta situación posibilitó una transferencia de riqueza a los sectores altos y
medio-altos de la sociedad. En este sentido tuvo efecto positivo en el clima de
negocios e inversiones la firma del Tratado de Asunción el 26 de marzo de 1991,
a través del cual se creaba el MERCOSUR.
Los sectores políticos de la oposición
impulsaron, a través de la Comisión de Defensa del Patrimonio Histórico y
Reforma del Estado, un plebiscito que
derogó la Ley de Empresas Públicas el 13 de diciembre de 1992, impidiendo la
privatización de los servicios públicos. Así se evitó la privatización de
ANTEL, pero no se pudo evitar la concesión a particulares de los servicios de
agua potable y saneamiento en Maldonado, la asociación de PLUNA con capitales
privados, la venta de la Compañía de Gas al grupo francés Gaseba, la
liquidación de ILPE, la concesión de obra pública y la producción de
electricidad a privados, la autorización de ingreso al sistema de telefonía
celular. El retorno a la actividad privada de los intervenidos Banco Comercial
y Banco Pan de Azúcar, así como el permiso de ingreso de compañías privadas de
seguros, tuvieron una consecuencia negativa para el sistema político uruguayo:
el inicio de investigaciones judiciales por denuncias de corrupción que condujeron al procesamiento de funcionarios
jerárquicos de la Administración. En 1992 se modificó la Carta Orgánica del
Banco Hipotecario de Uruguay para regular el sistema público de provisión de
viviendas y el funcionamiento de las cooperativas de vivienda. También se
aprobó la Ley de Puertos que redujo las funciones de la Administración Nacional
de Puertos privatizando parte de los servicios portuarios. El fomento de la
inversión privada atrajo capitales que invirtieron en la construcción de
shoppings (Punta Carretas, Carrasco y Tres Cruces), el aeropuerto de Laguna del
Sauce, hoteles internacionales y otros emprendimientos.
Las reformas neoliberales del gobierno de
Lacalle, en sintonía con la ola neoliberal regional, produjeron un aumento del
PBI en un 45.95%, con una tasa anual de 3.5% (acumulativo anual per cápita de
3.1%). Sin embargo la distribución de la riqueza generada fue absolutamente
desigual, concentrándose en sectores medio-altos y altos y perjudicando a la
masa trabajadora. Por otro lado fracasó en la cuestión de la reducción del
déficit fiscal que cerró en 3% al finalizar el período de gobierno. Tampoco fue
exitosa la renegociación de la deuda externa con los bancos acreedores, la cual
se efectuó en el marco del “Plan Brady”.
El mismo consistió en un canje de la deuda por “bonos Brady” del Chase
Manhattan Bank (a cambio de una quita) y la cancelación en efectivo apelando a
las reservas internacionales. El problema es que el Plan Brady, lanzado en 1989
por el secretario del tesoro de Estados Unidos, Nicholas Brady, proponía la
aceptación de la reducción del monto del crédito por parte de los bancos
acreedores a cambio de la aceptación por el Estado deudor del pago de un
interés variable determinado cada seis meses por la tasa LIBOR (London InterBank Offered Rate, “tipo interbancario de
oferta de Londres”). Esto dejaba al país deudor a merced de la discrecionalidad
de los acreedores, quienes podían usar la excusa del no cumplimiento de las
metas del programa de ajuste estructural, propuesto para viabilizar la balanza
de pagos, para no efectuar quitas del monto de deuda y fijar la tasa de interés
que le parezca. El
gobierno de Lacalle había prometido eliminar la deuda externa. En cambio ésta
(heredada en 5.175 millones de dólares del gobierno anterior) tuvo un
crecimiento sostenido aunque moderado de 5.244 millones en 1990 a 5.712
millones en 1993, para luego dispararse a 8.828 millones en 1994.
Las elecciones del 27 de noviembre de 1994
fueron ganadas por el colorado Julio María Sanguinetti en alianza con Hugo Félix
Batalla Parentini, líder de un sector escindido del Frente Amplio, el Partido
por el Gobierno del Pueblo (PGP). Hugo Batalla ejerció la presidencia hasta su
muerte acaecida el 3 de octubre de 1998. Fue sucedido en el cargo por el
colorado Hugo Tomás Fernández Faingold. Debido
a que el Partido Colorado no obtuvo mayoría parlamentaria se efectivizó una
Coalición con el Partido Nacional. El Encuentro Progresista-Frente Amplio (coalición
establecida en 1994, previo a las elecciones) volvió a ganar la intendencia de
Montevideo (reelección de Tabaré Vázquez) y creció en intención de votos. En
1997 la fuerza de izquierda realizó una “actualización ideológica” (que implicó
moderación ideológica y varias concesiones al capitalismo) adecuándola a los nuevos tiempos en
consonancia con las estrategias del Foro de São Paulo (http://forodesaopaulo.org/), creado
el 24 de julio de 1990 en el Encuentro de Partidos y Organizaciones Políticas de
Izquierda de América Latina y el Caribe. Mientras el gobierno de coalición continuó la
política de ajustes y privatizaciones iniciada por Lacalle. Si bien Sanguinetti
había ganado las elecciones presentándose como un social-demócrata, su gestión
consolidó la política neoliberal de su predecesor Luis Lacalle. El cómodo 64%
de mayoría legislativa le permitió a la Coalición imponer la agenda reformista
en una variante más heterodoxa y gradualista. Durante gran parte del período el
gobierno colorado contó con el apoyo incondicional del líder nacionalista
Alberto César Volonté Berro.
De ese modo se aprobó el 3 de septiembre de
1995 la Ley 16.713 de Reforma de la Seguridad Social. La Ley establecía un
sistema mixto, que comenzó a regir desde abril de 1996 (con financiación del
Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo), donde todos los
trabajadores amparados dentro del Banco de Previsión Social menores de 40 años
al 1 de abril de 1996 o ingresados al mercado laboral después de esa fecha,
debían pasarse al sistema privado de las Administradoras de Fondos de Ahorro
Previsional reguladas por el Banco Central del Uruguay. La Ley incluía también
el aumento de la edad jubilatoria de las mujeres y el aumento del número de
años de trabajo para el cálculo del promedio de la jubilación de los
trabajadores. Luego se hicieron algunos ajustes por presión de la oposición,
algunas corporaciones y gremios: se exceptuó a los aportantes a Cajas
Profesional, Notarial, Bancaria, Militar y Policial. El 2 de enero de 1996 se aprueba la Ley de Presupuesto Nacional (Ley
16.736), promulgada el 5 de enero, en la que se incluyen normas de
desregulación y reforma administrativa, creándose en el marco de la Oficina de
Planeamiento y Presupuesto el Comité Ejecutivo para la Reforma del Estado
(CEPRE). Apoyado en la mayoría parlamentaria se impusieron entre 1996 y 1999
las rendiciones de cuenta de un solo artículo con gasto cero (cero incremento
del gasto). El 15 de mayo de 1996 se aprueba la Ley de Desmonopolización de
Alcoholes y Bebidas (Ley 16.753). El 22 de diciembre de 1997 se aprueba la Ley
de Declaración de Interés Nacional, Promoción y Protección de Inversiones (Ley
16.906).
La apertura de la economía y
la desregulación dejaron al país expuesto a los vaivenes de mercado
internacional. Por esa razón la crisis mexicana de 1994-95, la crisis asiática
de mediados de 1997, el crack ruso de agosto de 1998 y la devaluación brasileña
de principios de 1999 afectaron el desempeño económico del período. La demanda
externa decayó continuamente afectando las exportaciones. Todo el período el
saldo comercial fue desfavorable, cayendo las exportaciones un 19,2% para 1999.
También hubo una caída del PBI en 3.4% para 1999. La gestión económica, a cargo
del Cr. Luis Mosca como Ministro de Economía y Finanzas logró bajar la
inflación de 35.44% en 1995 a 4.1% en 1999 y un crecimiento anual de la producción
de un 2,3%. Sin embargo el déficit fiscal continuó siendo elevado. El consumo
interno continuó deprimido debido a la presión fiscal, pese a que hubo un
pequeño crecimiento de los salarios de -2,9% en 1995 a 1,8% en 1998 (luego
cayeron a 1,6% en 1999) y de la jubilaciones de 0,6% en 1995 a 3% en 1999. Los
niveles de desempleo fueron elevados (entre 10.8% en 1995 y 11.8% en 1999). La
deuda externa, que había conseguido bajarse hasta 6.850 millones en 1995 volvió
a subir hasta los 8.261 millones en 1999.
Como avance en la legislación social el 6 de
julio de 1995 se aprueba la Ley de Seguridad Ciudadana (Ley 16.707), que
promueve la protección por el Código Penal de menores y mujeres en el marco de
la violencia intrafamiliar (incorpora el Art.
321 bis, que tipifica como delito la violencia doméstica), así como en el caso
de la trata de personas, secuestro y explotación sexual. También promueve la
protección especial a aquellas personas con capacidades diferentes.
La gestión de Sanguinetti emprendió en 1995 una
reforma educativa encargada al sociólogo Germán Rama (autor de la investigación
sobre la situación de la educación uruguaya por iniciativa de la CEPAL entre
1990 y 1994) colocándolo como director del CODICEN. La Reforma, muy resistida
entre los gremios docentes, buscó la universalización de la matrícula, la
integración de la salud y la alimentación a la educación, la extensión horaria
y la descentralización de la formación docente. Nuevamente la falta de
articulación entre las autoridades y los docentes motivó la conflictividad. El
gobierno también promovió una reforma constitucional que fue plebiscitada el 8
de diciembre de 1996. Por medio de la misma se instituye el sistema de ballotage en las elecciones. De este
modo el Partido Colorado gana las elecciones en la segunda vuelta realizada el
día 28 de noviembre de 1999 con la fórmula Jorge Batlle Ibáñez-Luis Hierro
López y el apoyo del Partido Nacional. El Frente Amplio (Encuentro Progresista)
era la primera fuerza partidaria, solamente superada por los partidos
tradicionales en coalición.
El gobierno de Batlle inició con buen pie y
logrando adhesiones al promover la iniciativa de la Comisión para la Paz (que
actuó aplicando el artículo 4 de la Ley de Caducidad hasta el 10 de abril de
2003 sin lograr vulnerar el silencio corporativo de los militares, aunque logró
instalar en los medios masivos de comunicación la cuestión de las
desapariciones de personas durante la dictadura). Pero, pese a la promesa de
que sería un “gobierno divertido”, debió afrontar una serie de crisis: la
devaluación brasileña de 1999, la crisis de la aftosa en abril de 2001 y la
crisis financiera argentina a fines de 2001. El desencanto con el “estilo Jorge Batlle” ya se empezó a
sentir a partir de mayo de 2000 cuando en las elecciones departamentales (que
quedaron separadas de las nacionales por la última reforma constitucional) el
Frente Amplio y el Partido Nacional resultaron las fuerzas políticas más
votadas, mientras que el Partido Colorado se resentía en la intención de voto.
Entre 1999 y 2002 los números de la economía mostraban un rojo alarmante. La
recesión llegó a ser del 15% y el único sector que manifestó un crecimiento fue
el de la telefonía móvil. El resto fue en caída libre: 27% en la industria
manufacturera, 25% en el comercio y 21% en la construcción. El P.B.I. se desmoronó desde un 2,8% en 1999
a un 11% en 2002. La inflación trepó al 25,9% en 2002. El desempleo se mantuvo
alto, con el pico máximo en 17% en 2002. El saldo comercial fue ampliamente
negativo En 2001 el sistema financiero tuvo pérdidas de 380 millones de
dólares. El Banco Central, cuya actuación fiscalizadora dejó mucho que desear,
debió intervenir el Banco Galicia que había sido desfondado por sus ahorristas.
En este marco se produce la defraudación del Banco Comercial por sus
principales accionistas, los hermanos Carlos y José Röhm. Esto desembocó en una
crisis financiera en 2002 y la falta de iniciativa gubernamental le restó apoyo
popular. En julio asumía como Ministro de Economía y Finanzas Alejandro
Atchugarry, quien logró evitar el default
obteniendo un préstamo puente de Estados Unidos y un salvataje financiero
del F.M.I. en agosto. De este modo se logró instituir un Fondo de Estabilidad
del Sistema Bancario que frenó la corrida bancaria. Atchugarry había
implementado un paquete de medidas en colaboración con el Parlamento en pleno
(que tuvo una conducta responsable y a la altura de las circunstancias para
evitar una crisis social): el feriado bancario, devaluación monetaria y la
aprobación de una ley “corralito” (postergación de la devolución de depósitos).
Luego de recibir los préstamos internacionales, logró una postergación del pago
de la deuda (que trepó a 10.547,8 millones en 2002 y llegó a 11.593,1 millones
en 2004). En octubre de 2002 el Partido Nacional abandona la coalición y el
frente de izquierdas o progresista, ampliado con la inclusión del Nuevo
Espacio, adquiere protagonismo. De este modo y a pesar de la reactivación
económica en el primer trimestre de 2003, el Frente asesta un golpe de gracia al
gobierno colorado al promover y obtener amplio respaldo en el plebiscito del 7
de diciembre de 2003 para derogar la ley de desmonopolización de la empresa
estatal ANCAP (a pesar de que algunos sectores dentro del Frente no se oponían
a dicha ley). A estas alturas la fuerza de izquierda había empezado a endurecer
sus posiciones en el Parlamento lo que desató una pugna ideológica en el mismo.
Los proyectos de ley de salud reproductiva (2002), cupo femenino en listas
electorales (2003), la ley Pablo Millor de “prohibición del escrache” (2003) y
el voto consular (2004) fueron todos desestimados. Jorge Batlle no supo
capitalizar el creciente viento a favor marcado por la coyuntura internacional:
el aumento sostenido de las exportaciones motorizado por el aumento del precio
de las materias primas y la recuperación regional, sumado al efecto positivo en
la competitividad debido a la devaluación de 2002 y el canje de la deuda de
2003. Uruguay había recuperado el acceso a los mercados no aftósicos, la
inflación decreció notoriamente y el tipo de cambio se estabilizó. La inversión
extranjera tendió a crecer, así como los depósitos bancarios, mientras que
bajaron las tasas de interés en moneda nacional. También tendió a crecer el
consumo. Hubo un aumento sostenido de actividades ganaderas y agrícolas
(relacionadas con el cultivo de la soja, en creciente demanda), así como en la
industria manufacturera (plásticos, químicos y alimentos). Sin embargo el
perfil técnico que Jorge Batlle le imprimió a su gobierno colocando en Economía
y Finanzas a Isaac Alfie (en sustitución de Atchugarry) produjo un aumento de
su ya importante impopularidad. La nueva gestión no logró revertir la situación
aún deprimida de los sectores comercial, del transporte, construcción,
hotelería y restaurantes. Además insistió en el perfil liberalizador, lo que lo
llevó a enfrentarse a Argentina y Brasil en el MERCOSUR (donde partidos de
izquierda o progresistas ya estaban en el gobierno). En este sentido poco ayudó
su alineamiento al proyecto estadounidense del ALCA (Área de Libre Comercio de
las Américas) y su ruptura de relaciones diplomáticas con Cuba. El Frente
Amplio, con la fórmula Tabaré Ramón Vázquez Rosas-Rodolfo Nin Novoa, obtiene el
triunfo en la primera vuelta de las elecciones del 31 de octubre de 2004. Antes
de asumir, Tabaré Vázquez convoca el plebiscito del 31 de octubre de 2004 para
decidir si la distribución del agua debía continuar siendo monopolio estatal a
través del ente estatal O.S.E. La respuesta fue ampliamente afirmativa.
URUGUAY POS-NEOLIBERAL
PERÍODO PROGRESISTA
El primer gobierno de izquierda de la historia uruguaya finalizó su gestión con niveles récords de aprobación popular, lo que implicaba por primera vez la inferioridad del núcleo duro tradicionalista (reducido a cerca de un 21%), presente en todas las capas sociales, forjado durante décadas de gobiernos autoritarios y dictadura. Aun así ese sector, enquistado en situaciones de poder y con evidente presencia en los medios masivos de comunicación continuó ejerciendo una obstinada y activa campaña de desprestigio. Curiosamente la política económica, de la mano de Danilo Astori, no se ha apartado en general de las metas de responsabilidad fiscal fondomonetaristas, lo que le valió descontentos dentro de la misma izquierda. A pesar de ello ha habido mayores aumentos a la salud, educación y sueldos de funcionarios públicos que los aplicados por los gobiernos de centro-derecha. El sistema tributario se centró en el impuesto a la renta de las personas físicas que rige desde 2007. En materia monetaria se aplicó un sistema de flotación de la moneda y se mantuvo una línea aperturista a las inversiones extranjeras. En 2005 el gobierno de izquierda había conseguido cerrar con apoyo de EE.UU. un ventajoso acuerdo con el F.M.I. de renegociación de la deuda externa (http://www.scielo.edu.uy/pdf/rucp/v16n1/v16n1a10.pdf). Se decidió continuar con el proyecto de las pasteras, iniciado en gestiones previas y a las que en su momento la izquierda se opuso. La autorización de la instalación de las pasteras a la empresa finlandesa Metsa-Botnia por el gobierno uruguayo en 2005 determinó uno de los más importantes conflictos con la República Argentina, zanjado a medias con el acuerdo del 30 de agosto de 2010 sobre la base de conformar un Comité Científico en la C.A.R.U. (Comisión Administradora del Río Uruguay). El gobierno de Vázquez dio inicio a una política social y educativa que, curiosamente, generó rechazo de los sectores más conservadores pero también produjo reacciones adversas en sectores populares. La inexistencia de alguna política de distribución de la riqueza que apuntara al bienestar de las clases más desfavorecidas en las décadas neoliberales justifica en parte las dispares reacciones de la población. La dictadura había realizado una política de crecimiento desigual y las prácticas de utilización clientelar de la población pobre se continuaron durante el período democrático. Las largas décadas neoliberales durante períodos dictatoriales y democráticos expulsaron a sectores de la población al cinturón de la marginalidad del sistema, creando un lastre social que no pudo ser paliado con las tímidas políticas de asistencialismo e inclusión ensayadas a contracorriente de políticas económicas que priorizaban el ajuste fiscal, el achicamiento del Estado, la recarga impositiva y el pago de la deuda externa. Precisamente la oposición criticó tenazmente las políticas sociales del gobierno de izquierda. El proyecto de humanización de cárceles le costó el cargo a dos Ministros del Interior: José Díaz, que renunció el 8 de marzo de 2007 y Daisy Tourné, que hizo lo propio el 5 de junio de 2009. También desató resistencias el Hospital de Ojos José Martí financiado por los gobiernos uruguayo y cubano en 2008, que atiende a personas de bajos recursos. La Sociedad Uruguaya de Oftalmología realizó medidas gremiales contra la iniciativa pretextando que los médicos cubanos que estaban al frente de la institución eran competencia desleal. Finalmente se resolvió que el Hospital de Ojos seguiría funcionando con médicos uruguayos. Fue resistido igualmente, pese a su positivo impacto a nivel internacional, el decreto 268/05 “Un Millón de Gracias” lanzado el 1 de marzo de 2006 que prohibía el consumo de tabaco en lugares públicos cerrados. Aun así las críticas más acérrimas fueron dirigidas contra el Plan de Asistencia Nacional a la Emergencia Social (2005-2007) y el subsiguiente Plan de Equidad, aprobado el 9 de abril de 2007 por el llamado Gabinete Social (Ministerios de Desarrollo Social, Economía, Salud Pública, Trabajo y Vivienda, Oficina de Planeamiento y Presupuesto y el presidente del Congreso de Intendentes). También se cargó contra la Reforma de la Salud (1 de enero de 2008) y el Programa “Uruguay Trabaja” (19 de diciembre de 2007), siempre bajo el cargo de que se fomentaba la “vagancia” y la delincuencia en desmedro de la “cultura del trabajo” y la “meritocracia” (discursos amigables con las políticas de crecimiento desigual). Estas medidas tildadas despectivamente de “populistas” por la oposición conservadora sin embargo eran vistas como tibias, paliativas e insuficientes por las voces de la izquierda más “dura”. La política de derechos humanos, que promovía la aclaración de los hechos de lesa humanidad cometidos por la dictadura militar, en cambio no preveía anular la Ley de Caducidad (aunque se impulsó una ley interpretativa en 2005 que no prosperó). El 4 de septiembre de 2007 se lanzó una campaña pro-plebiscito para anular los artículos 1, 2, 3 y 4 de la Ley de Caducidad, que fue apoyada por el Congreso del Frente Amplio. El 14 de junio de 2009 la Corte Electoral oficializó la realización del plebiscito tras anunciar que se había alcanzado el número reglamentario de firmas. El plebiscito se realizaría el día de las elecciones nacionales, el 25 de octubre de 2009. Gran impacto negativo en la izquierda tuvo el veto del presidente Tabaré Vázquez, en acuerdo con la Ministra de Salud Pública, María Julia Muñoz, de la ley de salud sexual y reproductiva (que preveía la despenalización del aborto) el 13 de noviembre de 2008. También hubo roces, en especial con las gremiales docentes, debido a la implementación del Plan Ceibal (Conectividad Educativa de Informática Básica para el Aprendizaje en Línea) por el decreto del 18 de abril de 2007, un proyecto de promoción de la tecnología digital en educación. El hecho de que estuvo ligado al Plan Cardales (Convergencias para el Acceso a la Recreación y al Desarrollo de Alternativas Laborales y Emprendimientos Sustentables), por decreto del 30 de noviembre de 2009 que facilitó y universalizó el acceso de los hogares a las nuevas tecnologías de comunicación, produjo reparos incluso dentro del propio Frente Amplio (entre otras razones porque habilitaba a privados a proveer servicios, lo que podría afectar a la empresa estatal de comunicaciones ANTEL). Las críticas al Plan Cardales ocasionaron que presidencia emitiera un decreto el 2 de febrero de 2010 suspendiendo provisionalmente los contratos otorgados. El 19 de marzo de 2007 se puso en marcha el Plan de Alfabetización “En el País de Varela: Yo Sí Puedo” con el objetivo de incluir a personas de contexto crítico mayores de 18 años, analfabetas o con primaria inconclusa. Durante el gobierno de Vázquez se aprobó el 16 de enero de 2009 la Ley General de Educación Nª18.437 (que suplantaba la Ley de Emergencia de la Educación Nº15.739, de 1985) basada en los principios de universalidad, obligatoriedad, diversidad, inclusión, participación, libertad de enseñanza y de cátedra. No obstante se continuaron con muchas de las iniciativas del Plan Rama de 1995 (extensión horaria en Secundaria, escuelas de tiempo completo, vinculación de la educación con la salud y la alimentación) y la política de no consultar a los docentes, por lo que no tardaron en surgir los conflictos con ellos.
Las elecciones
del 25 de octubre de 2009 dieron un doble resultado contradictorio: el triunfo
de la fórmula oficialista José Alberto Mujica Cordano-Danilo Ángel Astori
Saragosa y el resultado negativo del plebiscito para derogar la Ley de
Caducidad (a pesar de que el 19 de octubre la Suprema Corte de Justicia declaró
por unanimidad la inconstitucionalidad de dicha Ley porque viola los
artículos 4, 82 y 233 de la Constitución de la República, así como diferentes
normas de Derecho Internacional que el Estado uruguayo ha suscrito). Pese a que
la Suprema Corte continuó fallando en contra de la constitucionalidad de la Ley
de Caducidad en casos específicos, un proyecto de ley interpretativo de la
Constitución que preveía la anulación de los artículos 1º, 3º y 4º de la ley Nº
15.848 terminó cayendo el 19 de mayo de 2011 al no existir consenso
parlamentario. Se dio el caso, pues, de que el gobierno de izquierda fracasó en
derogar una ley que mantiene en el derecho (aunque no en los hechos) la
impunidad de los delitos cometidos durante la dictadura. Eso le valió al
Uruguay el cuestionamiento internacional, incluyendo el fallo en contra de la
Corte Interamericana de Justicia en el caso “Gelman vs. Uruguay” (24 de febrero
de 2011).
José “Pepe” Mujica es un ex guerrillero del
MLN-Tupamaros y líder del Movimiento de Participación Popular (MPP), un sector
de izquierda adherente a la ideología socialista autogestionaria (integrado al
Frente Amplio en 1989). Sin embargo el 24 de mayo de 2009 había renunciado al
MPP, previo a su candidatura en las elecciones internas partidarias del 28 de
junio. Su pasado guerrillero y su afinidad con el kirchnerismo argentino le
granjearon críticas en el Frente Amplio (para no hablar de las “demonizaciones”
de los opositores de derecha). Sin embargo, como líder del sector mayoritario dentro
del Frente Amplio terminó convirtiéndose en candidato oficial para las
elecciones nacionales. Mujica representó un cambio importante en las formas del
ejercicio del gobierno. Impuso un estilo informal y prefirió residir en su
chacra de Rincón del Cerro (donde había vivido durante años de forma austera
dedicado al cultivo de flores) con su esposa Lucía Topolansky (electa senadora
por el MPP), en vez de trasladarse a la residencia presidencial de Suárez y
Reyes. Mujica planteó su gobierno en torno a cuatro ejes de trabajo para la
conformación de una política de Estado: educación, seguridad, medio ambiente y
energía. Para ello convocó a los partidos políticos con representación
parlamentaria (pese a que el Frente Amplio tenía mayoría parlamentaria) para
integrar comisiones de trabajo para la elaboración de políticas de Estado. En
materia económica se continuó la línea astorista de promoción de la inversión
nacional y extranjera (manteniéndose la instalación de pasteras, la empresa
forestal Montes del Plata y el Proyecto Aratirí de minería a cielo abierto).
Sin embargo se hicieron evidentes algunas discrepancias con la línea astorista
cuando Mujica apoyó los proyectos de Impuesto a la Concentración de Inmuebles
Rurales (ICIR) y de rebajas diferenciales del IVA. También fue obstaculizada la
proyectada reforma de la administración pública con base en el modelo
neozelandés (anunciada en el discurso presidencial del 1 de marzo) debido a una
virulenta arremetida sindical que se agravó tras varios cruces a los largo de
2010. Los llamamientos de Mujica a la responsabilidad y el compromiso de los
trabajadores estatales terminaron tensando las discusiones presupuestales y de
condiciones de trabajo. Los frentes internos que se abrían en el gobierno de
Mujica contrastaban con su imagen internacional extremadamente positiva. Los
avances en materia educativa no fueron muchos, limitándose a continuar los
lineamientos del gobierno anterior y lanzar la Universidad Tecnológica (UTEC) en
departamentos del interior por la Ley 19.043 (28
de diciembre de 2012). Curiosamente la tendencia a considerar la educación
desde una óptica utilitarista (como vehículo de reinserción social y contención)
confluiría con los lineamientos tecnócratas de la globalización neoliberal en
sus aspectos de orientación a los resultados y la mera preparación de los
jóvenes para el mercado laboral. Los reclamos docentes por mejora de la calidad
educativa y de la formación profesional en general fueron desatendidos. Las
comisiones de trabajo con integrantes de la oposición fueron inconducentes
debido al poco ánimo colaborativo de los partidos tradicionales. En materia
medio ambiental y energética se dio impulso al cambio en la matriz energética
del país a través de proyectos en base a energía eólica, solar y
biocombustibles impulsados por la estatal UTE, ANCAP y la empresa
estatal-privada (90% pertenece a ANCAP y 10% pertenece a PDVSA) ALUR (Alcoholes
del Uruguay S.A.). Esta política energética fue conducida principalmente por Raúl
Fernando Sendic Rodríguez, quien fuera Presidente de ANCAP y Ministro de
Industria, Energía y Minería durante el gobierno de Vázquez y luego Presidente
de ANCAP durante la administración de Mujica. Debido a que estas iniciativas
requirieron mayor inversión pública y privada no faltaron las voces opositoras,
incluso en el mismo Frente Amplio, respecto al incremento excesivo en el “gasto
público”. Pero donde más invirtió el gobierno de Mujica para que la oposición pusiera
el grito en el cielo fue en lo social con el objetivo de reducir la pobreza.
Incluso el astorismo se sumó a las prevenciones sobre el aumento del gasto
público. Según fuentes del propio gobierno el gasto en materia de políticas
sociales es el 70% del total, pero su aumento es del 3,5% frente al crecimiento
del 73% en el PBI (período 2004-2016). Compárese estos guarismos con los mismos
en el período 1990-1999, durante el gobierno blanco-colorado: 37% del PBI
frente a un aumento de 7 puntos del gasto público. El 15 de junio de 2010 se
lanza el Plan de Integración Socio-Habitacional “Juntos” como una continuación
del Plan de Emergencia de la administración anterior. El Plan de construcción
de viviendas para familias carenciadas se financió con el 87% del salario
mensual de Mujica, donaciones privadas y ventas de algunos inmuebles estatales
en desuso. En julio de 2011 se aprueba la Ley de asociación público-privada
para promover servicios e infraestructura. En diciembre de 2011 se aprueba por
Ley la creación del Sistema Único de Cobro de Ingresos vehiculares (SUCIVE) que
puso fin a medio siglo de discusiones políticas al respecto. En junio de 2012
comenzó la promoción de la legalización y regulación de la venta y autocultivo
de marihuana, un proyecto que fue resistido por la oposición política (que
estaba embarcada en una auténtica “guerra sucia” propagandística) pero que
contó con importante apoyo internacional. El proyecto presidencial es
sancionado por el Parlamento el 10 de diciembre de 2013, se convirtió en la Ley
19.172 promulgada por el Poder Ejecutivo el 24 de diciembre de 2013, entrando
en vigor en mayo de 2014. Por la misma el Uruguay se convertía en el primer
país en legalizar la producción y venta de la marihuana. El 17 de octubre de
2012 también se sancionó la ley que despenaliza el aborto hasta la semana 12 de
gestación. En diciembre de 2012 se aprobó la ley de matrimonio homosexual
(Uruguay pasó a ser el segundo país de América Latina y duodécimo del mundo).
Tras la declaración de inconstitucionalidad del ICIR (Impuesto a la
Concentración de Inmuebles Rurales) por la Suprema Corte de Justicia,
finalmente en mayo de 2013 se aprueba el Impuesto al Patrimonio (destinado a
financiar la construcción de caminería rural). En marzo de 2014 se sanciona la
Ley de Responsabilidad Penal del empleador en caso de accidentes laborales. En
diciembre de 2014 se aprueba la Ley de Medios (que regula la prestación de los
servicios de comunicación audiovisual) y el nuevo Código de Procesamiento Penal
(que establece los juicios orales y públicos).
La relación con Argentina
tendió inicialmente a la distensión. Mujica logró acordar con su par argentina
Cristina Fernández el levantamiento del piquete en Arroyo Verde. El 25 de
febrero de 2011 se produjo una reunión de ambos presidentes en la Quinta
presidencial argentina de Olivos, donde se acordó conformar una comisión
bilateral de seguimiento comercial en vista de los problemas que los productos
uruguayos enfrentaban últimamente para ingresar al vecino país. Además se acordó el establecimiento de una
planta regasificadora (con vistas de proveer de gas natural a ambos países)
para 2013 en forma conjunta con la entidad argentina ENARSA y la uruguaya Gas
de Sayago S.A. (propiedad de las empresas estatales UTE y ANTEL). A pesar de la
evidente mejora inicial de las relaciones con Argentina, no tardaron en
resurgir los conflictos debido a la tendencia de la diplomacia kirchnerista a
tratar al Uruguay como un país subordinado. El 2 de octubre de 2013 el
canciller argentino Héctor Timmerman volvía a lanzar amenazas altisonantes,
agitando el fantasma de los cortes de ruta, tras la autorización del gobierno
de Mujica a la pastera de Fray Bentos UPM-Kymmene (la ex Botnia) para aumentar
su producción un 10%. La represalia argentina no se hizo esperar, emitiéndose
la Disposición
1108/2013 de la Secretaría de Vías Navegables de Argentina que prohíbe el
trasbordo en puertos uruguayos de las exportaciones argentinas. A esto se unía
la obstaculización de todas las iniciativas que impliquen el dragado de canales
como el de Fray Bentos-Concepción en el río Uruguay, así como la oposición
sistemática a medidas como el proyecto de la Terminal de Graneles Líquidos de
Nueva Palmira (2006), lo cual se inscribe en una lógica de perjudicar al rival
haciendo uso arbitrario de las ventajas estratégicas. En 2012 se echó a andar
el proyecto del puerto de aguas profundas en las costas de Rocha, aprobado por
el Parlamento en diciembre de ese año. Durante el gobierno de Mujica, su
canciller Luis Almagro estuvo al frente de iniciativas de inserción en mercados
no tradicionales y promoción de una “marca país” efectiva a nivel
internacional. Uruguay recibió apoyo de la ONU en 2016 en su candidatura a
ingresar en el Consejo de Seguridad Mundial. Uruguay mantuvo presencia de
tropas en Haití para ayudar en la reconstrucción del país tras el terremoto de
2010. También recibió familias sirias víctimas de la guerra civil en su país,
así como asiló a ex presos de Guantánamo por un convenio con la administración
de Barak Obama.
Durante el gobierno de Mujica estalló el
“escándalo” de PLUNA, una cortina de humo mediática que se vendió como un caso
de corrupción y se aprovechó para abonar la campaña de desprestigio dirigida
por la oposición hacia la gestión oficial. El caso se inició con la venta del
75% de la empresa a LeadGate de Matías Campiani y Cía en 2007. Finalmente PLUNA
cerraría el 5 de julio de 2012. El Ministro de Economía Fernando Lorenzo y el
presidente del BROU Fernando Calloia fueron acusados finalmente de “abuso
innominado de funciones” por el otorgamiento de
un aval el 1 de octubre de 2012 a la empresa Cosmo para participar en el remate
de los aviones Bombardier CRJ 900 de Pluna S.A., sin la aprobación del
Directorio del BROU. A pesar de la sobreactuación del tándem oposición-medios el
hecho es que el BROU terminó beneficiado con la maniobra y ningún funcionario
obtuvo beneficio alguno (http://www.uypress.net/auc.aspx?73719,6 y http://www.lademocracia.info/N124/N_pluna124.html).
PLUNA sería sustituida por ALAS-U (luego rebautizada ALAS URUGUAY) en mayo de
2013, fundada por ex trabajadores de PLUNA. Sin embargo la nueva empresa cesó
sus actividades el 25 de octubre de 2016. Sería sustituida por Azul Uruguay en
septiembre-octubre de 2017.
A pesar de las críticas, el gobierno de
Mujica finaliza con un saldo muy favorable (http://www.lr21.com.uy/politica/1219009-leyes-destacadas-jose-mujica-presidente-uruguay):
reducción en la pobreza, sobre todo en zonas rurales (Uruguay quedó en segundo
lugar entre los países con menor pobreza y primero en menor indigencia de
América Latina y el Caribe, según la CEPAL), reducción del desempleo (en junio
de 2014 el desempleo cayó al 6,8% según el Instituto Nacional de Estadística,
siendo el más bajo de la historia), aumento del nivel de ingreso de hasta un
23% respecto al salario medio y de un 24% en jubilaciones y pensiones, aumento
de las inversiones en diversificación energética y aprobación de leyes sociales
vanguardistas. La proyección de José “Pepe” Mujica a nivel internacional lo
convierten en una figura de referencia, contrastando irónicamente con la imagen
doméstica desvalorizada que la oposición y sus medios adictos han construido. Ciertamente
que este contexto tiene paralelos con lo ocurrido durante el Batllismo
(1905-1920), donde el gobierno se adelantó notoriamente a la sociedad de su
tiempo generando resistencias y retrocesos posteriores. En parte la oposición
se sustenta en un auténtico ánimo popular muchas veces contrario a las iniciativas
más vanguardistas promovidas por Mujica, utilizando ese ánimo para generar
rechazo e incuso odio a través de la presentación tergiversada y deformada de
tales iniciativas. Esta es una estrategia comunicacional puesta de moda por los
gurúes del marketing político en los que se basan los representantes de la
“nueva derecha” o “neoconservadurismo”, inspirados en consultores como Roger
Stone (conocido por ser el artífice del triunfo de Donald Trump en Estados
Unidos y que ya tenía antecedentes apoyando las campañas de Richard Nixon y
George Bush Jr.). Esta estrategia utiliza a su favor los medios de comunicación
y las redes sociales para sembrar engaños y tergiversaciones (la llamada
“pos-verdad”) que explotan los ánimos pasionales más negativos de sectores de
la población. No caben dudas que tales estrategias fueron usadas a modo de
ensayo durante la campaña electoral de 2014, buscando posicionar a los dos
delfines de la derecha: Luis Alberto Lacalle Pou y Pedro Bordaberry.
Aprovechando lo que parecía una tendencia en Latinoamérica hacia un retorno de
las políticas neoliberales (golpe de Estado de Honduras del 28 de junio de 2009,
golpe parlamentario en Paraguay del 22 de junio de 2012, gobierno del
empresario independiente Sebastián Piñera en Chile entre 2010 y 2014) la
derecha uruguaya vio la oportunidad de, al menos, hacerse con el control del
Parlamento. Por tal razón se dio como un hecho a través de una activa campaña
de medios de prensa y consultoras que el Frente Amplio no obtendría la mayoría
parlamentaria en las elecciones. La instalación mediática llegó a tales ribetes
que el candidato nacionalista Luis Lacalle Pou, triunfador en las elecciones
internas de su partido, fue presentado prácticamente como si hubiera ganado las
elecciones nacionales. La oposición promovió un plebiscito a favor de la baja
de la edad de imputabilidad a 16 años, campaña de firmas lanzada por el sector
Vamos Uruguay del Partido Colorado en 2011 y que logró su objetivo el 6 de
septiembre de 2011. La consulta se celebraría durante las elecciones.
Las elecciones, a pesar de haber forzado un
balotaje, celebradas el 26 de octubre y el 30 de noviembre de 2014, fueron un
fracaso para la derecha tradicional uruguaya. El Frente Amplio, a pesar de que
enfrentaba críticas de sectores de “línea dura” tanto internos como externos
(sobre todo del nuevo partido Unidad Popular), logró mantener la mayoría
parlamentaria. La fórmula Tabaré Vázquez-Raúl Sendic se impuso en segunda
vuelta con el 56.62% de los votos, frente al 43.38% del candidato nacionalista
Luis Lacalle Pou. El Partido Colorado obtuvo la peor votación de su historia a
pesar de la gran apuesta mediática de corte “populista” puesta en Pedro
Bordaberry y quien aparecía como una novedad, el “popular” intendente de Salto
Germán Coutinho. Además el plebiscito por la baja de la edad de imputabilidad
obtuvo un rechazo del 46,8% del electorado.
El segundo gobierno de Tabaré Vázquez debió
afrontar una situación regional e internacional más difícil. El giro a la
derecha en Latinoamérica se acentuó con el triunfo electoral de Mauricio Macri
en Argentina (10 de diciembre de 2015), el triunfo de la oposición al chavismo
en las elecciones parlamentarias de Venezuela (diciembre de 2015), rechazo al
referéndum reeleccionista de Evo Morales en Bolivia (febrero de 2016) y el
golpe parlamentario en Brasil (31 de agosto de 2016). Mientras la economía internacional
daba señales de resentimiento, resultado de la crisis de 2008, el progresismo
latinoamericano afrontaba un recrudecimiento de la campaña de desprestigio
mediático orquestado desde Europa y Estados Unidos como estrategia para hacer
frente a los movimientos vernáculos calificados de “populistas” o “chavistas”
que surgían como respuesta a la crisis. Su contraparte en América Latina es la
estrategia de desprestigio sistemático de los progresismos por medios masivos
tradicionales y redes sociales, junto con campañas judiciales, orquestado por
líderes políticos de la derecha latinoamericana (por Uruguay estuvo presente el
ex presidente Luis Alberto Lacalle) concertada en 2012 en el Hotel Marriot de
Atlanta en el marco de la Misión Presidencial Latinoamericana, según lo
denunciado por el parlamentario dominicano, presidente del Parlamento
Centroamericano (PARLACEN), Manuel de Jesús Pichardo (Gustavo Carabajal, El
Plan Atlanta, Sendic y la Posverdad, julio 9, 2017 http://www.republica.com.uy/p-34/)
(Ex presidente Lacalle estaría inmiscuido en un plan
para "frenar" gobiernos progresistas en Latinoamérica, 5 de julio de
2017, http://www.lr21.com.uy/politica/1337168-luis-alberto-lacalle-plan-atlanta-reunion-sendic). Los gobiernos de Mauricio Macri en Argentina y Michel Temer en Brasil aplicaron un shock neoliberal tendiente a desmantelar el tímido "estado de bienestar" predecesor; si bien ese shock fue disfrazado de "gradualismo" por la protección mediática de que gozan esos regímenes.
Algunas iniciativas del gobierno anterior
fueron congeladas (como el proyecto del puerto de aguas profundas de Rocha;
unido al paralizado Proyecto Aratirí de minería a cielo abierto de 2011, que
expiró en mayo de 2016) o se les dio una nueva dinámica (ley de la marihuana,
ley del aborto). La actividad sindical fue enfrentada con mayor dureza tras el
paro general de agosto de 2015. También se adoptó un cierto “endurecimiento” en
la gestión de la seguridad (gestionada por otro de los continuamente cuestionados
por la oposición, el Ministro del Interior Eduardo Bonomi). En materia
económica se recurrió a ajustes y recortes en el “gasto público”, además de
aprobarse aumentos en las tarifas de los servicios públicos. En materia
internacional se ha distanciado relativamente de regímenes como el venezolano.
De hecho Luis Almagro, ex canciller durante el gobierno de Mujica, electo
Secretario General de la O.E.A. el 26 de mayo de 2015 ha mantenido una postura
hostil al régimen de Nicolás Maduro (postura que había adoptado ya en 2014
siendo canciller y senador). No obstante la posición de Uruguay (no intervencionista, no
sancionatoria y dialoguista) en la Cumbre del Mercosur de Mendoza, Argentina
(21 de julio de 2017) había conseguido desactivar momentáneamente la maniobra argentino-brasileña-paraguaya
tendiente a expulsar a Venezuela del bloque aplicando el Protocolo de Ushuaia (http://www.diarionorte.com/article/154904/fracaso-diplomatico-del-flamante-canciller-uruguay-freno-una-condena-a-venezuela)
(http://www.infobae.com/politica/2017/07/21/la-cumbre-del-mercosur-exhorto-al-dialogo-a-nicolas-maduro-y-a-la-oposicion-para-resolver-la-crisis-en-venezuela/). Si embargo finalmente accedió a semejante extremo en la reunión de urgencia del Mercosur convocada en Sao Paulo el sábado 5 de agosto de 2017 con motivo de la elección para la Asamblea Constituyente del 30 de julio que realizó el gobierno de Nicolás Maduro. La acción de Vázquez produjo una reacción mayoritariamente adversa dentro del Frente Amplio. (http://www.abc.es/internacional/abci-mercosur-dispone-hacer-firme-expulsion-venezuela-201708050307_noticia.html; http://www.lanacion.com.ar/2050755-tabare-vazquez-enfrenta-duras-criticas-de-su-partido-por-la-expulsion-de-venezuela-del-mercosur)El 30 de octubre de 2015 Uruguay ingresó como observador en el Centro de
Desarrollo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE),
lo que significó un giro importante tras estar enfrentado a dicha organización
en 2009 (cuando la OCDE había declarado a Uruguay como un “paraíso fiscal”). También
se promueve el acercamiento a la Alianza del Pacífico (Uruguay solicitó
formalmente el ingreso a la organización el 30 de junio de 2017). Estas
acciones demuestran una intención de mantenerse dentro de los estándares de transparencia, confiabilidad y recomendaciones sobre “buenas prácticas” fiscales fijadas por el Comité de
Supervisión Bancaria de Basilea (BCBS, Basel
Committee on Banking Supervision)
o Comité de Basilea, a tono con la “onda” local pero intentando no aplicar
políticas de “shock” neoliberal. Esta política “amigable” con la ofensiva neoliberal
vigente en América Latina le ha permitido a uno de los pocos regímenes
progresistas sobrevivientes en la región tener un respiro frente a la presión
ejercida en otros países (Venezuela, Brasil) por Estados Unidos a través de la
USAID (United States Agency for International Development) y la NED (National
Endowment for Democracy). Sin embargo se ha apuntado que las señales del nuevo gobierno del
presidente estadounidense Donald Trump a partir de 2016 introducen
incertidumbre respecto al rumbo a seguir en política internacional. Estados Unidos
parece dirigido a apartarse de las directivas de Basilea: existe un planteo de
revocación de la Ley Dodd-Frank (que establece la transparencia del sistema
bancario y protege a contribuyentes y consumidores de prácticas financieras
abusivas) aprobada por la administración Obama en 2010, además de que también
se instruyó a la Reserva Federal a frenar las negociaciones sobre
reglamentaciones en el marco del Comité de Basilea.
MAPA POLÍTICO http://www.ezilon.com/maps/images/southamerica/map-of-Uruguay.gif (http://www.ezilon.com/maps/south-america/uruguay-maps.html)
http://farm6.staticflickr.com/5471/12179525516_d1fa125daf_b.jpg (ISLA TIMOTEO DOMINGUEZ)
https://i.ytimg.com/vi/fe5yJsbu-48/hqdefault.jpg
(LUIS ALBERTO LACALLE HERRERA)
De Agmontesdeoca - Trabajo propio, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=7806649 De <a
href="//commons.wikimedia.org/w/index.php?title=User:Agmontesdeoca&action=edit&redlink=1"
class="new" title="User:Agmontesdeoca (page does not
exist)">Agmontesdeoca</a> - <span
class="int-own-work" lang="es">Trabajo
propio</span>, <a
href="http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0"
title="Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0">CC BY-SA
3.0</a>, <a
href="https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=7806649">Enlace</a>
(JULIO SANGUINETTI SEGUNDA PRESIDENCIA)
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/d4/Jorge_Batlle.jpg/200px-Jorge_Batlle.jpg (JORGE BATLLE)
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/64/Tabar%C3%A926022007.jpg/220px-Tabar%C3%A926022007.jpg (TABARÉ VÁZQUEZ
PRIMERA PRESIDENCIA)
https://www.presidencia.gub.uy/wps/wcm/connect/pvpresidencia/43c49c48-38c4-4689-840c-04c3e9aa494e/1/foto-oficial.png?MOD=AJPERES&CACHEID=43c49c48-38c4-4689-840c-04c3e9aa494e/1
(TABARÉ VÁZQUEZ SEGUNDA PRESIDENCIA)
REFERENCIAS:
Lopez Segrera, Francisco: América Latina: Crisis del Posneoliberalismo y Ascenso de la Nueva Derecha, Clacso Ediciones Ciccus, Buenos Aires, septiembre 2016 Disponible en Red de Bibliotecas Virtuales Clacso (www.biblioteca.clacso.edu.ar.)
Greising, Carolina; Pérez, Cecilia; Rostan, Elina; Siva Schultze, Marisa: La Restauración Democrática. 1985-2005. Coord.: Nahum, Benjamin: Historia Uruguaya 12. Ediciones de la Banda Oriental S.R.L., Montevideo, 2011.
INE (Instituto Nacional de Estadísticas): http://www.ine.gub.uy
Caetano, Gerardo (comp.): 20 años de democracia, Uruguay 1985-2005; miradas múltiples. Ed. Taurus, Montevideo, 2005
Lanzaro, Jorge: La Reforma Educativa en Uruguay (1995-2000): virtudes y problemas de una iniciativa heterodoxa, serie Políticas Sociales, 91, División de Desarrollo Social, CEPAL, Santiago de Chile, 2004.
Lopez Segrera, Francisco: América Latina: Crisis del Posneoliberalismo y Ascenso de la Nueva Derecha, Clacso Ediciones Ciccus, Buenos Aires, septiembre 2016 Disponible en Red de Bibliotecas Virtuales Clacso (www.biblioteca.clacso.edu.ar.)
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